¿Una “Mesa de Enlace provincial”? La coordinación de acciones entre las asociaciones agropecuarias de Entre Ríos en los ciclos de protesta agraria del período 1999-2008°

Cristian Wilson*

° https://doi.org/10.52292/csh5220234480

* UADER - INES/CONICET. Correo electrónico: cristianjswilson26@gmail.com.

Introducción

El eje de este artículo se centra en los antecedentes de unidad de las asociaciones agropecuarias de la provincia de Entre Ríos —Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos (en adelante SRAER), Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) y Federación Agraria Argentina Distrito Entre Ríos (FAAER)— en los ciclos de protesta del período 1999-2008. El objetivo es analizar la coordinación de las acciones colectivas de dichas corporaciones en el plano provincial, atendiendo a la convergencia y divergencia de sus demandas ante los diferentes Gobiernos nacionales, en diálogo con los factores estructurales y corporativos que la hicieron posible. A tal fin se construye una periodización en la que se destacan tres momentos: 1- el paro agropecuario nacional de abril de 1999; 2- el final de la convertibilidad y el restablecimiento de las retenciones a comienzos de 2002, y 3- los paros agropecuarios de 2006. Se utiliza como principal fuente el medio periodístico local El Diario. A pesar de que simplifica la complejidad de la información, el empleo de la prensa nos permitirá indagar en las acciones colectivas. El hilo conductor que estructura este trabajo es la idea de que la unidad evidenciada entre estas entidades agrarias como “Mesa de Enlace provincial” durante el conflicto por la Resolución Nº 125 de 2008 registraba antecedentes relevantes en Entre Ríos.

En febrero de 2008, tras los rumores de un nuevo aumento de las retenciones a las exportaciones1, se produjo una reunión entre los máximos dirigentes de FARER, FEDECO Y FAAER en Paraná, quienes resolvieron retomar el trabajo conjunto con el fin de “aunar criterios en defensa de los intereses de los productores entrerrianos”2. Luego se integraría la SRAER. Se dio así un nuevo paso hacia la unidad, conformando de hecho una suerte de “Mesa de Enlace Provincial” en estado de alerta (Wilson, 2022)3.

La Resolución N° 125/08 del Ministerio de Economía nacional del 10 de marzo de 2008 fijó que la fórmula de la alícuota de derecho de exportación se compondría en función del precio FOB de los granos de manera móvil, reajustado según el aumento de precios internacionales. Así, la alícuota para el girasol y la soja se elevaría entre 7 y 9 puntos, mientras que habría una rebaja de 1 punto para el trigo y el maíz. Con los valores de ese momento, la soja pasaba a pagar del 35 % al 44 % de retenciones y el girasol del 32 % al 39 %. La reacción inmediata fue la formación de la Mesa de Enlace Agropecuaria (conformada por la Sociedad Rural Argentina —en adelante SRA—, las Confederaciones Rurales Argentinas —CRA—, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria —CONINAGRO— y la Federación Agraria Argentina —FAA—) el día 12 de marzo, que respondió con un paro agropecuario por 48 horas —que luego se extendió a una semana—, abrió un escenario de confrontación nacional con centro en la región pampeana y se convirtió en uno de los mayores conflictos agrarios de la historia argentina, además del más extendido durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Ante esta disposición del Gobierno nacional, los principales dirigentes entrerrianos de la SRAER (Luis Miguel Etchevehere), de la FAAER (Juan Echeverría), de la FARER (Jorge Chemes) y FEDECO (Gonzalo Álvarez Maldonado) se reunieron el 14 de marzo y debatieron sobre el nuevo esquema de retenciones. A tono con la decisión tomada por las entidades a nivel nacional4, resolvieron una movilización para el 19 de marzo en Ceibas, en las rutas 12 y 14, en la que convocaban a todos los productores sin distinción de organizaciones, en coincidencia con el último día de paro previsto, en un acto exclusivo de productores de Entre Ríos5.

Precisiones teórico-metodológicas y aportes de la bibliografía especializada

El sector empresarial, en este caso agropecuario, en cuanto actor político se expresa por medio de sus asociaciones en el marco de un régimen social de acumulación (Nun, 1987, citado en Lattuada, 2006), que hace referencia a un complejo entramado de instituciones y prácticas sociales que, junto a las condiciones estructurales, definen un contexto donde los agentes económicos toman sus decisiones de inversión y operan el proceso de acumulación de capital en el plano microeconómico. En ese sentido, acordamos en que “si existen cambios significativos en las variables que definen el contexto de acumulación —económicas, político-institucionales e ideológicas— se generan las condiciones necesarias para la transformación de los discursos, estrategias y estructuras organizativas de las asociaciones preexistentes” (Lattuada, 2006: 31). Además, en cuanto actores políticos, los empresarios transforman sus interpretaciones de la economía y la política en acciones políticas y demandas concretas al Estado (Beltrán, 2006). Es decir, las estrategias que despliegan se ponen en juego en acciones colectivas, que son la resultante de metas, recursos y límites y orientan la acción de un actor social en un marco de oportunidades y restricciones, por lo tanto, se expresan en los campos de negociación y las redes de conflicto en las que participan, las cuales preceden y operan como trasfondo de las protestas (Scribano, 2003).

Para el análisis de las acciones colectivas en los ciclos de protesta del período considerado se intenta articular las perspectivas dirigenciales (o corporatistas) y estructuralistas (clasistas), dado que los motivos racionales de los individuos no pueden explicar convenientemente la conducta individual sin considerar los factores organizacionales y estructurales (Lattuada, 2006). El primer enfoque brinda el marco para el estudio de las organizaciones formales como sujetos colectivos de acción agrupada, su interacción entre las propias corporaciones y con el Estado; mientras que con el segundo enfoque se reconocen las contradicciones de clases sociales y fracciones de clases con intereses económicos diferentes en el capitalismo. Por ello, consideramos que el comportamiento político de los empresarios no está determinado por su posición en el sistema capitalista y la lógica de su funcionamiento, siendo necesario apelar al estudio empírico de dichas organizaciones.

Cabe aclarar que para este estudio se analizan las asociaciones reivindicativas, es decir, aquellas que tienen como objetivos centrales la defensa integral de todos los intereses de un determinado colectivo sin excluir a nadie, incluso a los no afiliados. Como analizaremos, la tendencia hacia la unificación de las entidades del agro provincial ya mencionadas obedeció a los cambios originados por la crisis del régimen convertible de los años 90 y a las transformaciones en la estructura agraria y social de las últimas décadas del siglo XX, a la vez que también a decisiones y a estrategias de carácter estrictamente corporativo institucional. Sin desconocer otras dimensiones6 que hacen al estudio de las organizaciones empresariales, se enfatiza aquí en los lazos que establecen entre estas para la constitución de frentes más amplios, atendiendo a sus causas y la forma en que canalizan desde ese lugar sus demandas hacia el Estado y los tipos de acciones que despliegan.

A pesar de que simplifica la complejidad de la información, se emplea a la prensa como fuente para acceder al conocimiento de las acciones colectivas y posicionamientos públicos de las asociaciones rurales a partir de las declaraciones de los dirigentes de primera línea, como individuos representativos en la medida en que expresan discursos e imaginarios con legitimidad social y sistemas de valores compartidos, partiendo así del estudio de escenarios de interacción colectiva más que de líderes o figuras carismáticas (Gras y Hernández, 2013).

