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Introducción

Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se propusieron llevar adelante un reordenamiento político, económico, social y cultural de la Argentina. Para esto, los militares, junto con los grupos económicos y sectores de la sociedad civil que los apoyaban, llevaron adelante estrategias de disciplinamiento con el objetivo de eliminar cualquier forma de oposición o de resistencia. Si bien en los años previos se había extendido en la sociedad argentina la violencia política y la persecución sobre distintos sectores, el gobierno militar que asumió en 1976 profundizó las estrategias represivas, dando paso al terrorismo de Estado. En este marco, se volvieron habituales las detenciones, los secuestros, la tortura y la desaparición de personas con esa maquinaria de terror y muerte que se encarnaba en los centros clandestinos de detención desplegados a lo largo del país.

El análisis de lo ocurrido en esa etapa de la historia argentina fue y es un tema que despierta un profundo interés en el campo académico y en el político. En los últimos años, la consolidación de la historia reciente se manifestó a través de numerosas investigaciones sobre los años 70, con la proliferación de espacios de intercambio y con un gran desarrollo de esas producciones, abriendo camino al estudio de nuevas problemáticas y líneas de indagación.

En este sentido, este trabajo1 pretende contribuir al análisis de la violencia estatal y formas de represión a escala local, que no se circunscribe necesariamente a la desaparición de personas y la dinámica concentracionaria. Muchas veces, al momento de reconstruir situaciones vividas durante la dictadura en espacios alejados de las grandes ciudades, nos encontramos con procesos que no se corresponden en su dimensión o profundidad con las prácticas desplegadas en los lugares donde se focalizó la represión. Esto permitió brindar la imagen de que en algunas regiones del país “la dictadura no pasó”. Pero el desarrollo, en los últimos años, de las investigaciones sobre el gobierno militar constituye un importante aporte en la visibilización y problematización de los dispositivos represivos y sus diversas modalidades locales2.

Para esto, nos proponemos analizar la experiencia de la última dictadura militar en un territorio pequeño, escasamente poblado y distante de los grandes centros urbanos como era en los años 70 la actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur3. En particular, este artículo busca identificar los mecanismos de control social y recuperar situaciones de persecuciones y detenciones por motivos políticos ocurridas a inicios del período abierto con el golpe de Estado de 1976.

Si bien en la actual provincia de Tierra del Fuego no tenemos registros hasta el momento del funcionamiento de centros clandestinos de detención, y la represión no se desplegó con la intensidad que alcanzó en otras regiones del país, la presencia permanente de las Fuerzas Armadas implicó una constante militarización y control de la sociedad. En la isla se encontraban además instaladas otras fuerzas, entre ellas la Policía Territorial, que funcionó en esos años bajo el control de la Armada.

Para aproximarnos a las formas en que se expresó la dictadura en Tierra del Fuego, recuperaremos algunas investigaciones recientes, pero especialmente abordaremos el análisis de registros y libros de actas de la Policía Territorial conservados en el Archivo del Museo del Fin del Mundo, ubicado en la ciudad de Ushuaia. Se trata de una serie de libros de guardia y de registros de novedades policiales de la década del 70. A primera vista, muchos de esos libros no parecen aportar información significativa sobre el accionar de la fuerza, pero una lectura atenta nos permitió identificar varias detenciones por motivos políticos (encuadrados en la Ley N° 20.840) en la comisaría de Ushuaia durante los años de la última dictadura. A pesar de que la secuencia es incompleta, ya que faltan muchos libros, y los materiales están dispersos y en diversos estados de conservación, son una importante fuente de información y punto de partida para nuevas líneas de trabajo. Complementaremos estos registros con la recuperación de testimonios orales para comprender las formas en que fueron vividas las prácticas y formas de control social.

Este rescate de registros y eventos poco presentes en la narrativa y la memoria local nos permite problematizar la idea de que Tierra del Fuego no fue atravesada por el accionar represivo de la última dictadura militar. A partir de la generación de conocimiento histórico situado, buscamos poner en tensión las interpretaciones que, ancladas en una mirada nacional, pretenden trasladar lo observado en los grandes centros urbanos a la totalidad del país.

Si bien consideramos que es necesario un estudio que permita identificar la participación y vinculación de diferentes instituciones —como la Policía Territorial, la Justicia, la Armada— en el control y vigilancia de la sociedad fueguina durante los años de la última dictadura militar, en este trabajo nos vamos a enfocar en el análisis de los libros policiales disponibles en el Archivo del Museo del Fin del Mundo, para aproximarnos a la comprensión del rol desempeñado por la Policía Territorial.

Una isla no tan lejana: la dictadura en Tierra del Fuego

Durante los años 70 del siglo pasado, la actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur era todavía un Territorio Nacional. A lo largo del siglo XX la isla sufrió distintas modificaciones. De Territorio Nacional (desde 1884) pasó a ser Gobernación Marítima en 1943, Provincia Patagonia por un breve período en 19554, y nuevamente Territorio Nacional desde 1957. Recién en 1990 se aprobó la Ley 23.775, que le otorgó su condición de provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur5.

En todos esos años, y salvo escasas excepciones, los gobernadores designados por el Poder Ejecutivo Nacional fueron siempre miembros de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Marina6. De esta forma, durante gran parte del siglo XX, fue constante la presencia y la autoridad de la Armada en la isla, y desde mucho antes de la última dictadura la vinculación de sus integrantes con la sociedad civil fue parte de la vida cotidiana en las dos principales ciudades de Tierra del Fuego: Ushuaia y Río Grande7. Por otro lado, desde la ocupación estatal a finales del siglo XIX, dada su condición de Territorio Nacional en el extremo sur, zona de frontera y posible escenario de tensiones frente a las pretensiones de otras potencias, se instalaron tempranamente la Prefectura Naval Argentina y la Policía Territorial8. Por lo tanto, durante los años 1976-1983, la presencia militar y de fuerzas de seguridad no era una novedad para la sociedad fueguina.

