Los conflictos intraperonistas a ras de suelo. Las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires (1973–1976)

Juan Iván Ladeuix*

* CeHis, Universidad Nacional de Mar del Plata. Correo electrónico: juanladeuix@hotmail.com; jladeuix@mdp.edu.ar

Introducción

En una breve reflexión sobre la novela No habrá más penas ni olvidos de Osvaldo Soriano, Ítalo Calvino sentenciaba: “No habrá más penas ni olvidos narra el enfrentamiento político en una pequeña aldea argentina. Unas ambiguas diferencias políticas entre subalternos y jefes peronistas van desarrollándose en un crescendo de violencia hasta la masacre final” (Soriano, 1982: 4).

Nuestro trabajo propone una indagación que lejos se encuentra del campo de la literatura. Referencia ineludible para ejemplificar los conflictos intraperonistas, la escritura hiperrealista de la novela de Soriano ha contribuido a despertar el interés por la política local durante la década del 70.

Como ha señalado Marina Franco (2012), las tensiones internas que afectaron al peronismo durante el gobierno del FreJuLi tuvieron un significado fundamental en el devenir de la espiral de violencia política en la Argentina. Esas tensiones internas se expresaron a partir de enfrentamientos armados, pero también desde una sucesiva reconfiguración de los alineamientos políticos que se tradujo en los desplazamientos de equipos dirigenciales, tanto a nivel partidario como en las esferas gubernamentales. En el presente trabajo realizamos una observación a ras de suelo de este fenómeno. Aquella aldea que Calvino adivinaba como un escenario situacional urdido por la imaginación de Soriano, se constituyó en una entrada hacia lo que consideramos una escena más de los enfrentamientos intraperonistas durante los años setenta: la remoción de intendentes municipales en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno del FreJuLi.

El análisis de los conflictos a nivel local constituye un elemento de suma utilidad para entender el funcionamiento y las lógicas imperantes en los distintos clivajes que atravesaron al peronismo. En tal sentido, la recurrencia del fenómeno de destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires representa una buena forma de evidenciar en lo local la dialéctica entre los clivajes más importantes del período (izquierda vs. derecha; verticalismo – antiverticalismo) y los clivajes menores (enfrentamientos entre facciones y grupos locales) al interior del peronismo. Creemos que dicho ejercicio puede servir, en diálogo con otros análisis, para repensar las disputas intraperonistas (radicalmente marcadas por el fenómeno de la violencia política) desde una mayor cantidad de aristas1.

Las destituciones de intendentes y los enfrentamientos del peronismo a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires

Anteriormente hemos revisado el proceso de normalización del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en las vísperas de las elecciones de marzo de 1973. En sintonía con otros aportes (Nahmías, 2013; Servetto, 2010), hemos evidenciado cómo el enfrentamiento entre las tendencias del peronismo estuvo presente en la consagración tanto de las autoridades partidarias como en la presentación de las fórmulas electorales. Aunque la normalización llegaría a buen puerto, en tanto se lograría una conducción provincial consustanciada con los deseos de la conducción nacional, la misma dejaría abierta una serie de enfrentamientos que, aunque aplacados por el principio de verticalidad y la contienda electoral, dejaron en la estructura partidaria del peronismo bonaerense profundas grietas (Ladeuix, 2006). Las fracturas del peronismo luego de 1973, tanto la relacionada con la renuncia de Oscar Bidegain como la experimentada durante la “rebelión” de Calabró, aprovecharon en gran medida los trazos abiertos por esas grietas, especialmente al nivel de las municipalidades (Ladeuix, 2016; Ladeuix, 2014a).

Las intendencias municipales han sido vistas como espacios políticos de una importancia menor durante gran parte del siglo XX. Solo desde el retorno democrático la mayoría de los análisis políticos han tendido a remarcar la importancia de las municipalidades y los intendentes en el quehacer político. Nadie duda ya de la relevancia que estos actores y estructuras tienen a la hora de movilizar recursos y ganar voluntades. Sin negar el crecimiento reciente de la influencia de la estructura municipal en las elecciones, sabemos que durante la década del 70 los actores políticos (y especialmente los peronistas) se tomaron muy en serio la disputa por el poder local. Situación que ha quedado demostrada por los trabajos de Damián Antúnez (2015), Hernán Merele (2017) y Orlando Leiva (2011), entre otros (Gauto, 2012; Mónaco, 2007; Ladeuix, 2014b), que han explorado distintas variantes del enfrentamiento intraperonista a nivel local.