Los estudios académicos se han enfocado en los antecedentes de la confluencia entre las corporaciones agropecuarias en el plano corporativo nacional (la SRA, las CRA, la CONINAGRO y la FAA) y han orientado sus análisis a la acción política conjunta, como antecedentes de la “Mesa de Enlace”. Salvia (2014) dirigió su mirada hacia la crisis económica del modelo de la convertibilidad en los años 1998 y 1999, su particular impacto sobre el sector agropecuario y la unificación de sus demandas hacia el Estado. Pérez Trento (2015) y Lissin (2010) se centraron en la acción política de la Federación Agraria Argentina; el primero abordó el período de la convertibilidad (1991-2001), para marcar el acercamiento que esta mantuvo con las restantes corporaciones agrarias, mientras que el segundo reflexionó acerca de los factores de su integración a la “Mesa de Enlace” en el año 2008, a partir de explorar el período 1999-2008. Sanz Cerbino (2012), por su parte, investigó los paros comerciales agrarios de 1975 (con la coordinación del Comité de Acción Agropecuaria) como antecedente de unidad entre todas las organizaciones agropecuarias y en alianzas intersectoriales antes del golpe de Estado de 1976. Por último, Carini (2019) indagó en el espacio agrario de la provincia de Córdoba para explicar las acciones colectivas de protesta durante el régimen de convertibilidad, evaluando la convergencia y divergencia entre las distintas asociaciones rurales en sus demandas hacia el Estado nacional y provincial.

El uso de la escala provincial o “subnacional” busca poner en diálogo y tensión las perspectivas nacionales evitando la uniformidad y la homogeneización (Ortiz Bergia, 2015). Esta perspectiva se fundamenta en la necesidad de lograr mayor profundidad para la comprensión de estos procesos, dado que las visiones más generales no logran captar las particularidades de los actores y territorios que trascienden lo local y que se articulan a procesos macrohistóricos.

El contexto productivo y social entrerriano entre 1999 y 2008

Nuestra atención se dirige al espacio económico entrerriano y, particularmente, hacia el sector agropecuario, dada la relevancia que adquiere para la economía nacional. Considerada geográficamente parte de la región pampeana en su límite noreste, Entre Ríos ocupa un lugar marginal debido a los menores rindes promedio por hectárea respecto a las otras provincias que la componen7. Aporta aproximadamente el 2 % del PBI nacional. Posee una estructura productiva con fuerte base agropecuaria y agroindustrial, ya que el 98 % de los productos primarios y el 78 % de los agroindustriales son de origen alimentario. Cuarta en área sembrada con soja a nivel nacional, cuarta en existencias vacunas, primera en producción de lino, de carne aviar y en área cultivada con naranjas y mandarinas, son muy importantes la actividad arrocera y forestal. El 70 % de las exportaciones corresponden al sector primario (Arredondo et al., 2009). A pesar del escaso nivel de afiliación a entidades rurales (un 17 %), Entre Ríos ocupaba el cuarto lugar nacional respecto del total de explotaciones agropecuarias asociadas a alguna de las corporaciones, según análisis del CNA de 2002 (Sartelli, 2008), por detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Cabe aclarar que no contamos con trabajos académicos que hayan abordado a ninguna de las cuatro asociaciones agropecuarias entrerrianas en los aspectos organizativo-institucionales ni que hayan analizado las bases sociales que las componen. Por dicha razón, nos valdremos de los aportes que han analizado las transformaciones en la estructura agraria provincial, como el estudio de Truffer et al. (2016) sobre la difusión del cultivo de soja en Entre Ríos desde el año 1964 —a partir de la conjunción entre agencias estatales de ciencia y tecnología, actores productivos locales y empresas— hasta convertirse en la alternativa productiva hegemónica con la consolidación del agronegocio y la agriculturización hacia finales de la década del 90, lo que impactó sustancialmente sobre el territorio agrícola.

Por otra parte, Domínguez y Orsini (2009) indagaron en las transformaciones sobre la estructura agropecuaria de la provincia de Entre Ríos, y afirmaron que la expansión sojera generó las mismas consecuencias que en el agro pampeano desde mediados de los años 90. Esto implicó el desplazamiento de la ganadería, la desaparición de miles de explotaciones agropecuarias y el aumento del tamaño medio de las explotaciones que sobrevivieron, aunque específicamente para el caso entrerriano el número de pequeñas explotaciones sea importante, ya que producto del proceso histórico de colonización se originó una fuerte subdivisión del suelo y “en 2002 existían en Entre Ríos alrededor de 12.572 explotaciones menores a 100 hectáreas, las que representan el 58,3% del total provincial, pero ocupaban sólo el 8,3% de la superficie productiva censada” (Domínguez y Orsini, 2009: 227). Esta situación probablemente provocó que muchos pequeños propietarios hayan cedido en alquiler sus tierras, debido a la escasez de capital y al creciente aumento de la escala productiva del cultivo de soja que hizo inviables las explotaciones pequeñas. Por el contrario, las medianas explotaciones familiares de 200 a 1000 hectáreas con capacidad de capitalización incorporaron tecnología y escala, alquilando tierra.

Dichos autores concluyen que el modelo sojero homogeneizó los intereses económicos entre los pequeños, medianos y grandes productores, sean estos propietarios puros, propietarios arrendatarios o arrendatarios puros, por lo que la virulencia de las protestas rurales a principios de marzo de 2008 no fue casual, sino que fue consecuencia de las características que presentaba la estructura agraria en esta provincia, en la que aún coexiste una fuerte subdivisión y, paradójicamente, una importante concentración en el uso del suelo, que da lugar a una fuerte heterogeneidad de los actores sociales sobre los cuales en ese momento se aplicó la nueva política de retenciones.

La investigación de Villanueva (2014) —sobre la base del trabajo de campo del Centro Regional Entre Ríos del INTA (del año 2012)— indaga en los nuevos actores agrarios, destacando a los productores familiares capitalizados expandidos (el 57,5 % del total de actores, que ocupan casi el 45 % de la superficie agrícola), quienes son empresarios agropecuarios nativos de la provincia, dedicados a la agricultura y con una importante expansión productiva realizada principalmente en la década del 2000.

Para finalizar, cabe mencionar que Wilson (2022) analiza el conflicto agrario nacional de 2008 atendiendo a las particularidades productivas de la provincia de Entre Ríos —uno de sus epicentros—; señala los cambios en la estructura agraria y social que han permitido identificar la base social y territorial de los ruralistas movilizados, el proceso de conformación de la “Mesa de Enlace Provincial” a partir de la unidad de las cuatro corporaciones agropecuarias (FARER, FEDECO, SRAER y FAAER), las estrategias para la obtención de consenso intersectorial y de otros actores sociales, como también las fracturas y reconfiguraciones que se sucedieron en las fuerzas políticas provinciales —en especial en el Partido gobernante: el Justicialista— en relación con el apoyo o no hacia el Gobierno nacional y la Mesa de Enlace.

Las corporaciones agropecuarias y su anclaje territorial

La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, es una de las primeras organizaciones de la burguesía argentina y la más antigua del sector agropecuario. Es una entidad gremial agropecuaria representativa de los más grandes propietarios de tierras de la provincia de Buenos Aires, identificada con el liberalismo en el plano económico y con cierto tradicionalismo en lo sociocultural. El antiperonismo profesado por sus miembros fue desafiado cuando dirigentes renovadores de la entidad tuvieron un acercamiento con el peronismo menemista en la década de 1990, el cual adoptó políticas económicas que se acercaban a los reclamos y posicionamientos históricos de la SRA, como la eliminación de las retenciones, la liberalización de los precios y la supresión de los controles a la comercialización (Heredia, 2003). A diferencia de otras entidades del sector, la SRA se organiza de arriba hacia abajo: la asociación tiene su única sede en Buenos Aires y no son ni los productores de base ni las organizaciones intermedias las que designan delegados, sino que es la comisión directiva la que designa representantes regionales. Para el caso y el período que analizamos, el delegado de la SRA por el Distrito Entre Ríos hacia el 2008 era Luis Miguel Etchevehere8, miembro de una tradicional familia de extracción política radical propietaria de una consignataria rural e histórica dueña de El Diario, uno de los medios periodísticos gráficos con mayor difusión en el territorio entrerriano.