Si bien, por un lado, el “Proceso de Reorganización Nacional” diseñó una distribución entre las tres fuerzas de los cargos y del control de jurisdicciones y, por el otro, el Ejército tuvo un mayor dominio tanto en el Poder Ejecutivo Nacional como en los gobiernos provinciales, el Territorio Nacional de Tierra del Fuego permaneció siempre bajo el control de la Armada. En un primer momento, actuó como interventor en la isla el contralmirante Norberto Bonesana, y recién el 19 de abril de 1976 fue nombrado gobernador el capitán de navío Luis Jorge Arigotti. En 1981, con el recambio de la Junta Militar y la designación de Roberto Viola como presidente, asumió ese cargo el capitán de navío Raúl Eduardo Suárez del Cerro, quien permaneció como gobernador de Tierra del Fuego hasta el final de la dictadura9.

Al momento de abordar las formas en que se vivió la última dictadura en Tierra del Fuego es necesario enfrentar múltiples desafíos. Cuando entrevistamos a miembros de la sociedad fueguina sobre la experiencia atravesada en la isla en esos años, es habitual recibir como respuesta que “acá no se sintió la dictadura”. Esta narrativa se hace visible en las evocaciones locales del golpe de Estado de 1976, ya que se recuperan y mencionan los procesos represivos ocurridos en otros lugares del país. En cierta forma, esto replica el enfoque de las investigaciones sobre las estrategias represivas llevadas adelante en los años 70, que muchas veces se construyeron desde las experiencias desplegadas en los grandes centros urbanos. De esta manera, los modelos de Estado represivo son los del “norte”10.

En cada aniversario del golpe de Estado, tanto los actos oficiales como las iniciativas que parten de organizaciones sociales y/o políticas recuerdan y homenajean a los jóvenes fueguinos desaparecidos durante la dictadura que fueron secuestrados en otras regiones del país, donde se encontraban estudiando o trabajando y, en algunos casos, desarrollando su militancia política11. Mucho menos presentes en esas evocaciones o en la memoria local están los casos de fueguinos sobrevivientes del dispositivo concentracionario que, al ser liberados, marcharon al exilio12.

Por otro lado, en Tierra del Fuego no existen señalizaciones que visibilicen lugares vinculados al accionar del terrorismo de Estado. Sí aparece en los registros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la identificación de la comisaría de Ushuaia como sitio de memoria, aunque consignando que funcionaba en los 70 como dependencia de la policía provincial13.

La ausencia de Tierra del Fuego dentro de las historias más reconocidas de la represión no debe soslayar la importancia de examinar cuáles fueron las formas de persecución política y de disciplinamiento social que desplegó la dictadura en el territorio fueguino. A finales del gobierno militar se produjeron en la isla dos operativos represivos protagonizados por el BIM 5 de la ciudad de Río Grande, nunca investigados ni esclarecidos. Durante el primero, en el mes de junio se disparó y dio muerte a una niña de 9 años, Marcela Andrade. En el segundo, ocurrido en diciembre de 1982, se asesinó a una maestra, Florencia Angélica Rojas Gutiérrez, que circulaba en un vehículo por la ciudad junto con un grupo de amigas14. Ambos casos comenzaron a ser reconocidos recientemente como víctimas locales de la represión estatal.

Pero además, como veremos más adelante, en Tierra del Fuego se llevaron adelante detenciones por motivos políticos desde el inicio del gobierno militar, protagonizados por integrantes de la Armada y de la Policía Territorial, y se vivió una mayor militarización y vigilancia de la sociedad fueguina.

Vivir en una sociedad vigilada

Como en el resto del país, el gobierno militar que asumió con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 emprendió el desplazamiento de las autoridades locales e implementó una mayor militarización en la calle y en las instituciones públicas. Así, en la isla se produjeron operativos conjuntos de la Armada y la Policía Territorial en los que se reemplazaron a las autoridades municipales y se notificó la disolución de los concejos deliberantes de Río Grande y de Ushuaia.

Por otro lado, la vigencia del estado de sitio y los mecanismos de control social también operaron en Tierra del Fuego. Entre los libros de la comisaría de Ushuaia que consultamos en el Archivo de la Policía Territorial del Museo del Fin del Mundo pudimos revisar el “Libro de registro de las notas y trámites iniciados” correspondiente al período 05-07-1976 a 06-12-197715.

Es interesante el relevamiento sobre los temas que aparecen a través de las notas ingresadas desde otras dependencias policiales, de Fuerzas Armadas o de instituciones estatales, pero también de solicitudes de sectores de la sociedad civil o de particulares. Aparecen múltiples y variados pedidos: de traslados de policías de una dependencia a otra (tanto dentro de la isla como hacia o desde otras regiones del país); de elevar sanciones a miembros de la Policía Territorial; de autorización para llevar adelante reuniones sociales, ya sea por parte de particulares como por clubes o instituciones educativas, o para difundir a través de distintos medios las actividades a realizar, entre otros temas. En ningún caso podemos acceder al contenido de esas notas, pero el registro de los temas (en el libro aparece como “extracto”) nos puede brindar una idea del tipo de trámite al que se refiere. Para mencionar algunos ejemplos:

05-07-1976 Asociación de fútbol Ushuaiense “sobre autorización a realizar reuniones ordinarias todos los martes de cada semana”.