En tal sentido, no es de extrañar que, aceptando la hipótesis del disciplinamiento (Franco, 2012), el giro producido en la correlación de fuerzas del peronismo luego del retorno de Perón a la presidencia, reflejado en las destituciones de gobernadores provinciales, se evidenciase también en las estructuras municipales. Los conflictos municipales estallaron en el marco de ese proceso, luego de la renuncia de Oscar Bidegain. Sin embargo, creemos que ceñirlos a la disputa entre izquierda y derecha del peronismo implicaría una grosera simplificación.

Si bien el ascenso de Victorio Calabró a la gobernación significó un giro hacia el disciplinamiento, la posición asumida por el gobernador e importantes sectores del peronismo provincial en el enfrentamiento entre verticalistas y antiverticalistas en 1975 introduciría una arista que hace poco operativa la dicotomía mencionada. Por otro lado, muchos de los conflictos locales tuvieron motivaciones vinculadas a los entramados y enfrentamientos del “pago chico”. Aunque la dicotomía entre los partidarios de la “Patria Peronista” y la “Patria Socialista” enmarcaba en buena medida el conflicto, lejos se encontraba de poder limitarlo y explicarlo. La mayoría de los enfrentamientos rebasaron esos límites y se nutrieron de viejos conflictos locales, así como de disputas sectoriales que no implicaban una lucha ideológica.

Las tensiones del proceso de normalización partidaria se habían vivido en la totalidad de las estructuras locales del peronismo. El mismo había implicado la necesidad de elegir las conducciones locales por medio de compulsas electorales que, no exentas de agudos conflictos, serían una de las trabas del proceso de normalización partidaria provincial. El nombramiento de Oscar Bidegain como delegado provincial durante la gestión de Héctor Cámpora, dio un impulso claro a la organización del PJ bonaerense. Poniendo como fecha límite el 5 de mayo de 1972 para la presentación de las listas únicas de los distintos distritos, la tarea de Bidegain chocó directamente con los diversos intereses locales en pugna.

La conducción nacional justicialista aplazaría la normalización de los distintos distritos. En aquellos casos donde la situación local no favorecía una solución consensuada, las autoridades provinciales enviaron interventores y establecieron que los Consejos locales debían quedar conformados para fin de año, luego de la realización del congreso provincial. Tras dicho congreso, la actividad del PJ bonaerense se concentró en la constitución de las listas municipales, las cuales debían ser legalizadas a finales del año. La tradición partidaria y sus estatutos estipulaban que en el espacio municipal las propias autoridades partidarias locales debían “sugerir” los candidatos, por lo cual se esperaba que, pasado el lapso de la normalización de las estructuras del PJ, el tiempo de las postulaciones sería un simple trámite electoral. Pero no fue así.

Con la campaña en marcha, en muchos de los municipios todavía no se habían establecido las autoridades partidarias e incluso en algunas localidades que lo habían hecho, se evidenciaban las internas a la hora de seleccionar los candidatos municipales2. Las pocas referencias periodísticas atribuyen los conflictos locales a la falta de unidad partidaria por los enfrentamientos entre la rama política y la rama sindical que cruzaron nacionalmente al peronismo. Argumento importante en algunos casos, pero que en otros opacaría la existencia de conflictos locales que tuvieron sus motivaciones en la micropolítica del “pago chico”. Cierto es que llegado el límite de la oficialización de las listas electorales en la provincia, muchos de los municipios todavía no contaban con un candidato para intendente.

Varias de estas crisis pretendían resolverse durante el Congreso Provincial del PJ, el 16 de diciembre, en la localidad de Avellaneda. Sin embargo, el encuentro se frustró porque el sindicalismo intentó torcer el rumbo que el peronismo había tomado: las 62 Organizaciones apoyaron la constitución de la fórmula Manuel de Anchorena (MF) y Luís Guerrero (UOM) para la gobernación de Buenos Aires. El congreso devino naturalmente en una batahola marcada por hechos de violencia, por lo que se suspendió inmediatamente. Juan M. Abal Medina y Cámpora expulsaron del MNJ a Anchorena, declarando nulo el congreso e interviniendo el PJ de Buenos Aires. A su vez, se procedió a intervenir 14 distritos de la provincia. La situación quedaría abierta hasta el 26 de enero, cuando la conducción nacional garantizó la fórmula Oscar Bidegain–Victorio Calabró. La prensa nacional se explayó sosteniendo que en veintidós municipalidades no pudieron presentarse listas del FreJuLi para intendentes y concejales, pero lo cierto es que, tras las intervenciones, el número se redujo a veinte localidades. Aunque algunas de estas ciudades tenían una relativa importancia en la provincia (Moreno, Campana, Merlo, Gral. Sarmiento, Florencio Varela y Olavarría), la mayoría de ellas eran distritos pequeños3.