La FARER es una entidad de segundo grado representativa de empresarios agropecuarios que mantiene una presencia institucional relevante en toda la provincia de Entre Ríos. Cuenta con veinte sociedades rurales9 y tiene como base de afiliados a productores ganaderos —o bien mixtos—. Sus antecedentes se remontan al proceso de puja entre criadores e invernadores (articulados en torno a la SRA) y a los frigoríficos por la fijación de los precios. A semejanza de las sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires que conformaron en 1932 la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), las sociedades rurales de Entre Ríos y Corrientes dieron lugar, en 1936, a la Confederación de Sociedades Rurales del Litoral (CSRL) (Giberti, 1986). En 1975, finalmente, nació FARER, aunque paralelamente continuó por unos años más la existencia de la CSRL. La FARER está integrada a la CRA10, una asociación gremial de tercer grado originada en 1943 y actualmente formada por 16 federaciones y confederaciones de todo el territorio argentino, nuclea a más de 300 sociedades rurales, con cerca de 109 000 productores rurales asociados (Sanz Cerbino, 2021); sus posicionamientos liberales extremos —proclives a la no intervención del Estado en los mercados, la liberalización de los precios, su negativa a la imposición de nuevos impuestos y el rechazo a tipos de cambio diferenciales o retenciones a las exportaciones— la fueron acercando a las posturas de la SRA, aunque matizados, ya que recogen las demandas de las entidades de primer o segundo grado que representan a productores regionales, que precisan de la intervención estatal, por ejemplo, en la fijación de precios o aranceles a la importación (Lattuada, 1992). Las CRA y la SRA defendieron las políticas neoliberales de los años 90, más allá de que la rentabilidad del sector fuera menor que en la década anterior, ya que incluyeron la implementación de medidas largamente reclamadas, como “la desregulación de los mercados agropecuarios, la eliminación de las Juntas de Carnes y Granos, el fin de las retenciones a la exportación y otros impuestos considerados distorsivos” (Salvia, 2014: 5).

La FEDECO es la asociación de cooperativas de segundo grado y su historia data de principios del siglo XX. Representa a once de las cooperativas agropecuarias más importantes de la provincia, que desarrollan una amplia gama de actividades cubriendo las necesidades de más de 20 000 asociados11. Se halla integrada a la CONINAGRO, en la que históricamente se pueden reconocer tres vertientes: la gremial, que reivindica la intervención estatal y la defensa de los pequeños productores, ligada a la Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias (FACA), entidad de segundo grado creada en 1947 a instancias de la Federación Agraria Argentina para comercializar la producción y abastecer el consumo de sus asociados; la gerencial —más afín al librecomercio—, vinculada a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); y la agroindustrial, relacionada a Sancor y cercana a las posiciones de ACA en cuanto a la libertad contractual y comercial, favorable a la transformación empresarial de los productores lecheros, los tambos y las cooperativas. De tradición más dialoguista, la línea política de esta entidad ha sido la de no confrontar abiertamente con el Estado, sino negociar con las carteras de agricultura y comercio interno del Estado a partir de vinculaciones personales y alianzas temporales con otras asociaciones agropecuarias (Poggetti, 2021).

La FAAER representa el Distrito N° 3 de la entidad federada a nivel nacional: la FAA, nuclea en la actualidad a miles de productores, organizados en 17 filiales, 15 centros juveniles y 13 entidades adheridas12. La FAA es una entidad gremial de segundo grado, surgida a partir del “Grito de Alcorta” en 1912. Se formó a partir del nucleamiento de agricultores arrendatarios de la región pampeana, capitalistas pequeños y productores independientes, quienes se enfrentaban a los terratenientes por los cánones de arrendamientos. También se enfrentó con fracciones del capital industrial vinculado a las ramas de procesamiento, transporte y comercialización por el precio de compra y venta de granos; asimismo, con los trabajadores agrarios por la determinación del valor de la fuerza de trabajo (esto comparte con las otras entidades). Se territorializa a través de los distritos y delegaciones. A lo largo de su historia ha pasado por distintas transformaciones tanto en su base social como en su acción política y representa a distintos sujetos sociales de la producción agraria (Pérez Trento, 2021). Hacia el año 2008 el director y presidente del Consejo Directivo Central del Distrito era Alfredo de Angeli —protagonista de las movilizaciones ruralistas, de fuerte liderazgo e influencia sobre afiliados y autoconvocados durante el conflicto agrario (Wilson, 2022)— y su vicepresidente era Juan Echeverría13.

Primer momento: críticas a la convertibilidad y unidad de las entidades ante la caída de la rentabilidad (1999)

El primer momento del ciclo de protesta rural que reconstruimos se produce en el marco del paro agropecuario nacional de abril de 1999. El modelo de la Convertibilidad (1991-2001)14 impactó en el agro por su “marcada aceleración del proceso de concentración y centralización del capital agrario, que se expresa en la expulsión de la producción de los capitales más pequeños de la rama y en un incremento de su tamaño medio” (Pérez Trento, 2015: 4). Esta situación repercutió decisivamente en la base social de los representados por las entidades y, en el caso específico de la FAA, asumiendo la representación de capitalistas-terratenientes de menor tamaño, por lo que durante esta década se registran antecedentes de acercamiento entre esta entidad con CRA, CONINAGRO y SRA en temas como refinanciación de las deudas de productores (Pérez Trento, 2015). Dicho modelo económico ingresó en una recesión en 1998 y comenzaron las disputas entre los sectores dominantes en torno a la disyuntiva de continuar o no con el esquema convertible.

El agro pampeano manifestaba signos de deterioro productivo. El principal problema era de rentabilidad, asociado a la caída de los precios internacionales de productos agrarios, como factor externo, y —centralmente, según el análisis de FAAER, FEDECO Y FARER— a un incremento de costos internos, lo cual se relacionaba con la carga impositiva exigida por el Estado nacional hacia el sector y el aumento de los costos de insumos para la producción.

Un mes antes del paro agropecuario nacional de abril, el primer antecedente de unidad entre las principales entidades agropecuarias entrerrianas —aunque con la excepción de la SRAER— se dio el 13 de marzo de 1999 en un acto público en la intersección de las rutas 14 y 128, aproximadamente 10 km al norte de la ciudad de Concordia, convocado por FAA, FEDECO, FARER, Federación de Productores Tamberos de Entre Ríos, Asociación de Citricultores de Concordia, de Villa del Rosario y de Federación, Cámara de la Madera del Río Uruguay y el Centro de Actividades Económicas de Chajarí. Estas entidades remarcaron que las demandas al Estado nacional estaban referidas a los costos mucho más altos que el resto de los países, el aumento de los peajes y la electricidad, y “la reforma impositiva proyectada para este año que para muchos productores implicará la duplicación de los impuestos (...) las entidades que representamos a los productores estamos unánimemente viendo que esto, tal como se desarrolla, nos lleva a una situación final”15. La protesta tuvo la adhesión de los centros comerciales de algunas ciudades como Concordia, Chajarí, Federación y La Paz, que cerraron sus puertas y acompañaron a los ruralistas, aunque sin el apoyo de la Federación Económica de Entre Ríos (que nuclea a empresarios y comerciantes). Remarcando las diferencias entre las conducciones de la FAA y la SRA, el director de la FAAER calificaba a la SRA como una entidad muy oficialista, declarando que “es bueno a esta altura que la gente sepa cuál es la dirigencia que apoya a la producción y cuál atiende otros juegos, por lo tanto valoramos la decisión de los centros comerciales que se animaron y apoyaron la protesta”16. Esta desconfianza del dirigente de FAAER se vincula a que la conducción de la SRA tuvo una alianza estrecha con los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), beneficiada por las demandas históricas satisfechas —también con la venta del terreno público de Palermo en condiciones favorables—, avalando la reconversión tecnológica en el agro pero sin cuestionar las consecuencias negativas del modelo, como la quiebra de economías regionales y la desaparición de pequeñas explotaciones, que quedó a cargo de las organizaciones de pequeños productores (Heredia, 2003).