07-07-1976 Club Almirante Solier “sobre autorización a realizar festival danzante los días 8 y 9 del corriente”.

19-07-1976 Club de Leones “sobre autorización para realizar reunión directiva los martes de cada semana”.

28-07-1976 José Antonio Gómez “sobre autorización para realizar un asado el 1° de agosto próximo”.

02-08-1976 Cabo 1° Roberto A. Martínez “sobre viáticos por la comisión a la zona norte”.

13-09-1976 Sociedad chilena de socorros mutuos “sobre autorización para realizar reunión de directorio el 15-09-1976”.

08-10-1976 La Voz Fueguina “comunica aparición del periódico semanal el 12-10-76”.

08-10-1976 Cooperadora Colegio Nacional José Martí “sobre autorización para realizar feria de platos”16.

Además de esas solicitudes para eventos sociales, aparecen algunos pedidos y comunicaciones de otra naturaleza por parte de efectivos policiales:

22-09-1976 Policía Federal “sobre egreso del principal Vega en el Centro de Instrucción Contrasubversivo”.

28-07-1977 Víctor Omar Ibarrola (Ppal) “sobre solicitud se lo tenga en cuenta para la concurrencia a Buenos Aires a fin de operar con la Policía en la lucha antisubversiva”.

04-11-1977 Víctor Omar Ibarrola (Ppal) “sobre nota solicita órdenes oficiales de pasajes hasta la Capital Federal”17.

Estas notas y pedidos de autorización reflejan no solo el disciplinamiento y la presencia de mecanismos de control social, conocidos y asumidos por las instituciones y sectores de la sociedad civil, sino también la vinculación con los procesos ocurridos en el resto del país.

Podemos complementar estos registros con algunos testimonios orales que nos ayudan a iluminar la forma en que la sociedad fueguina vivió los primeros momentos de la dictadura militar. El relato de María Angélica Caimapo permite recuperar la experiencia vivida en Ushuaia por trabajadores de Vialidad Nacional en esas jornadas de marzo de 1976. María Angélica nació en Tierra del Fuego en 1947 y desde 1969 trabajaba en Vialidad, donde también lo hacía su esposo. En su evocación del día del golpe de Estado, destaca la presencia de la Armada y el temor y preocupación que invadió a los trabajadores de dicha dependencia:

Bueno, nosotros nos fuimos a trabajar, y ya antes de la esquina, una cuadra antes de llegar a Vialidad, ya nos pararon, nos revisan, nos preguntan cómo nos llamamos, el documento, que hacíamos en Vialidad, todo. Toda una fila. Todo el personal de Vialidad estaba en una fila en la vereda. Y bueno, tuvimos que esperar a que verifiquen los datos, todo. Cuando entramos, yo trabajaba en Mesa de Entradas, cuando llegamos estaban todos los militares en la oficina que yo iba había dos militares mirando todos los papeles, las carpetas, en la oficina tenían todos los legajos, mirándolos… (…). Y nos sacaron de ahí y nos llevaron al patio, las mujeres entraban por un lado y los hombres por otro. Nos revisaron todo. Y teníamos a dos amigas que estaban en el sindicato de Vialidad, y estaban en la fila, entonces no las vimos salir, y le digo a las chicas, “Guillermina no sale, hay Guillermina no salió…” y después, “Isabel no salió…” Y empezamos … Me acuerdo que yo me puse a llorar y digo, qué pasa chicas… Y del otro lado, en la fila de los varones, vimos que también estaban, como que algo estaba pasando, y entonces pasa mi marido como para ir al baño y me dice: “sabes que a Ricardo, Mario y a Medina ….no salieron, los sacaron por otra puerta y lo metieron en una camioneta”. Bueno, ahí nos pusimos peor. Yo le digo, “vos sabés que acá faltan Isabel y Guillermina”. Bueno, como eran gremialistas, los habían separado y los llevaron presos. Los llevaron a la Base. Nos enteramos después18.

La situación de inquietud por los compañeros detenidos duró un tiempo. A los pocos días fueron liberados, pero la presencia de las Fuerzas Armadas y el control se mantuvo. Más adelante, los compañeros fueron reincorporados, el sindicato se disolvió y las actividades recuperaron cierta normalidad, ahora bajo una mayor militarización y vigilancia. En su testimonio, María Angélica refleja las sensaciones de temor e incertidumbre por el destino de sus compañeros detenidos, por la presencia de los militares y por la vigilancia a la que fueron sometidos:

A los compañeros gremialistas no los vimos por un tiempo. No los vimos, nadie sabía nada. No podíamos comunicarnos. En las familias no sabían qué pasaba. (…) Y así estuvimos como un mes, más o menos, y después ibas a comprar y había conscriptos por todos lados, te paraban…qué llevabas, qué habías comprado. Mucho control. Esa vez sí me dio mucho miedo cuando las chicas… no supimos qué pasó…nadie sabía…hasta que cuando un poco esto se tranquiliza, fuimos a trabajar y ya no estaban ellos [por los militares] y por ahí escuchabas que venían…marchaban y se formaban y entraban a las oficinas.

En Vialidad había un solo sindicato. Sindicato 24 distrito. Esos compañeros fueron reincorporados. Estuvieron en la Base aislados, después nos contaron que los sacaban a cada rato. Cuando volvieron a trabajar, el sindicato se disolvió. La verdad es que tuvimos mucho miedo19.