Si bien podríamos suponer que las líneas del conflicto en las localidades reproducían el enfrentamiento provincial, una aproximación a las internas particulares evidencia la importancia de rivalidades de viejo cuño entre los distintos actores 4. La ausencia de las candidaturas municipales del FreJuLi no impidió que en estos distritos hubiera una clara mayoría electoral del peronismo para los cargos provinciales y nacionales en las elecciones de marzo de 1973. En realidad, estas ausencias podrían ser presentadas como el saldo residual del arduo proceso de normalización partidaria. La cantidad de distritos donde se produjeron fuertes enfrentamientos partidarios fue sensiblemente mayor. En la mayoría de ellos existieron mecanismos —que fueron desde el simple consenso entre los sectores partidarios a los acuerdos forzados por la intervención— que permitieron la consagración de las lista del FreJuLi en la mayoría de las municipalidades de la provincia. Pasada la efervescencia electoral, los enfrentamientos producidos por los distintos clivajes se reanudarían con mayor intensidad.

Los resultados electorales —a pesar de los problemas que hemos señalado— fueron claramente favorables para el FreJuLi. Inclusive la fórmula provincial Bidegain—Calabró había logrado un triunfo con una ventaja electoral muy importante5. Además, el flamante gobernador contaría también con la mayoría en la distribución de los Ejecutivos municipales en la provincia.

De los 121 distritos, 79 estaban controlados por esta fuerza. Con una clarísima superioridad en las secciones del conurbano y el norte bonaerense (1°, 2° y 3° secciones), con una diferencia menos marcada en las zonas rurales centrales de la provincia (5° y 7° secciones), y con una evidente ventaja en las secciones más alejadas de la capital provincial (4° y 6° secciones).

Entre los partidos opositores al FreJuLi, el radicalismo fue la fuerza que mayor número de intendencias consiguió. En su mayoría, distritos del interior, de neto corte agropecuario y con un peso electoral limitado. De hecho, las tres ciudades más importantes en términos demográficos, sociales y económicos que gobernaría el radicalismo en la provincia serían Campana, Olavarría y Gral. Sarmiento. En estas tres ciudades no se había presentado lista del FreJuLi a nivel local6.

El Partido Intransigente logró obtener seis intendencias. La mayoría de marcado perfil rural y con referentes provenientes de la UCRI, como Nirido Santagada en Dorrego, Edgardo Yelpo en Necochea y Luis Tulissi en Moreno —donde tampoco se había presentado el FreJuLi—. Otro legado de la interna justicialista fueron las victorias locales de Nueva Fuerza (NF), ya que este partido ganó en distritos donde no se había presentado el FreJuLi. En Pilar triunfó Daniel Ponce De León y en San Cayetano hizo lo propio el Dr. Fadael Hendriksen. El Partido Socialista Democrático había logrado retener su bastión en la provincia, imponiendo como intendente de Mar del Plata a Luis N. Fabrizio. Una mayor cantidad de intendentes retuvieron las “Uniones Vecinales”. Portadoras de una identidad política que pocas veces podía exceder el “pago chico”, estas formaciones obtuvieron siete intendencias en la provincia7.

A pesar de todo ello, la contundencia del triunfo no limó las asperezas presentes en el peronismo. Al estallido de los clivajes nacionales, marcado por los vaivenes de la llamada primavera camporista, se sumarían aquellos enfrentamientos que se habían abierto durante el proceso de reorganización partidaria.

Las destituciones de intendentes durante el gobierno del FreJuLi constituyeron una muestra clara de la precaria estabilidad que se había alcanzado al interior del peronismo. La remoción del ejecutivo municipal era y es una posibilidad abierta por la legislación provincial. La ley Orgánica de Municipalidades en su artículo n° ٢٥٠ establecía esta posibilidad, dando prerrogativas a los Concejos Deliberantes para poder suspender, investigar y destituir a los intendentes. El objetivo de este tipo de norma era y es dar soberanía al cuerpo deliberativo, especialmente al brindarle el argumento de las “faltas graves” para promover acciones contra el intendente8.