La elección del punto de concentración no fue casual: la ruta 14 es casi el símbolo del intercambio comercial con Brasil, cuya crisis estaba repercutiendo con fuerza en la economía argentina y, fundamentalmente, en el sector agropecuario. En un documento (sin título, firmado por FAA, CONINAGRO, FARER, FEDECO, además de las entidades mencionadas, representativas de las producciones regionales) se señalaba que el campo entrerriano se encontraba soportando la crisis más grave de su historia, por lo que reclamaron un plan ante los efectos de la reestructuración tributaria menemista que repercutía con impuestos que elevaban aún más los costos de producción, exigiendo diferimiento impositivo, la suspensión de los nuevos impuestos (como el de ganancia mínima presunta), compensación de precios y una refinanciación más amplia de los pasivos, así como rebajas en peajes y gasoil17. Estos puntos de reclamo articulaban las demandas de las entidades unificando las posiciones y el accionar en un frente común para presionar sobre el Gobierno, especialmente el tema precios recibidos por el productor, su relación con los costos de los insumos y la financiación del ciclo productivo y las inversiones (Lattuada, 1992), sumado a la devaluación del real brasilero, que impactaba negativamente por la caída de los precios de exportación de pollos, cerdos y trigo hacia ese país.

Los anuncios del ministro de Economía Roque Fernández, en el marco del “Plan Anticrisis”18, intentaron abortar el paro agropecuario nacional para desarmar el frente común. Aquellos fueron vistos como insuficientes, dado que para los dirigentes agrarios entrerrianos solo se contemplaban algunos puntos, como la reducción del peaje, la refinanciación de deudas, las rebajas del IVA para préstamos y subsidios en las tasas de interés para créditos19. Finalmente, las entidades nacionales (SRA, FAA, CRA y CONINAGRO) acordaron un paro agropecuario nacional de 72 horas para los días 19, 20 y 21 de abril, que fue calificado como “histórico” debido al consenso al que arribaron, aunque las diferencias entre las entidades estuvieron dadas por las metodologías de protesta empleadas. Se evidencia así el cambio hacia una posición crítica de la SRA y las CRA en la crisis de la convertibilidad, que se acerca a las demandas de la FAA y CONINAGRO, debido a que —pese al aumento de la productividad— la rentabilidad agraria se había visto deteriorada y esto afectaba los márgenes brutos y netos, no solo de los pequeños y medianos productores, sino también de los productores con mayor escala (Salvia, 2014), su base social de representación.

A nivel nacional, mientras que la FAA y CONINAGRO realizaron movilizaciones con tractores, camionetas, maquinarias agrícolas y banderas provocando cortes de rutas, con control de la circulación de camiones, las CRA y la SRA realizaron un paro comercial agropecuario. Según la justificación de las CRA, sus afiliados no participarían de marchas ni cortes de rutas en el transcurso de la protesta esperando respuestas oficiales, mientras que el presidente de la SRA Enrique Crotto argumentaba que “no es estilo de la entidad el hecho de participar en movilizaciones o piquetes”20. Esto se entiende porque la SRA era la entidad que buscaba solución a sus demandas por la vía político-institucional, pero la FAA y CONINAGRO se expresaban de manera radical a través de la acción directa (por su menor capacidad estructural para enfrentar la crisis y su mayor marginalidad política), en tanto que la CRA tenía una posición intermedia (Salvia, 2014).

En Entre Ríos, la primera jornada de paro comercial tuvo su epicentro en los accesos a Gualeguaychú y Chajarí en la ruta nacional 14 y en el ingreso a la ciudad de La Paz, sobre la ruta nacional 12. La delegación local de la FAA consideró “un éxito” el paro agropecuario y lamentó que la SRA y las CRA no hayan acompañado la movilización de los productores hacia las rutas nacionales 12 y 1421. La segunda jornada se realizó en la ruta nacional 14 a la altura del acceso a Chajarí con un corte de más de tres horas llevado adelante por un grupo de 600 productores del norte entrerriano y del sur de Corrientes, acompañados por comerciantes de la ciudad —que cerraron sus comercios—, docentes y otros representantes de la comunidad. Durante la jornada hubo un acto que tuvo como oradores a los principales referentes de FARER, FAAER y de los citricultores. Para el presidente de FARER la protesta era el resultado de largas negociaciones y esperaban la convocatoria del Gobierno nacional, lo mismo para la SRAER, que aguardarían para sumarse a la segunda etapa del plan de lucha; pero por otra parte, el presidente de FEDECO señalaba que se mantendría el estado de alerta y, si no había solución, las medidas seguirían con un paro más extendido; y, para el director de FAAER, la lucha continuaría, ya que “en Entre Ríos planteamos 35 días para escuchar respuestas, podemos hacer muchísimas más acciones que las realizadas hasta ahora”22. Las posturas de FARER y SRA Distrito Entre Ríos eran más dialoguistas, mientras que por parte de FEDECO y FAAER el tono era más duro y confrontativo, siguiendo la tendencia manifestada en el plano nacional.

El conflicto se extendió en una segunda etapa del plan de lucha —sin la SRA, que se retiró al recibir algunas concesiones por parte del Gobierno, como la elevación del capital mínimo que tributaría el impuesto a la renta presunta—, quedando las CRA, la FAA y CONINAGRO en la organización de cortes de rutas y concentraciones en junio (de gran radicalidad, producidos en zonas de influencia de Chacareros Federados de la FAA, como el sur de Santa Fe y Entre Ríos23), hasta confluir en la marcha hacia Plaza de Mayo en Buenos Aires en julio (alrededor de 10 000 manifestantes, en su mayoría de la región pampeana). El mismo no se resolvió, aunque se diluyó al no existir una coordinación entre estas entidades —como lo fue la Mesa de Enlace en el 2008—, por la imposibilidad de lograr mayores concesiones del Gobierno por la grave situación de las finanzas públicas y el contexto de recambio presidencial (Salvia, 2014; Pérez Trento, 2015).

Segundo momento: de la “alianza entre el Estado y el sector productivo” al rechazo a las retenciones (2002)

El descrédito de parte de la sociedad a los dirigentes y partidos políticos se evidenció en las elecciones de medio término de octubre de 2001 (con la derrota del oficialismo). Las protestas de movimientos sociales, desocupados y sectores sindicales, sumadas a las de los ahorristas contra los bancos (por el denominado “corralito”), los cacerolazos de los sectores medios y los saqueos a supermercados en diferentes ciudades, contribuyeron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001. El triunfo del “Grupo Productivo”24 reacomodó el bloque de poder dominante y, finalmente, impuso la salida devaluatoria a la crisis al comenzar el año 2002; supuso la fijación de un tipo de cambio competitivo que permitió dinamizar las exportaciones y, a su vez, el restablecimiento de las retenciones a los productos agropecuarios, que posibilitó el aumento de la recaudación tributaria y la recomposición de las cuentas públicas (Varesi, 2011). Esta salida exitosa de la convertibilidad, atendiendo a la grave crisis social que atravesaba el país, contribuyó a reinstalar la idea de un perfil productivo de país que generó una autopercepción de centralidad del sector agropecuario por haber contribuido significativamente a superar la crisis (Gras, 2012).