Este relato permite aproximarnos a las formas en que se sintió la militarización y los mecanismos de control social en dependencias estatales instaladas en Ushuaia. La experiencia de María Angélica recupera ciertas prácticas represivas que, sin alcanzar la magnitud del horror desplegado en otras regiones del país, evidenciaban el inicio de un período marcado por el terrorismo de Estado, en el que muchos aspectos de la vida cotidiana pasaron a estar bajo vigilancia. En este caso, además, la intervención y disolución del sindicato y la detención de quienes lo conformaban fue la expresión local de las formas de clausura de la participación social y política que se estaba instalando en todo el país.

Por otro lado, este episodio da cuenta de la complejidad que supuso la implementación del gobierno militar en lugares alejados de los grandes centros urbanos, especialmente en referencia a la vinculación y participación de distintas fuerzas en las acciones represivas. De acuerdo al testimonio de María Angélica, las personas detenidas fueron trasladadas por unos días a la Base Naval y luego liberadas. Al revisar la secuencia de los libros de guardia de la Policía Territorial de la comisaría de Ushuaia no aparecen consignadas esas detenciones, pero eso no implica necesariamente que no hayan sido alojados en esa dependencia, ya que son frecuentes las menciones en los libros policiales sobre los operativos conjuntos, coordinación de tareas y traslados entre ambas fuerzas. Consideramos que es necesario profundizar en la búsqueda de fuentes documentales y testimonios que nos permitan comprender los alcances de esa articulación entre la Policía Territorial y la Armada en las primeras jornadas posteriores al golpe de Estado.

Detenciones y traslados por motivos políticos

El tema de las detenciones por motivos políticos o secuestros ilegales por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad en Tierra del Fuego durante la dictadura no está presente en la narrativa y la memoria local. Como mencionamos, se realizan homenajes a las víctimas fueguinas de la represión secuestradas en otras regiones del país, así como también se está comenzando a evocar los eventos que terminaron con el asesinato en la ciudad de Río Grande de Marcela Andrade y Florencia Rojas, pero prácticamente no se recuerdan las detenciones en la isla en los años del gobierno militar.

Sin embargo, el desarrollo de nuevas investigaciones nos permite reconstruir algunas experiencias represivas en Tierra del Fuego. En un trabajo publicado recientemente, Esteban Rodríguez (2024) analizó la detención en junio de 1976 de un grupo de jóvenes trabajadores que portaban imágenes del Che Guevara en una de las habitaciones del campamento de YPF en Río Grande. Diego Segundo Barrientos, Oscar Ricardo Grau, Pedro Oscar Amarillo, Hugo Arnoldo Funes, Julio Abel Velazco y Alberto Moreno fueron llevados al BIM 5 y luego trasladados a la comisaría de Ushuaia, donde quedaron a disposición de la justicia federal y se les inició una causa enmarcada en el artículo 2°, inciso “c” de la Ley 20.84020. En marzo de 1977 recuperaron su libertad, pero no pudieron volver a trabajar en YPF durante el resto del período dictatorial21.

La detención de los trabajadores de YPF no fue un caso aislado; hubo otros detenidos por causas enmarcadas en la Ley 20.840. En los libros de novedades de la comisaría de Ushuaia identificamos la presencia en esa dependencia de presos políticos, incluso desde antes del golpe de Estado. Uno de ellos, Carlos Nicolás Vitale, que se encontraba detenido desde el 11 de noviembre de 1975, procesado y a disposición del Juez Federal por presunta infracción de la ley 20.840, fue trasladado vía aérea a la Capital Federal el 27 de noviembre de 1976. Después de esa mención ya no se encuentran registros de él en los libros policiales ni se detecta su presencia en la sociedad fueguina. Por lo tanto, desconocemos el destino de su traslado y la condición en que se realizó.

En el libro de anotaciones de las novedades de guardia de la comisaría de Ushuaia aparecen también algunos detenidos en el marco de la Ley 21.268 (del 24 de marzo de 1976, sobre la tenencia y uso de armas y explosivos). A esto se suman los registros de movimientos de detenidos de Río Grande a Ushuaia, y desde la comisaría de Ushuaia a la Base Naval, especialmente en los primeros meses que siguieron al golpe de Estado, así como también una gran cantidad de detenciones por averiguación de antecedentes, y la referencia a la ciudadanía en los casos de aquellas personas de origen chileno. Por otra parte, se mencionan los patrullajes en forma conjunta con personal militar, y la comunicación frecuente con la Base Naval, lo que expresa la interrelación entre las fuerzas y el grado de dependencia de la Policía Territorial bajo control de la Armada.

Es en los primeros meses después del golpe de Estado donde encontramos la mayor cantidad de registros de detenciones por motivos políticos, pero nos vamos a detener en dos experiencias que nos resultaron significativas. Una es la de Carlos Zampatti22 y su esposa Norma Beatriz Álvarez. Ambos fueron detenidos el 8 de junio de 1976 por presunta infracción de la Ley 20.840. Si bien solo quedó registrada en el libro de guardia la detención de Carlos Zampatti (y no hay mención a la de su esposa), un día después, el 9 de junio, se registró su liberación: “recupera su libertad la detenida Norma Beatriz Álvarez, supeditado a ulterior resolución de la causa por disposición del señor Juez Federal del Territorio”23.

Hace algunos años, en 2016, Carlos Zampatti hizo pública su experiencia como preso político a través de una carta de lectores que circuló en la prensa local, reconociendo y agradeciendo la intervención del Juez Federal Julio Corvalán de la Colina, quien ordenó su libertad el 24 de junio de 1976:

Es por eso que creo que llegó el momento —espero que no demasiado tarde— de reconocer y agradecerle su coraje. Porque era eso, coraje, lo que se debía tener en junio de 1976 para contener las demandas del omnipresente jefe de la base naval que reclamaba por ese barbudo extremista apresado por un par de policías de buen futuro (cualquiera, en aquel entonces, con barba y biblioteca, meritaba como para extremista). Porque eran agallas las que usted tuvo para evitar que yo pasase a disposición del PEN e impedir el engrose de la lista de esa “no entidad” que son los desaparecidos. Porque fue por su valor que en un trámite express resolvió mi excarcelación en tan sólo dieciséis días. Su valentía no ha de haberle caído bien a quienes soñaban remedar en Ushuaia la limpieza ideológica que se estaba produciendo en el resto del país. Ése, no me caben dudas, fue el motivo de su desplazamiento inmediato a juzgados menos gratos24.