Hubo destituciones antes y después del período que analizamos, pero la cantidad que se produjo durante el gobierno del FreJuLi nos permite sospechar una funcionalidad política específica. Las destituciones se convirtieron en un mecanismo más a la hora de resolver las disputas al interior del peronismo en los niveles locales. En total, para el periodo analizado se produjeron 16 destituciones sobre los 121 municipios que tenía por entonces la provincia. Como podemos observar en la siguiente tabla, existen algunas particularidades que nos brindan ciertos indicios.

Tabla 1. Listado de intendentes municipales destituidos en la provincia de Buenos Aires (1973- 1976)

Municipio	Sección Electoral	Intendente electo	Fecha de destitución	Intendente reemplazante
San Isidro	I	Norberto Gavino	17/05/1974	Abel Varela
Tres de Febrero	I	Roberto Heredia	5/11/1975	Rubén Novoa
Ramallo	I	Ramón Aroza	27/01/1976	Luis Longinotti
Pergamino	II	Carlos Gaspard	10/12/1975	Moisés Nacud
San Nicolás	II	Eduardo Kolberg	10/1/1975	Pedro Marchi/ Italo Jouvert
Zárate	II	Miguel Scola	4/10/1974	Francisco Bugatto
Lomas de Zamora**	III	Ricardo Ortiz	21/10/1973 8/08/1974	Pablo Turner/ Eduardo Duhalde
Magdalena	III	Homero Barrese	4/02/1976	Enrique Mazzinni
Carlos Casares	IV	Andrés Campoy	15/10/1974	José Elverdín
Leandro N. Alem	IV	Pedro Azzaretti	30/06/1975	Valentín Fernández
Junín	IV	Oscar Vennini	04/08/1975	Abraham Ise
Gral. Viamonte	IV	Rufino Herce	20/09/1974	Manuel Gomes Salvachua
Chacabuco	IV	Osmar Granados	28/09/1974	Mateo Lanzavechia
Coronel Rosales**	VI	Francisco Gutiérrez /Carlos Mercorillo	25/06/1974 16/12/1975	José Alonso
Coronel Suárez	VI	Héctor Lázaro	11/08/1975	Raúl Belfiglio
25 de Mayo	VII	Carlos Hendricksen	17/06/1975	Ricardo Sáenz

**Casos de doble destitución.

Fuente: elaboración del autor a partir del cruce hemerográfico.

De estas destituciones, solo uno de los intendentes, el vecinalista Homero Barrese de Magdalena, no era peronista. Se produjeron entre 1973 y 1976, pero la mayoría se registra entre el segundo semestre de 1974 y mediados de 1975. Solo en un caso se observó un proceso de doble destitución (Lomas de Zamora) y en otro, el proceso estuvo signado por distintas marchas y contramarchas (San Nicolás). La mayoría de los municipios eran distritos relativamente pequeños, con las claras excepciones de San Isidro, Tres de Febrero, San Nicolás, Zárate y Lomas de Zamora. En ese sentido, llama la atención la sobrerrepresentación de la 4ª sección electoral. Esta situación pareciera responder al papel jugado por distintos dirigentes regionales que tuvieron incidencia en dichos fenómenos, como el senador Arturo Ares y el Subsecretario de Asuntos Municipales durante la gestión de Calabró, el Dr. Argentino Ignacio.

Comprender las destituciones de intendentes como un fenómeno político que tuvo una funcionalidad clara en los conflictos intraperonistas, implica necesariamente una revisión de los casos particulares que nos permite observar la recurrencia de ciertas prácticas que, combinando recursos institucionales y extrainstitucionales, hicieron posible dicha funcionalidad.

“Corrupción” y violencia política: la cinemática de las destituciones

La cinemática del movimiento político para lograr las destituciones, más allá del uso de la violencia y de los actores implicados, se apegaba a un procedimiento limitado por la Ley Orgánica de Municipalidades. Los concejales promovían un pedido de destitución en función de una serie de denuncias, que a raíz de los requerimientos legales, remitían a situaciones administrativas e institucionales. Luego de la conformación de una Comisión de Investigación, se votaba la destitución y se nombraba un intendente interino a partir de la selección de uno de los curules. De acuerdo a la ley, comenzaba un lapso de noventa días, tras el cual —y luego de brindarle al Intendente la posibilidad de descargo— se volvía a reunir el Concejo Deliberante con el objetivo de destituirlo definitivamente o no.