La evaluación de las primeras medidas de la administración de Eduardo Duhalde fue positiva para la conducción nacional de la FAA. La entidad identificaba el modelo de la convertibilidad impuesto desde 1991 como el gran obstáculo a superar para recomponer el tejido productivo rural, ya que les había quitado rentabilidad a los pequeños y medianos productores. Según su presidente, Eduardo Buzzi, “la corrección de la paridad cambiaria removió uno de los factores que limitaban la competitividad y eliminó a más de 150 mil productores en la última década, pero no despejan la incertidumbre para las pymes del campo”25. CONINAGRO planteaba que “el movimiento cooperativo exige su lugar en los espacios en donde se decidan las políticas a seguir relacionadas al sector agropecuario”26, mientras que la SRA señalaba que el contexto no era propicio para abandonar la convertibilidad, porque para eso se necesitaba “una tranquilidad política y social que en este momento el país no tiene”27, advertía sobre el efecto inflacionario de una devaluación y rechazaba la posibilidad de imposición de retenciones. También las CRA las rechazaban, pero valoraban la devaluación porque podía ayudar a “recomponer los precios relativos y mejorar el perfil exportador”28.

En enero de 2002 había dos temas claves sobre los que las entidades nacionales del agro esperaban aún una definición por parte del Gobierno nacional: 1) la pesificación de las deudas en dólares contraídas por los productores durante la paridad cambiaria uno a uno, que superaban los 100 000 dólares y que no habían ingresado en el paquete de medidas; y 2) la posibilidad de reimplantación de las retenciones a las exportaciones en el marco de la devaluación del 40 % del peso (un dólar igual a 1,40 pesos era el valor oficial, pero al dejar fluctuar al mercado un dólar libre este estaba superando semana a semana ese valor)29. Estas demandas motivaron la concreción de una reunión entre el presidente Eduardo Duhalde y su equipo económico y de Agricultura con los representantes de CRA, SRA, FAA y CONINAGRO, quienes afirmaron que este se había comprometido en que no habría retenciones para el sector y en sostener la alianza con el sector productivo30. Estas cuatro corporaciones acercaban posiciones en una coyuntura en la que se reinstalaba la idea de “campo” como unidad monolítica (Lissin, 2010), situación que a nivel provincial también se reeditó con la conformación de un frente común.

El foco puesto en un modelo económico productivo sirvió de aglutinante a las entidades del agro entrerriano. En un comunicado conjunto, FAAER, FARER, FEDECO, Federación del Citrus, Federación de Entidades Arroceras Argentinas y Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER) aprobaron la necesidad de “conformar una nueva alianza del Estado con los sectores de la producción”31 y se mostraron unificadas al realizar movilizaciones en diferentes ciudades y localidades de la provincia el 21 de enero, reclamando por la pesificación de las deudas de los productores y apuntando contra los bancos.

Finalmente, las retenciones a las exportaciones fueron impuestas por el Decreto 310/02 el 4 de marzo de 2002 y anunciadas por el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov: 13,5 % para soja y girasol, 10 % para otros productos primarios y 5 % para carnes, lácteos, harinas y aceites de soja y girasol. El ministro las justificó porque aportarían 1400 millones de dólares y servirían para financiar planes sociales y de obra pública, aliviando el cronograma de futuros vencimientos de deuda32. Las retenciones significaron un aporte de ingresos importante para las obligaciones fiscales de un Estado quebrado y endeudado, no solo financieramente por la deuda externa, sino también internamente con grandes capas sociales sumergidas en la pobreza, la indigencia y la desocupación, mientras aminoraban el impacto inflacionario de la devaluación sobre los alimentos. Tanto la FAA como CONINAGRO las aceptaron, aunque pidieron al Gobierno que se rebaje al 8 % el porcentaje que se estipuló en 10 %, solicitando que de lo recaudado se disponga en partes iguales para la emergencia de los más necesitados y para políticas activas para el campo33, reconociendo la necesidad de intervención del Estado “a condición de que los recursos fiscales volviesen al sector agropecuario y a las economías regionales” (Comunicado de CONINAGRO y FAA, en Memorias y Balances FAA, 2001-2002, citado en Lissin, 2010: 54). Pero las CRA y la SRA rechazaron la medida, lo que obedece a argumentos históricos de estas entidades en contra de la intervención estatal sobre los mercados, específicamente sobre los precios y la apropiación de renta agraria por parte del Estado (Lattuada, 1992).

Para la FARER las retenciones hacían pagar el costo de la devaluación a las economías regionales, y remarcaban que la cadena de comercialización de los productos agropecuarios “siempre ha trasladado sus costos, en especial los impositivos, a las liquidaciones que se confeccionan al productor y es por esa razón que el 10% de retención, sin lugar a dudas correrá por cuenta de las economías regionales”34. Este posicionamiento está fundado en que esta Federación cuenta con una fuerte presencia territorial en toda la provincia, argumentando en defensa de productores lecheros y ganaderos, ya que las retenciones a productos lácteos y carnes iban a impactar en un precio menor de las materias primas del que las industrias y frigoríficos exportadores les pagaban. En ese sentido, esta entidad adherida a las CRA apuntaba a despegar a los productores agropecuarios de su participación en la cadena de valor de los productos alimentarios y, por tanto, en el precio final de los mismos, como estrategia defensiva ante el discurso oficial que señalaba el beneficio directo de la devaluación del peso para los sectores productivo-exportadores, remarcando también el papel que juegan los insumos importados sobre los costos de producción. Por lo tanto, estas entidades que recogen las demandas de productores regionales en ciertas coyunturas precisan de la intervención estatal, porque “la fijación de precios, aranceles de importación, condiciones de comercialización, financiamiento, etc., son básicas para su supervivencia, como es el caso del azúcar” (Lattuada, 1992: 130).

La FAAER, distanciándose de la FAA nacional, en la reunión del Consejo Delegado de la FAA planteó el total rechazo a las retenciones y el 14 de marzo realizó un tractorazo en la ruta nacional 14 en el acceso a Gualeguaychú, donde unos 300 productores interrumpieron parcialmente el tránsito. En el volante que repartían los movilizados, además de otros puntos demandados, reconocían las dificultades que atravesaba el país, aunque planteaban: “no aceptamos las retenciones con el pretexto de que son necesarias para ayudar a paliar la crisis social”35. Aun a costa de provocar una ruptura con la conducción de la FAA, se priorizaba desconocer el argumento social para aceptarlas. Según Alfredo de Angeli, director de la FAAER, el presidente Eduardo Duhalde no había cumplido con la alianza prometida al sector productivo, remarcó que “la Federación Agraria de Entre Ríos es la primera en movilizarse dentro de las cuatro entidades que funcionan en el país en representación del campo, ubicándonos a la vanguardia de este reclamo”36. De esta manera, se hace evidente la ruptura de la dirigencia de FAAER respecto a la dirigencia nacional37 y el acercamiento a la postura de rechazo absoluto de las retenciones que mantenían tanto la FARER como la SRAER, quedando aislada FEDECO.