En una entrevista realizada en el año 2022, pudimos dialogar y recuperar con Carlos Zampatti las circunstancias y la experiencia de su detención25. Carlos y Norma, ambos agrimensores, se instalaron por motivos laborales en Ushuaia en septiembre de 1974. Según su testimonio, Carlos y su esposa recibían por correspondencia folletos del Frente de Izquierda Popular, y eso generó la denuncia, en junio de 1976, del dueño del hotel donde se estaban alojando a la espera de la entrega de una vivienda. La detención la realizaron dos agentes de la Policía Territorial. Los alojaron a ambos en la comisaría de Ushuaia y los mantuvieron separados, pero no fueron sometidos a castigos físicos. A Norma la liberaron al día siguiente y comenzó la búsqueda de un abogado para reclamar por la liberación de Carlos, algo que le costó conseguir. El poco tiempo que llevaban viviendo en Ushuaia, los escasos contactos con la sociedad fueguina y los fuertes lazos que tenían los sectores profesionales locales con la Armada hicieron que muchos abogados se negaran a tomar su caso. Finalmente, el abogado que aceptó asumir su defensa consiguió que el Juez Federal Julio Corvalán de la Colina ordenara su liberación el 24 de junio, desestimando la gravedad de lo denunciado y desafiando las intenciones del Jefe de la Base Naval:

Padulla, el Jefe de la Base Naval, que fue a quién Giró [el dueño del hotel que denunció a Zampatti y su esposa] le pasó el dato de mi existencia, quería que yo estuviera a disposición del Poder Ejecutivo Nacional26.

Tras su liberación, la causa continuó en el tribunal de Comodoro Rivadavia, y dos o tres años después se cerró. Muchos de sus conocidos en Ushuaia comenzaron a evitar el contacto y pesaba sobre ellos la acusación de “subversivos”.

En los libros de guardia de la comisaría de Ushuaia el registro de una detención llamó particularmente nuestra atención y activó un proceso de búsqueda para reconstruir su historia. En fecha cercana al golpe de Estado se consignaba: “Detención. 17,25 hs. Queda detenida la ciudadana Graciela Susana Sebeca a requerimiento de la autoridad militar”27. Al día siguiente, figuran dos menciones que indican su traslado:

Constancia. 6,50 hs. Sale el Sr. Oficial de servicio en vehículo de guardia conduciendo a la detenida a requerimiento de la autoridad militar Graciela Susana Sebeca al aeropuerto local.

Constancia. 8 hs. Sale la detenida Graciela Susana Sebeca por vía aérea con destino norte del país custodiada por el suboficial segundo de marina don Dionisio Aníbal Echeverría28.

El origen del pedido de detención (a requerimiento militar), el hecho de que Graciela Sebeca no haya quedado a disposición del Juez Federal (como fue el caso de Carlos Zampatti y las detenciones ocurridas en el mes de junio de ese año) y su inmediato traslado al “norte” indicaban que se trataba de un secuestro y detención ilegal. La búsqueda del rastro de Graciela Sebeca nos llevó al testimonio que brindó en la justicia en el año 2012 en la causa 04/07 caratulada: “Investigación de delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)”. Si bien la declaración es extensa, nos parece significativo transcribir algunas partes para reconstruir las circunstancias de su detención:

Que en su niñez vivió en el barrio obrero de la ciudad de Punta Alta, estando su familia constituida por 5 hermanos, siendo la declarante la mayor. Que desde muy chica tuvo una relación muy cercana con la familia TULLI, iniciando una relación con Jorge Mario TULLI cuando la declarante contaba aproximadamente con 13 años. Que a fines del año 1972 se trasladó a la ciudad de La Plata, luego de que lo hiciera su compañero Jorge TULLI, habitando en un departamento ubicado en las calles 116 y 61. Que a poco de llegar a La Plata comenzó con su militancia política, TULLI en la facultad de Arquitectura, y ambos en la agrupación denominada FAEP, la que luego se fusionó formando la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Que como parte de esa militancia, tanto la declarante como TULLI hacían trabajos “de base” en diferentes sectores de la ciudad de La Plata y las inmediaciones. Que luego el clima político se fue complicando, con la presencia de la Triple A en las facultades, ante lo cual, por el miedo que la dicente sintió por su vida y la de su compañero, decidió a principios de 1976 regresar a la ciudad de Punta Alta junto a su hermano Julio Hebe SEBECA, hoy fallecido, mientras que Jorge TULLI decidió permanecer en La Plata. Que junto con TULLI militaba Alberto IMAZ, también de la facultad de arquitectura. Que una vez en Punta Alta la declarante se traslada en un avión “Electra” de la Armada Argentina a la ciudad de Ushuaia, donde vivía su hermana Gabriela Alejandra SEBECA, junto con su esposo Juan Carlos MONJE, enfermero de la Base Naval de Ushuaia, en un hotel ubicado en la calle San Martín de dicha ciudad, propiedad de Nelo Magni. Que luego de llegar a Ushuaia se trasladó junto a su hermana y el esposo de ésta a una vivienda ubicada en el barrio Brown. Que el viernes 13 de marzo de 1976, alrededor de las 15:00 hs., mientras la declarante y su hermana se encontraban en una vivienda ubicada enfrente a la que habitaban, pudieron advertir la llegada de varios vehículos de la Base Naval, ante lo cual ambas se dirigieron a su domicilio para ver qué sucedía. Que inmediatamente ambas fueron introducidas en camionetas separadas, que integraban el operativo, y conducidas por el personal de la Armada hasta la comisaría de Ushuaia. Que una vez allí la dicente y su hermana fueron colocadas en distintas celdas, donde comenzaron a ser interrogadas. Que el interrogatorio estaba dirigido a determinar quién era la pareja de Jorge TULLI. Una vez que la dicente manifestó que era ella, su hermana fue liberada, en tanto que la declarante fue conducida a un calabozo de reducidas dimensiones, donde le informaron que al día siguiente sería trasladada en un avión de la marina hasta la Base Comandante Espora de Bahía Blanca. Que al día siguiente en horas de la mañana, dos personas de civil llegaron a la comisaría y la llevaron hasta el aeropuerto de Ushuaia, donde la dejaron en un lugar apartado del resto del pasaje. Que una vez que ascendió todo el pasaje, este fue advertido de que en ese vuelo sería trasladada una subversiva, y recién luego la dicente fue introducida en el avión y sentada entre los dos custodios que la habían ido a buscar a la comisaría. Que una vez que llegaron a la Base Comandante Espora, la declarante fue descendida del avión antes que el resto del pasaje, por un costado del aeropuerto, y se dirigieron a un descampado hasta llegar a un automóvil Fiat 600, que estaba detenido y sin ocupantes. Que al llegar al vehículo la dicente fue empujada contra el mismo, encapuchada y golpeada29.