En solo cinco de los casos observados los intendentes recurrieron sus destituciones apelando a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Únicamente en dos casos (Coronel Rosales9 y San Nicolás) el poder judicial revocó lo actuado por los distintos Concejos Deliberantes siendo su posición de claro reconocimiento de la autonomía de las municipalidades y también convalidatoria de las operaciones destituyentes10.

Las acusaciones de corrupción y mal desempeño de los deberes del funcionario público estuvieron presentes en todos los casos. En la mayoría, los “delitos” podrían claramente ser presentados como faltas que habitualmente se pueden cometer en la administración pública y no como acciones que tenían como objetivo el enriquecimiento personal u otras formas de beneficio individual.

En algunos casos, la acusación de mal desempeño de los deberes de funcionario público se realizaba a raíz de la suba de tasas municipales decretadas por los intendentes. En 1975, la crisis económica del Rodrigazo obligó a los municipios a decretar dichos aumentos y los mismos fueron utilizados como pretextos para las destituciones, como en Coronel Suárez y Punta Alta11. En otros casos, se montaron las acusaciones en el “exceso de personalismo” de los intendentes y en su falta de celeridad para sancionar las ordenanzas municipales, como sucedió con Rufino Herce en Gral. Viamonte o Ramón Aroza en Ramallo. Lo que se puede vislumbrar es el carácter utilitario que tuvieron las acusaciones de “mal desempeño”, “malversación de fondos” o “mal desempeño en los deberes del funcionario público”.

Fuera de lo institucional, los diversos movimientos destituyentes tuvieron también, a pesar de las particularidades, ciertas similitudes en su desarrollo. El movimiento tendría origen en los conflictos internos del peronismo, en el que un sector cuestionaba la figura del intendente acusándolo por lo menos de carecer de la disciplina partidaria necesaria o de “apañar subversivos”. Esto, a pesar de que, en casi todos los casos, esa vinculación era inexistente. En estos distritos, las normalizaciones partidarias, si bien implicaron problemas, lejos estuvieron de ser disruptivas y le permitieron a las estructuras locales del PJ recorrer la campaña y las elecciones con relativo éxito. Incluso, en la mayoría de los casos, se lograron listas de unidad en la interna partidaria.

La acusación de “deslealtad” era también muy difícil de ceñir. En l975 ese recurso prácticamente desapareció ya que no tenía demasiada operatividad en un contexto tan complejo. Las disputas entre el verticalismo y el antiverticalismo, que sirvieron como trasfondo para varias de las destituciones (Pergamino y Junín), hacían que dicha herramienta fuera poco operativa. ¿A quién se debía lealtad? ¿A Calabró o a Isabel?

El uso de la violencia durante las destituciones fue más bien variado y bastante desigual entre los distintos casos. Mientras que la imagen de los enfrentamientos del peronismo nos remite a un escenario marcado por la violencia, el número concreto de destituciones que se vieron enmarcadas por estas prácticas fue relativamente bajo. Imaginando una escala bipolar, en la cual un polo representa el uso extremo de la violencia política (atentados con explosivos y asesinatos) y el otro, su uso mínimo (lanzamiento de panfletos y movilizaciones), podríamos sostener lo siguiente: en el primer polo, ubicaríamos los casos de Lomas de Zamora y Chacabuco mientras que, en el otro, estarían los municipios de Carlos Casares y 25 de Mayo12. El resto de los casos trasunta en un continuo entre ambos polos, aunque con una mayor cercanía al segundo.

En la mayoría de los casos, la utilización de la violencia más extrema se dio incluso luego de las destituciones. En Chacabuco, donde los sectores políticos y sindicales dirigidos por Luis Sffaeir destituyeron a Osmar Granados, si bien la violencia se hizo presente en el contexto de la destitución en octubre de 1974 (registramos una colocación de explosivos y dos tiroteos), su peso se haría sentir recién el año siguiente. En abril de 1975, sería asesinado el concejal Miguel Gil, uno de los principales defensores de Granados13.