El 5 de abril el Gobierno reajustó las retenciones. La Resolución 11/2002 del Ministerio de Economía dispuso el aumento del 5 al 20 % para harinas y aceites y del 10 al 20 % para productos agrícolas (semillas de cereales, semillas y frutas de oleaginosos, y el pellet de soja y girasol), llevó la soja y el girasol al 23,5 % y la leche al 15 %. Esta medida tenía como objetivo moderar el aumento del tipo de cambio en los precios internos y mejorar la situación de las finanzas públicas para sostener y ampliar los programas de carácter social, generando un incremento de 1000 millones de dólares en la recaudación fiscal38. Una parte de esos fondos se destinaría al plan para jefes o jefas de hogar desocupados. En este caso, la medida unificó a las cuatro entidades nacionales en su rechazo, las cuales proyectaron un plan de lucha que no prosperó, ya que el Gobierno inició el diálogo y se estableció una etapa de tregua —con el compromiso de reducir las retenciones y de revisar las distorsiones del IVA diferencial (Lissin, 2010)—, y por la dificultad de coordinación de acciones —mientras la FAA planteaba una postura más extrema que incluía cortes de rutas y en accesos a puertos, distribuidoras de alimentos, materias primas y de combustibles, CONINAGRO apostaba al diálogo con el Gobierno nacional y la SRA estaba dispuesta a sumarse a la adopción de medidas de fuerza, aunque sin cortes de rutas—39. Esta situación se dio también para las asociaciones rurales entrerrianas.

Si bien las demandas de las cuatro entidades hacia el Estado continuaron en los meses siguientes, se instauró un campo de negociación (Scribano, 2003) como salida a la protesta. La nueva coyuntura económica de altos precios internacionales de los granos y la estructuración de un nuevo régimen de acumulación basado en un modelo productivo-exportador desde 2002 (Varesi, 2011) —basado en la devaluación del tipo de cambio— posibilitó al sector agropecuario recuperar los niveles de rentabilidad deteriorados por el régimen de la convertibilidad.

Tercer momento: conflicto por el precio de la carne y paros agropecuarios de 2006

En el mes de julio de 2006 las CRA, en reunión de Consejo Directivo, resolvieron —por unanimidad de sus trece confederaciones— un paro comercial agropecuario por cuatro días. El principal eje del reclamo era contra la intervención estatal en el mercado de la carne vacuna y la restricción a las exportaciones, que originaban la caída en el precio de la hacienda, lo cual iba atado a los cuestionamientos por las retenciones.

Esta medida se había planteado el mes anterior, pero se había dejado sin efecto por la flexibilización de las exportaciones de algunos cortes dispuesta por el Gobierno nacional. Sin embargo, la dirigencia señalaba la caída del 30 % en el precio de la hacienda, que finalmente no se observaba en los precios que los consumidores pagaban por distintos cortes cárnicos, y apuntaban a los frigoríficos como beneficiarios —en anuencia con el Gobierno—.

El diálogo se rompió, dejando latente un campo conflictual. El marco en que se daba era un nuevo modelo de acumulación en la Argentina, caracterizado por Rapoport (2010) como productivo, de recuperación económica e inclusión social, que fue revirtiendo y desarticulando el régimen de acumulación de valorización financiera (1975-2001). Aquel se destacaba por la producción industrial ligada al mercado interno y la revalorización del sector agropecuario —específicamente el sector agroindustrial exportador— en el que se estaban produciendo desde 2005 tensiones inflacionarias, a la par de políticas de contención de precios de la canasta básica de alimentos por parte del Gobierno.

Las CRA quedaron aisladas a nivel nacional con la protesta, ya que la SRA —si bien acompañó con el paro comercial— no se sumó a las movilizaciones por diferencias con la metodología de cortes de rutas. Por otro lado, CONINAGRO tampoco se sumó y la FAA decidió no adherir. En palabras de su vicepresidente: “después de un extenso debate decidimos no sumarnos a la medida de fuerza porque consideramos que el reclamo de CRA es parcializado y no tiene un montón de problemas que hoy afectan a los productores”40. Aunque la FAAER fue la única entidad del país que sí lo hizo, no acatando la disposición de la entidad nacional.

Con el paro comercial del agro en marcha, el Gobierno nacional lanzó el Plan Ganadero, que incluía beneficios a productores con el objetivo de aumentar en cinco años el stock a 62 millones de cabezas de ganado. En el acto estuvo presente el presidente Néstor Kirchner y los presidentes de la SRA y de CONINAGRO. Ese mismo día —24 de julio— se producía una concentración de productores entrerrianos en Villa Elisa, con más de 1000 manifestantes, que tuvo como oradores a los representantes de FARER, FAAER, FEDECO y de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (CAPROLER). Esta última entidad se hallaba muy movilizada debido a la situación crítica que atravesaban los productores tamberos de la provincia por el bajo precio que recibían por la producción de leche y reclamaba en contra de la disposición oficial de prórroga del aumento de retenciones por 60 días41. A pesar de la fractura de las entidades nacionales, en esta provincia coordinaron acciones tres de las cuatro corporaciones agrarias, cada una incorporando demandas específicas para sus productores asociados: FARER —además de los ejes de reclamos de CRA respecto a percepción de precios internacionales de las carnes y el peso de la cuestión impositiva sobre las empresas agropecuarias— planteaba la necesidad de una política agropecuaria que permitiera sostener las producciones regionales y “aumentar la producción, ya que lo único rentable que está quedando en el país es la soja”42; FEDECO —debido a la actividad ganadera de algunas de sus cooperativas— solicitaba “una política agropecuaria previsible y coherente, que dé sustentabilidad a una de las actividades rurales más arraigadas en nuestro territorio y que ha permitido subsistir a miles de pequeños y medianos productores”43, y la FAAER exigía al Gobierno nacional un cambio en la política agropecuaria y que fuera “diferenciada para el pequeño y mediano productor”44.

Lejos de resolverse el conflicto, en diciembre de 2006 se agudizó y, además de la CRA, convocaron también la FAA y la SRA (solo faltaba CONINAGRO para completar el cuadro de las cuatro entidades), y plantearon un paro comercial agropecuario de ocho días, el más contundente contra la gestión gubernamental de Néstor Kirchner (2003-2007). Al problema ya señalado sobre el precio de la carne vacuna, las asociaciones agropecuarias (y uno de los factores por los cuales se sumó la FAA —la cual dispuso cortes de rutas en varias provincias—) le agregaban la intervención oficial sobre el mercado de granos, en particular sobre el precio del trigo que recibían los productores de parte de las cerealeras exportadoras, considerado muy por debajo del precio internacional.

Este paro agrario tuvo situaciones confrontativas muy marcadas, con discursos duros e interpelaciones fuertes entre funcionarios estatales y dirigentes agrarios, una modalidad que caracterizó el conflicto agrario de 2008. La ministra de Economía Felisa Miceli planteaba que el objetivo del paro era provocar desabastecimiento para “aumentar el precio del pan, el trigo y la carne”, que la rentabilidad del campo “es desproporcionada” y acusó a los dirigentes ruralistas de “no decir nada” cuando “el intervencionismo estatal los favorece”, a lo que el presidente de la FAA respondía que “se pueden tener precios internacionales altos y bajos en el mercado interno. Para eso el Gobierno tiene que enfrentar a los grandes frigoríficos y a las multinacionales”, y que se “pretende demonizar a los productores rurales”45. A su vez, el ministro del Interior Aníbal Fernández advertía que el Estado intervendría para evitar cortes de ruta y que serían detenidos quienes “boicoteen” el paso de camiones de hacienda hacia el mercado de Liniers, aunque “se sigue adelante con la política de no represión porque no se llega a ningún lado con derramamiento de sangre”46. En ese marco, se dio una situación “inédita” cuando ingresaron a Liniers más de ٢٠٠٠ cabezas de ganado de las Fuerzas Armadas, aunque paradójicamente dejara en evidencia el alto acatamiento que tuvo.