Una vez que llegó a Bahía Blanca, Graciela fue trasladada a la Base Naval de Puerto Belgrano, donde fue alojada en un centro clandestino de detención que funcionó en el buque ARA “9 de julio”. Tiempo después fue entregada al Ejército y permaneció en el Batallón de Comunicaciones 181, donde pudo recibir la visita de sus padres, para ser liberada unas semanas después. No nos extendemos sobre las condiciones en las que vivió bajo la detención clandestina, ya que no es objeto de esta investigación, pero ella da cuenta de eso en su testimonio frente a la justicia.

Son varios los aspectos significativos de la detención en Ushuaia de Graciela Sebeca. Por un lado, fue llevada a cabo exclusivamente por personal militar de la Base Naval, aunque figure en el libro de novedades de guardia de la Policía Territorial30. Por otro lado, no hay registro en los libros policiales de la detención de su hermana, aunque ambas fueron llevadas a la comisaría de Ushuaia para ser interrogadas. Pero lo que nos resultó más relevante de este testimonio es que, hasta el momento, se trata del primer caso conocido de detención clandestina en Tierra del Fuego, con un traslado fuera de la isla y alojamiento en un centro clandestino de detención. Graciela Sebeca asegura que la orden de detención partió de la Base Naval, ante la pretensión de interrogarla sobre las actividades y el paradero de su novio Jorge Tulli (quien fue secuestrado en diciembre de 1976 en Buenos Aires y aún continúa desaparecido). Este evento, la desaparición de su novio, le generó un profundo impacto. Al momento de recuperar la libertad, recibió la recomendación de sectores del Ejército de volver a Ushuaia, para mantenerse alejada de la escalada represiva que se estaba dando en la ciudad de La Plata. También se podría inferir que detrás de lo que parecía una recomendación estaba la indicación de que retornara a un territorio en el que operaban eficaces formas de control y de vigilancia.

A modo de cierre

Los registros y testimonios recuperados y compartidos en este trabajo son el resultado de una paciente y compleja indagación. Estas primeras exploraciones son un punto de partida para identificar algunos aspectos de las modalidades desplegadas por la dictadura en Tierra del Fuego, incorporando esta región al campo de estudios sobre la represión. De acuerdo con lo que pudimos reconstruir, los mecanismos de vigilancia, denuncia y control social actuaban también en un espacio alejado de los grandes centros urbanos como era Tierra del Fuego en los años 70. En este sentido, la organización y planificación del aparato represivo de la última dictadura se sintió hasta en lo más alejado del extremo sur del país. Por otro lado, las fuentes nos hablan de la vinculación entre fuerzas (Armada y Policía Territorial), pero además entre distintas regiones. Queda pendiente para futuras investigaciones la tarea de profundizar en el rol de la Armada, tanto en la vigilancia y control sobre la sociedad fueguina como en el circuito desplegado entre diferentes zonas del país para su estrategia represiva.

Son muchos los desafíos que tenemos que superar al momento de abordar el estudio de las modalidades represivas desplegadas en Tierra del Fuego durante el último gobierno militar: la ausencia de trabajos previos, la necesidad de reconstruir hechos a través del análisis de fuentes escasas, desordenadas e incompletas, y la dificultad de acceder a testimonios de protagonistas o testigos de los acontecimientos que nos proponemos analizar31. En este sentido, consideramos que esta recuperación de acciones represivas y de experiencias de detenciones y control social constituye un aporte sustantivo al campo de estudios sobre las formas en las que se manifestó la última dictadura a escala local, enriqueciendo el conocimiento sobre la historia reciente de Tierra del Fuego.

Bibliografía

Fuentes

Entrevistas y testimonios judiciales

Entrevista realizada a Carlos Zampatti en Ushuaia el 5 de mayo de 2022 por Gabriela Fernández.

Entrevista realizada a María Angélica Caimapo en Ushuaia el 21 de octubre de 2014 por Gabriela Fernández, Laura Horlent y Agustín Coto.