Esta diferencia también puede apreciarse en Lomas de Zamora. El intendente electo Ricardo Ortiz fue destituido el 21 de octubre de 1973, gracias a la acción conjunta de los sectores de la izquierda peronista —encabezados por el Concejal Pablo Turner— y los de la rama política, y el sindicalismo, dirigidos por el concejal Eduardo Duhalde14. Asumió la intendencia Pablo Turner quien, inmediatamente, comenzó a ser acosado por los sectores liderados por Duhalde. Los enfrentamientos se volvieron cada vez más violentos, en gran medida por los atentados contra militantes de la JP y las acciones de Montoneros contra la policía. Finalmente, a pesar de las apelaciones ante la Suprema Corte, Turner fue depuesto el 8 de agosto. La gestión de Duhalde, apoyada por la gobernación, rápidamente solucionó varios de los problemas que se le endilgaban al mandato de Turner. Las tensiones entre los sectores de la “Tendencia Revolucionaria del Peronismo” y la ortodoxia fueron creciendo a tal punto entre 1974 y 1975, que terminarían llegando a un clímax con la llamada “Masacre de Pasco”15. Pablo Turner, si bien pudo escapar de la masacre, será asesinado en mayo de 1976. Secuestrado de la provincia de Chaco, su cuerpo sería encontrado el día 16 de ese mes en la localidad de Avellaneda.

Si bien los casos donde los niveles de violencia fueron altos son minoritarios en relación con el fenómeno general, la amenaza de su utilización se dio en la mayoría de las destituciones. Esto resulta claramente palpable a través de los informes que las delegaciones policiales remitían a la DIPBA, en los cuales los comisarios pedían instrucciones y mensuraban la “peligrosidad” de los acontecimientos. La combinación de la violencia política y su instrumentación con el proceso destituyente tramitado institucionalmente, en gran medida dependió de los actores que conformaron en cada caso el entramado destituyente así como de las características de los clivajes que los definieron.

Actores y clivajes en los procesos destituyentes

El movimiento destituyente se desarrolló tanto a partir de la esfera institucional como de la extrainstitucional. La variación en la relación y el acompasamiento entre ambas se determinó en función de los actores de los distintos procesos destituyentes. La presencia o ausencia de tendencias y organizaciones con mayor o menor grado de cristalización ideológica en gran medida brinda una clave para entender el fenómeno.

La dicotómica línea divisoria entre izquierda y derecha del peronismo representa un trazo que oscurece una fotografía. Lejos de sostener que ese trazo es inoperante para comprender gran cantidad de variables del período, cierto es que el mismo solo representaría una pequeña línea en un entramado mucho más complejo. En realidad, podríamos presentar una troupe de actores que, aun en su diversidad, admite cierta recurrencia.

La mayoría de los intendentes provenían de la rama política y habían tenido mayor o menor acercamiento con todos los sectores del peronismo. Los más cercanos a la izquierda peronista fueron, sin duda alguna, Pablo Turner de Lomas de Zamora y Norberto Gavino de San Isidro, aunque ninguno de los dos fue miembro orgánico de alguna organización político-militar16. La mayoría había sabido concretar un marco de alianza relativamente amplio, contando con el respaldo tanto de sectores ortodoxos como de miembros de la JP, como fueron los casos de Ramón Aroza (Ramallo), Roberto Manuel Heredia (Tres de Febrero), Pedro Azzaretti (Leandro N. Alem), Carlos Hendriksen (Veinticinco de Mayo), Carlos Gaspard (Pergamino), Carlos Mercorillo (Coronel Rosales), Osmar Granados (Chacabuco), Héctor Lázaro (Coronel Suárez), Rufino Herce (Gral. Viamonte) y Andrés Campoy (Carlos Casares). Una minoría tenían una vinculación directa con los sectores más derechistas del peronismo como Ricardo Ortiz (Lomas de Zamora) y Oscar Venini (Junín). Por otro lado, en los casos de Eduardo Kolberg (San Nicolás) y Miguel Scola (Zárate), se trataba de referentes de la rama política cuyo capital provenía principalmente de la estructura partidaria, por lo cual chocaron irremediablemente con los sectores sindicales.