En Entre Ríos se comprobaba la unidad de las tres entidades convocantes: FARER, SRAER y FAAER. Mientras el máximo representante de FARER destacaba que podían tener visiones distintas y soluciones diversas para los problemas del sector agropecuario, y que estaban “de acuerdo en que la política tomada por el Gobierno hacia el campo no es la correcta”, el de la SRAER enfatizaba que si las tres entidades, a pesar de sus históricas diferencias, coincidieron en un paro, esto demostraba “la gravedad de la problemática” aunque planteara que el paro no era por la rentabilidad —que “era buena”—, sino por la intervención sobre los mercados realizada por el secretario de Comercio Interior: “lo que sí es malo es que un funcionario de tercera categoría decida todos los días, por capricho, si el precio de un producto tiene que subir o bajar”. Por su parte, el director de FAAER reclamaba la política diferencial para los pequeños y medianos productores, justificando la protesta, y el director suplente argumentaba que “tiene que haber una regulación del Estado seria que permita la correcta distribución de la renta agraria (porque si no) se traslada hacia los sectores concentrados de la economía”47. Es que la FARER, la SRAER y la FAAER coincidían en los reclamos históricos que las han aglutinado a las entidades nacionales en ciertas coyunturas en relación a la apropiación de renta agraria por el Estado vía retenciones, que obtiene recursos fiscales para sus gastos o para promocionar a otros sectores industriales o de servicios urbanos (Lattuada, 1992) vía subsidios, aunque el factor de divergencia de FAAER con las otras dos entidades pasaba por la defensa de la intervención estatal siempre que sostuviera la rentabilidad de sus asociados, como podría haber sido la segmentación de las retenciones —la que no aparecía mencionada como propuesta por la entidad—.

Cabe destacar que, en el plano corporativo nacional, en ninguno de los paros agropecuarios durante el gobierno de Néstor Kirchner se logró la unidad de todas las organizaciones, lo que muestra su carácter episódico (más allá de cierta radicalidad), que no pudieron desestabilizar al Gobierno y tampoco alcanzaron a constituir un comando central, establecer alianzas intersectoriales ni conformar un programa político amplio. Sartelli señala:

CARBAP se ha mostrado como la más movilizada y con mayor iniciativa, seguida de FAA. Por su parte CONINAGRO se ha comportado siempre como el eslabón más afín al gobierno. La SRA ha oscilado, manteniendo una posición centrista. La mayor cantidad de protestas parecen haberse centrado en el problema ganadero, de allí el protagonismo de CARBAP. Las protestas no estuvieron exentas de acciones directas. En particular, en Entre Ríos, sur de Santa Fe y Buenos Aires. Sin embargo, hubo muy poca articulación entre las distintas manifestaciones y entre las organizaciones convocantes. Tanto CRA como FAA asistieron a disputas internas que impidieron, en varias oportunidades, una intervención unificada (2008: 176).

En Entre Ríos tampoco se logró la coordinación plena entre las cuatro asociaciones, debido a la adhesión a la entidad nacional o confederación de la que son parte —como sucedió con la SRAER en el paro agropecuario de julio de 2006 y FEDECO en el de diciembre de 2006, aunque esta última sí lo hizo en aquel, marcando la particularidad de los productores ganaderos dentro del cooperativismo—. La FARER apareció como la entidad convocante —dado que el eje del conflicto era por los precios de las carnes—, aunque la capacidad movilizadora fue aportada desde la FAAER —evidenciándose un quiebre con la conducción nacional de la FAA—, incorporando demandas específicas en defensa de los pequeños y medianos productores y continuando con una tendencia de radicalización en la protesta agraria.

Algunas conclusiones

Las asociaciones agropecuarias entrerrianas (FEDECO, FAAER, FARER y SRAER) coordinaron acciones en unidad durante el conflicto por la Resolución Nº 125 de 2008 y continúan hasta la actualidad como Mesa de Enlace de Entre Ríos —es reconocida así por los propios Gobiernos provinciales—, reclamando soluciones que articulan las demandas —fundamentalmente del agro entrerriano— de sus respectivos asociados.

A lo largo del trabajo indagamos en los antecedentes de acciones de coordinación en los ciclos de protesta de distintos regímenes de acumulación, en diálogo con los estudios académicos que han analizado el período. Tal como sucedió para las corporaciones agropecuarias nacionales, en el caso entrerriano no se evidenció una coordinación plena en los tres momentos y, si bien hubo coincidencias en algunas de las demandas —sobre todo aquellas que las articulaban, como la defensa de la rentabilidad y de las economías regionales, el rechazo a las retenciones a las exportaciones—, continuó primando una lógica corporativa que responde a su histórico nucleamiento nacional, lo cual ya ha sido señalado por Lattuada (1992) como el grado de centralidad y concentración de la representación de los intereses sectoriales a cargo de estas entidades nacionales.

Cabe destacar —como particularidad de este territorio— el elevado grado de radicalización de las protestas agrarias de 1999, 2002 y 2006 (y también en 2008 como uno de los epicentros del conflicto agrario contra el intento de imposición de las retenciones móviles), que obedece a los procesos de transformación que sufrió el agro entrerriano en las últimas décadas y a los cambios en su estructura social agraria —con importante presencia de productores empresariales capitalizados que se mantuvieron en la actividad, aunque de menor tamaño y empujados a una producción de mayor escala—, situación que enlazaba a organizaciones como FAAER, FEDECO y FARER en sus decisiones institucionales de actuar coordinadamente a nivel local. Dicha radicalización por supuesto que se dio con una mayor capacidad movilizadora de la FAAER —la que por otro lado realizó acciones desobedeciendo resoluciones de la FAA, como sucedió con el acompañamiento de esta al restablecimiento de las retenciones en 2002—. Son algunas marcas distintivas —a nivel regional y local— de procesos macronacionales.

Bibliografía

Fuentes

“Conclusiones de una semana agitada” (24 de abril de 1999), El Diario, Suplemento Campo en Acción, p. 2.

“Con el helicóptero guardado” (25 de julio de 1999), Página/12, [disponible en https://www.pagina12.com.ar/1999/99-07/99-07-25/pag09.htm].

“Coninagro y FAA aceptan la medida” (6 de marzo de 2002), El Diario, Segunda sección Agro, p. 3.

“CRA pide compensar a los productores si se devalúa” (22 de diciembre de 2001), El Diario, Segunda sección Agro, p. 8.

“Críticas y rechazos… pocos aplausos. Posiciones divididas con los anuncios de Economía” (18 de abril de 1999), El Diario, Tercera sección Económicas, p. 2.

Dellatorre, Raúl (6 de abril de 2002), “El Gobierno le pasó la cuenta al campo”, Página/12, [disponible en ].

“Duhalde ratificó a representantes del agro que no habrá retenciones” (15 de enero de 2002), El Diario, Segunda sección Agro, p. 8.

“El agro organiza una protesta provincial por la ‘grave crisis’” (3 de marzo de 1999), El Diario, p. 9.

“El campo decidió poner en marcha un plan de lucha” (6 de abril de 2002), El Diario, Segunda sección Agro, p. 8.

“El campo reclamó al Gobierno un urgente plan de salvataje” (14 de marzo de 1999), El Diario, p. 7.

“El campo se moviliza en Entre Ríos” (21 de enero de 2002), El Diario, Suplemento El Diario Rural, p. 1.

“El cooperativismo exigió ser considerado por el Gobierno” (4 de enero de 2002), El Diario, Segunda sección Agro, p. 8.

“El Gobierno reimplantó las retenciones” (5 de marzo de 2002), La Nación, [disponible en ].

“En Entre Ríos el paro ‘es total’” (6 de diciembre de 2006), El Diario, Segunda sección Agro, p. 6.

“Farer define mañana cómo será la movilización” (14 de julio de 2006), El Diario, Segunda sección Agro, p. 6.

“Farer pide hablar claro” (11 de marzo de 2002), El Diario, Segunda sección Agro, p. 6.

“FARER: 20 Rurales en toda la provincia de Entre Ríos” (27 de marzo de 2017), cra.org.ar, [disponible en http://www.cra.org.ar/nota/19658-farer-20-rurales-en-toda-la-provincia-de-entre-rios/].