Testimonio judicial de Graciela Sebeca, [disponible en y ].

Testimonio judicial de José María Novielo, [disponible en ].

Fuentes escritas

Libro de novedades. Período 08-03-1976 a 20-04-1976. Comisaría de Ushuaia, Archivo de la Policía Territorial, Museo del Fin del Mundo, Ushuaia.

Libro de novedades. Período 01-06-1976 a 27-06-1976. Comisaría de Ushuaia, Archivo de la Policía Territorial, Museo del Fin del Mundo, Ushuaia.

Libro de registro de las notas y trámites iniciados. Período 05-07-1976 a 06-12-1977. Comisaría de Ushuaia, Archivo de la Policía Territorial, Museo del Fin del Mundo, Ushuaia.

Páginas web

Dar la Palabra: - consultada el 15 de junio de 2021.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Censos Nacionales de Población y Viviendas 1970, 1980, 1991: - consultada el 20 de marzo de 2025.

La TDF: https://www.latdf.com.ar/2017/03/difunden-listado-de-fueguinos.html - consultada el 10 de septiembre de 2021.

Ministerio de Justicia de la Nación. Información Legislativa: - consultada el 10 de marzo de 2025.

Subsecretaría de Derechos Humanos. Sitios y Espacios de Memoria: - consultada el 20 de marzo de 2025.

Bibliografía referida

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Canelo, Paula (2011), “Construyendo elites dirigentes. Los gobernadores provinciales durante la última dictadura militar (Argentina, 1976 - 1983)”, Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti, n° 11, pp. 323-341.

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Franco, Marina (2012), Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Garaño, Santiago (2020), Memorias de la prisión política durante el terrorismo de Estado en la Argentina (1974-1983), La Plata-Los Polvorines-Posadas, UNLP-UNGS-UNM.

Pontoriero, Esteban (2021), “La Armada argentina y su enfoque para la ‘guerra contra la subversión’ en los comienzos del terrorismo de Estado (1973-1976)”, Revista Austral de Ciencias Sociales, vol. 40, pp. 239-255, [disponible en ].