Esta variedad también se refleja cuando vemos cuáles fueron las coaliciones de tendencias que propiciaron las destituciones. Aunque en muchas de ellas la derecha peronista fue la promotora (Chacabuco, Lomas de Zamora, San Isidro, Coronel Rosales), en otras, los sectores sindicales fueron la cabeza del movimiento (Zárate, Junín, Tres de Febrero). La izquierda peronista no siempre fue perjudicada por las destituciones, como en el caso de Lomas de Zamora cuando fue removido Ricardo Ortiz. De hecho, en la mayoría de los casos los “destituyentes” conformaban una amalgama de dirigentes que incluía a miembros de la rama política, sindicalistas e incluso sectores de la izquierda peronista, como en el caso de Tres de Febrero o en el de Ramallo.

En realidad, como ya lo adelantamos, creemos que el fenómeno de las destituciones no puede ser pensado únicamente a través de las lógicas de los clivajes nacionales. Al acercarnos a los conflictos a “ras de suelo”, podemos vislumbrar que dichas fracturas nacionales y provinciales entran en una dialéctica con clivajes y conflictos de índole exclusivamente local. En todos los casos, las referencias a los conflictos nacionales y provinciales del peronismo fueron constantes, pero, en la mayoría de ellos, no fueron esos conflictos los que precipitaron las fracturas locales.

Podemos sostener que, en el período, existieron dos momentos claros del enfrentamiento intraperonista a nivel nacional/provincial que contextualizaron los conflictos municipales: a) la etapa abierta por la destitución de Cámpora hasta la renuncia de Oscar Bidegain en la provincia, marcada principalmente por el clivaje izquierda y derecha; b) el momento de la disputa entre verticalistas y antiverticalistas en 1975, el cual tuvo mucha importancia en la provincia por la posición adoptada por Victorio Calabró.

Ambos momentos fueron centrales en el proceso de las destituciones. En nuestra opinión, constituyeron una suerte de estructura de oportunidades políticas en las cuales los distintos actores locales del peronismo, que pudieron en varias ocasiones justificarse y legitimarse en dichos clivajes, resolvieron enfrentamientos que tenían otras líneas de fractura. Algunas de ellas verdaderamente antiguas, que se remontaban a los tiempos de la resistencia y del primer peronismo.

Podemos sostener que las destituciones de Pablo Turner y Norberto Gavino, fueron las que más claramente sintonizaron con el clivaje entre izquierda y derecha del peronismo. En ambos casos, fueron intendentes fuertemente identificados con la izquierda peronista y sus organizaciones. Por su parte, los concejales del FreJuLi que promovieron sus destituciones estuvieron apoyados por el sindicalismo y los sectores de la derecha peronista. Sin embargo, en el resto de los casos, dicho acompasamiento es más difícil de detectar. En primer lugar, por las características de los actores destituyentes y, en segundo término, por el alto grado de faccionalismo local del peronismo. El proceso destituyente que afectó a Carlos Gaspard en Pergamino y a Eduardo Kolberg en San Nicolás se dio durante el contexto del conflicto entre verticalismo y antiverticalismo, pero en ambos casos se puede observar —como lo demuestran los trabajos de Orlando Leiva (2011) y César Mónaco (2007)— que el nivel de faccionalismo era altísimo y se fundaba en fuertes liderazgos locales, existiendo un gran número de tendencias y organizaciones del peronismo. A los clivajes más comunes de la época, habría que sumarle la tradicional tensión entre “sindicalistas” y “políticos”, que en ambos casos se complejizaba por la presencia de varias organizaciones en cada sector.

El objetivo principal de la gran mayoría de las destituciones no era precisamente responder de forma mecánica a los “parte aguas” nacionales/provinciales. Tampoco pareciera responder al llamado “giro disciplinador” que habría asumido el peronismo luego de octubre de 1973, aunque el mismo haya servido de argumento en varias de las destituciones. Las destituciones que se dieron en el contexto del enfrentamiento entre verticalistas y antiverticalistas tampoco fueron unidireccionales. Si bien en algunas de ellas hubo una clara participación del poder provincial promoviendo las destituciones, como en Junín y Tres de Febrero; en Coronel Rosales y en Ramallo habrían sido víctimas de las destituciones intendentes que respondían al gobernador, como Carlos Morilla y Ramón Aroza.

Ambas situaciones parecieran haber sido aprovechadas por los distintos grupos locales para resolver viejas disputas y para posicionarse en el manejo de los recursos municipales17. En casi todos los casos, los principales promotores de las destituciones ocuparían el cargo de intendente y los puestos más importantes en los ejecutivos municipales.