“Fedeco, Farer y la FAA acordaron acciones conjuntas” (16 de febrero de 2008), El Diario, Segunda sección Agro, p. 6.

“Fuerte cruce de acusaciones entre la dirigencia agropecuaria y el Gobierno” (5 de diciembre de 2006), El Diario, Segunda sección Agro, p. 6.

“Historia de la FAA Entre Ríos”, faaentrerios.com.ar, [disponible en https://faaentrerios.com.ar/historia/].

“Las entidades pedirán precisiones a Duhalde” (8 de enero de 2002), El Diario, Segunda sección Agro, p. 8.

“La SRA contra la devaluación” (4 de enero de 2002), El Diario, Segunda sección Agro, p. 8.

“Los productores entrerrianos cumplen el paro agropecuario” (22 de julio de 2006), El Diario, Suplemento El Diario Rural, p. 1.

“Los productores entrerrianos se concentran en Villa Elisa” (24 de julio de 2006), El Diario, Segunda sección Agro, p. 6.

“Masiva movilización de productores entrerrianos” (25 de julio de 2006), El Diario, Segunda sección Agro, p. 6.

“Productores cortaron por más de tres horas la ruta 14” (21 de abril de 1999), El Diario, portada.

“Productores entrerrianos protestaron en las rutas” (20 de abril de 1999), El Diario, p. 1.

“Productores entrerrianos se movilizan el 19 en Ceibas” (15 de marzo de 2008), El Diario, p. 3.

“Productores se movilizan por la situación del campo” (13 de marzo de 1999), El Diario, p. 8.

Saiz, Alejandra (15 de marzo de 2002), “Sobre la ruta 14, los productores repudiaron las medidas económicas”, El Diario, Segunda sección, p. 5.

“Según la Federación Agraria las medidas van ‘en dirección correcta’” (8 de enero de 2002), El Diario, Segunda sección Agro, p. 8.

“Sobre FEDECO”, fedeco.com.ar, [disponible en https://fedeco.com.ar/sobre-fedeco/].

“Tractorazo en Gualeguaychú contra las retenciones agropecuarias” (15 de marzo de 2002), El Diario, p. 1.

Bibliografía referida

Acuña, Carlos (1994), “El análisis de la burguesía como actor político”, Realidad Económica, n° 128, pp. 45-77.

Arredondo, Fabio et al. (2009), Competitividad y desempeño macroeconómico de Entre Ríos, Paraná, Dictum Ediciones.

Beltrán, Gastón (2006), “Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas estructurales”, en Pucciarelli, Alfredo (coord.), Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 199-243.

Carini, Gabriel (2019), “Convertibilidad, performatividad política y protesta agraria. De los consensos iniciales y sus límites en la pampa cordobesa (1991-2002)”, Trabajo y Sociedad, vol. XX, nº 33, pp 153-171.

Domínguez, Néstor y Orsini, Germán (2009), “El conflicto rural, su relación con el modelo hegemónico sojero y la estructura agraria vigente”, Pampa, Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, n° 5, pp. 219-237.

Giberti, Horacio (1986), Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires, Ediciones Solar.

Gras, Carla (2012), “Empresarios rurales y acción política en Argentina”, Estudios Sociológicos, vol. 30, nº 89, pp. 459-487.

Gras, Carla y Hernández, Valeria (2013), “Asociatividad del empresariado agrícola en Argentina. AACREA y AAPRESID en perspectiva”, en Muzlera, José y Salomón, Alejandra (coords.), Sujetos sociales del agro argentino. Configuraciones históricas y procesos de cambio, Rosario, Prohistoria, pp. 36-67.

Heredia, Mariana (2003), “Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 65, n° 1, pp. 77-115.

Lattuada, Mario (1992), “Notas sobre corporaciones agropecuarias y Estado. Tendencias históricas y cursos de acción posibles en la experiencia democrática contemporánea”, Estudios Sociales, vol. 1, n° 2, pp. 123-148.

----- (2006), Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina: transformaciones institucionales a fines del siglo XX, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Lissin, Lautaro (2010), Federación Agraria hoy, Buenos Aires, Capital intelectual.

Makler, Carlos (2021), “Sociedades rurales del interior (Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1879-2010)”, en Salomón, Alejandra y Muzlera, José (eds.), Diccionario del agro Iberoamericano, Buenos Aires, Teseo, pp. 1097-1102.

Muñoz, Roberto (2020), “Chacareros Federados (Región Pampeana, Argentina, 1996-2020)”, en Salomón, Alejandra y Muzlera, José (eds.), Diccionario del agro Iberoamericano, Buenos Aires, Teseo, pp. 293-300.

Ortiz Bergia, María José (2015), “El Estado en el interior nacional en la primera mitad del siglo XX. Aproximaciones historiográficas a un objeto en constante revisión”, Estudios Sociales del Estado, vol. 1, nº 1, pp. 59-85.

Pérez Trento, Nicolás (2015), “La acción política de la Federación Agraria Argentina durante el período de la Convertibilidad (1991-2001)”, Mundo Agrario, vol. 16, nº 32, pp. 1-24.

----- (2021), “Federación Agraria Argentina (FAA). (Argentina, 1912-2018)”, en Salomón, Alejandra y Muzlera, José (2021), Diccionario del agro Iberoamericano, Buenos Aires, Teseo, pp. 547-553.

Poggetti, Rocío (2021), “Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO). (Argentina, 1956-1960)”, en Salomón, Alejandra y Muzlera, José (eds.), Diccionario del agro Iberoamericano, Buenos Aires, Teseo, pp. 401-406.

Rapoport, Mario (2010), Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia, Buenos Aires, Booket.

Salvia, Sebastián (2014), “Asociaciones empresarias del agro y crisis de acumulación, 1998-1999. Un antecedente de la ‘Mesa de Enlace’”, Mundo Agrario, vol. 15, nº 28, pp. 1-30.

Sanz Cerbino, Gonzalo (2012), “Burguesía agraria, conflictividad política y quiebres institucionales. Argentina, 1975-2008”, Polis. Revista Latinoamericana, nº 31, pp. 1-20, [disponible en http://journals.openedition.org/polis/3733].

----- (2021), “Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). (Región Pampeana, Argentina, 1943-2020)”, en Salomón, Alejandra y Muzlera, José (eds.), Diccionario del agro Iberoamericano, Buenos Aires, Teseo, pp. 407-412.

Sartelli, Eduardo (2008), Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía, marzo-julio de 2008, Buenos Aires, Razón y Revolución.

Schorr, Martín (2001), ¿Atrapados sin salida?: La crisis de la convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico [Documento de trabajo], Buenos Aires, FLACSO, [disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/flacso-ar/20121206090957/schorr.pdf].

Scribano, Adrián (2003), “Reflexiones sobre una estrategia metodológica para el análisis de las protestas sociales”, Sociologías, año 5, n° 9, pp. 64-104.

Truffer, Isabel et al. (2016), La construcción del actual territorio agrícola entrerriano, Paraná, Eduner.

Varesi, Gastón (2011), “Modelo de acumulación y dinámica política. Argentina 2002-2011: Neodesarrollismo y radicalización progresista”, Realidad Económica, nº 264, pp. 33-59.

Villanueva, Diana (2014), Expansión productiva y transformaciones de los productores agropecuarios familiares capitalizados en la provincia de Entre Ríos. Período 2001-2012, Tesis de maestría en Estudios Sociales Agrarios, Buenos Aires, FLACSO.

Wilson, Cristian (2022), Corporaciones agropecuarias y actores políticos en el conflicto agrario de 2008 en Entre Ríos, Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, [disponible en http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2300_WilsonC.pdf].

---