El peronismo en la provincia de Buenos Aires, sacudido recurrentemente por los conflictos internos, como ya se había evidenciado en el complejo proceso de normalización partidaria en 1972, lejos estuvo de conformar un todo homogéneo y careció durante esos años de un liderazgo provincial definido. Un primer momento de enfrentamiento, claramente asociado a la disputa entre “Tendencia” y “ortodoxia” y expresado en la remoción del gobernador provincial, fue seguido por un gobierno —el de Calabró— que lejos estuvo de lograr una conducción más efectiva, lo que se expresaría en el enfrentamiento entre “verticalistas” y “antiverticalistas” durante 1975. Creemos que ante tan complejo panorama, los actores locales del peronismo adquirieron un alto grado de autonomía y se lanzaron de lleno al control de los recursos institucionales, aunque con una evidente utilización de recursos extra institucionales. Los distintos grupos del peronismo, especialmente aquellos que contaron con un mayor grado de articulación provincial (la ortodoxia partidaria, primero, y el sindicalismo, después) encararon el objetivo del controlar los aparatos municipales, no guiados en forma exclusiva por el enfrentamiento con la “subversión” —aunque fuera ello uno de los elementos principales de su discurso—, sino especialmente por la necesidad de contar con porciones importantes del poder político ante un escenario provincial tan volátil.

Algunas notas a manera de conclusión

A lo largo del presente trabajo, hemos pretendido analizar resultados preliminares de una investigación en curso que aborda una serie de realidades locales muy particulares, atentos a la existencia de un fenómeno nacional: el recrudecimiento de los conflictos intraperonistas durante el gobierno del FreJuLi. El desarrollo exhaustivo de la información de los diversos casos excede los límites que impone la escritura de un artículo, con lo cual mucho del detalle microhistórico se pierde a lo largo de una escritura que se pretende de síntesis y reflexión general. Creemos igualmente haber evidenciado la utilidad que tiene el análisis de este particular fenómeno dentro del conflicto intraperonista durante la década del 70.

Comenzamos nuestra comunicación refiriéndonos a la obra de Osvaldo Soriano. La riqueza que la misma ha tenido desde el punto de vista social ha sido contundente. Como decía Calvino, Soriano logró reducir el conflicto intraperonista en una aldea, redimensionando la tragedia general. Pero ciertamente, el éxito de las piezas literarias muchas veces se sustenta en imágenes que se van recreando (o incluso creando) con el paso del tiempo. En gran medida, como lo evidenció un artículo periodístico escrito por Ernesto Tenembaum (2019) para el diario El País titulado “El eterno retorno del peronismo”, muchos creen que lo que se relata en esa obra es el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista. Más allá de que eso pueda ser discutido, en defensa de una mayor complejidad en la obra de Soriano, lo cierto es que es una imagen recurrente sobre los conflictos al interior del peronismo durante la década del 70.

Creemos que los casos analizados sirven en especial para cuestionar ese sentido común ampliamente generalizado. Puede resultar mucho más operativa para un discurso determinado la presentación de las destituciones de intendentes en la lógica de esta tragedia. Pero, por otro lado, creemos que —sin dejar de concebir al conflicto como elemento constitutivo de la política— la reconstrucción histórica del fenómeno, al señalar y evidenciar las “anomalías” dentro de esa estructura trágica, abre la posibilidad de comprender de forma más flexible los enfrentamientos al interior del peronismo durante la década del 70.

Bibliografía

Fuentes

Acuerdos y Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tomo 1975 (1977), La Plata, Talleres de la Dirección de Impresiones del Estado y Boletines, [disponible en http://www.scba.gov.ar/AcuerdosySentencias/PDFs/TOMO%20-%20-%20A%C3%91O%201975%20BIS.pdf].

Archivo DIPPBA, Tomo Asunto Comunales, Mesa “A”, Coronel Suárez, Años 1974/1975.

Archivo DIPPBA, Tomo Comunas: General Viamonte, Mesa “A”, Legajo 51, 1973/1976.

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“El Concejo destituyó al Intendente” (18 de julio de 1975), La Mañana, p. 2.

“Hendriksen suspendido” (31 de marzo de 1975), La Mañana, p. 1-2.

“La CGT y las 62 Organizaciones respaldan a Morilla” (31 de julio de 1974), La Nueva Provincia, p. 8.

“Muere sindicalista en acto en Chivilcoy” (15 de febrero de 1973), La Capital, p. 6.

“Restituyen a Morilla” (8 de noviembre de 1974), La Nueva Provincia, p. 10.

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