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1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en las X Jornadas de Historia de la Patagonia organizadas por la Universidad Nacional del Sur en la ciudad de Bahía Blanca entre el 23 y el 25 de octubre de 2024.
2 En el campo de la historia reciente es posible encontrar una gran cantidad de trabajos que contribuyen a complejizar la mirada sobre el impacto de la última dictadura. Algunos de ellos abordan las diversas formas de detención, represión y persecución (D´Antonio, 2016; Garaño, 2020) o de vigilancia (Águila, 2014), mientras otros se enfocan en las experiencias locales de la dictadura (Scatizza, 2016). Para analizar el rol de la Armada (sector de las Fuerzas Armadas que controló y administró Tierra del Fuego durante la dictadura) y su participación en la represión y colaboración con otras fuerzas, tenemos como referencia los trabajos de Barragán e Iturralde (2019; 2024) y de Pontoriero (2021).
3 A inicios de los años 70 la escasa población instalada en Tierra del Fuego representaba un motivo de preocupación para las Fuerzas Armadas y sectores nacionalistas por cuestiones geopolíticas, mucho más considerando la alta proporción de población de origen chileno que habitaba la isla. Gracias al estímulo de la Ley de Promoción Industrial N° 19.640 (del año 1972) y al incremento de las oportunidades laborales, la población de Tierra del Fuego pasó de 13.527 habitantes en 1970, a 27.358 en 1980 y 69.227 en 1991. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Censos Nacionales de Población y Viviendas 1970, 1980, 1991, [disponible en - consultado el 20 de marzo de 2025).
4 Poco antes del golpe de Estado de 1955 se aprobó una ley que creaba una provincia denominada “Patagonia” conformada por la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego y el Territorio Nacional de Santa Cruz. Con la llamada “Revolución Libertadora” este proyecto no prosperó y Tierra del Fuego volvió a su situación anterior.
5 Sobre el proceso político que llevó a la provincialización de Tierra del Fuego, cfr. Antueno Berisso (2015).
6 Previo a 1983, las pocas excepciones de gobernadores civiles fueron Ruperto Bilbao Arriola (1963-1966) y Mariano Loedel (1973-1974). Con el gobierno de Raúl Alfonsín, se inició el período de gobernadores civiles y se avanzó en proyectos para que Tierra del Fuego alcanzara la provincialización, lo que se concretó con la aprobación de la Ley N° 23.775 en abril de 1990.
7 En 1947 se estableció en la ciudad de Río Grande el Destacamento de Seguridad de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, donde se asentó a los pocos años el Batallón de Infantería de Marina N° 5 Ec. (BIM 5). En 1950 se instaló la Base Naval en Ushuaia.
8 El 12 de octubre de 1884 se estableció en Ushuaia la entonces Subprefectura de Tierra del Fuego, hoy Prefectura Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, siendo la primera fuerza del Estado nacional en asentarse en la isla. En 1885 se creó la Policía del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, que tras la provincialización se transformó en la Policía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
9 Sobre el rol y el reclutamiento de los funcionarios provinciales durante la dictadura militar, cfr. Canelo (2011). Durante la última dictadura, la Armada controló Tierra del Fuego, Río Negro y, desde 1978, Chubut. De esta manera, ampliaba su autoridad sobre la región patagónica, de gran importancia dadas las tensiones con Chile y Gran Bretaña.
10 Dada la ubicación en el extremo sur del país, para los habitantes de Tierra del Fuego, todas las otras provincias argentinas forman parte de un extenso y genérico “norte”.
11 Figuran en el listado de fueguinos desaparecidos: Guillermo Carlos Barrientos Vargas (desaparecido en noviembre de 1977 en Córdoba), Carlos Juan Newbound (desaparecido en marzo de 1977 en Buenos Aires), Gustavo Alejandro Cabezas (desaparecido en mayo de 1976 en Martínez, provincia de Buenos Aires), Juan Carlos Mora y su compañera Silvina González (desaparecidos en La Plata en diciembre de 1976, ella embarazada de 5 meses). Algunos registros incorporan dos casos sobre los que no existen mayores precisiones ni testimonios: Miguel Ángel Hoyo (un joven conscripto de la provincia de Buenos Aires que cumplía con su servicio militar en la Base Naval y que fue secuestrado en julio de 1977 cuando retornaba en un vuelo que tenía como destino Ezeiza) y Leandro Jorge Campo Lucci (quien, según los archivos de la CONADEP, fue secuestrado en Ushuaia en febrero de 1979). Cfr. https://www.latdf.com.ar/2017/03/difunden-listado-de-fueguinos.html y CONADEP (1984: 364).
12 Como el caso de José María Novielo, un joven fueguino que a los 17 años se trasladó para estudiar en la Universidad Nacional de La Plata, ciudad donde comenzó a trabajar y a desarrollar su militancia política. En octubre de 1976 fue secuestrado y pasó por varios centros clandestinos de detención. Más tarde fue trasladado a la Unidad 9 y recuperó su libertad en 1981. Marchó al exilio a Canadá, donde falleció en febrero de 2025. Cfr. https://unlp.edu.ar/apoyoajuicios/resenas-de-las-audiencias/resenas-juicio-brigadas/audiencia-del-8-de-marzo-de-2022-3775/
13 En su condición de Territorio Nacional, la isla no contaba con autonomía ni con instituciones provinciales, por lo tanto, la Policía Territorial también dependía del Gobierno nacional, y en los años del “Proceso de Reorganización Nacional” estaba bajo la jurisdicción de la Armada. Con respecto a la ausencia de señalizaciones en Tierra del Fuego y la única mención de la comisaría de Ushuaia como sitio de memoria, puede verse en: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/sitiosdememoria. Sin embargo, aún no se ha logrado instalar la identificación como sitio de memoria de manera oficial en el edificio de la comisaría de Ushuaia. Sí fue colocado en Río Grande un memorial frente al sitio donde fue asesinada la maestra Florencia Rojas en diciembre de 1982.
14 En ambos casos, es necesario indagar sobre cómo impactó en los integrantes del BIM 5 la derrota de Malvinas y el desprestigio alcanzado por las Fuerzas Armadas, y cómo esto afectó la relación con la sociedad civil en una comunidad pequeña como era la de Río Grande a inicios de los años 80. Sobre este tema, cfr. Fernández (2023).
15 Como mencionamos, la secuencia de los libros policiales no está completa, y su identificación por temas es bastante confusa. Para los años de la dictadura, hay un solo tomo referido a las notas y trámites iniciados ante la Policía Territorial y es el que incluimos en este trabajo.
16 Libro de registro de las notas y trámites iniciados. Período 05-07-1976 a 06-12-1977, pp. 2-13 y 26-39. Comisaría de Ushuaia, Archivo de la Policía Territorial, Museo del Fin del Mundo, Ushuaia.
17 Libro de registro de las notas y trámites iniciados. Período 05-07-1976 a 06-12-1977, pp. 32, 138 y 180. Comisaría de Ushuaia, Archivo de la Policía Territorial, Museo del Fin del Mundo, Ushuaia.
18 Entrevista realizada a María Angélica Caimapo en Ushuaia el 21 de octubre de 2014 por Gabriela Fernández, Laura Horlent y Agustín Coto.
19 Entrevista realizada a María Angélica Caimapo en Ushuaia el 21 de octubre de 2014 por Gabriela Fernández, Laura Horlent y Agustín Coto.
20 En Argentina, desde antes del golpe de Estado estaban prohibidas las agrupaciones armadas y se encontraba vigente la Ley 20.840 (del 28 de septiembre de 1974) que establecía penas severas para las actividades subversivas. Como explica Marina Franco: “El 25 de septiembre de 1974 el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley de Seguridad para la ‘represión de la actividad terrorista y subversiva’. La Ley se aprobó en pocos días. La misma establecía en su artículo 1° la imposición de prisión a quién ‘para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional’. Dentro de ello, quedaban comprendidos el adoctrinamiento, el proselitismo, la apología del delito, la edición, distribución y difusión de materiales impresos, la alteración de la identidad, el uso de insignias, etc. (Ley N°20.840, 28 de septiembre de 1974). Una vez aprobada la Ley de Seguridad fue utilizada como justificación de innumerables operativos de detención de personas, de clausura de medios de prensa, de conflictos laborales y de persecución sistemática de la militancia política de izquierda” (2012: 118 y siguientes). La ley 20.840 en su artículo 2, inciso “c” establece: Art. 2: Se impondrá prisión de dos a seis años: c) Al que tenga en su poder, exhiba, imprima, edite, reproduzca, distribuya o suministre, por cualquier medio, material impreso o grabado, por el que se informen o propaguen hechos, comunicaciones o imágenes de las conductas previstas en el artículo 1º. Cfr. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73268/norma.htm
21 Para los eventos relativos a la detención y el proceso que se le siguió a este grupo de seis trabajadores de YPF de la zona norte de la isla de Tierra del Fuego, cfr. Rodríguez (2024).
22 Carlos Zampatti vive actualmente en Tierra del Fuego, es agrimensor y un reconocido escritor de obras literarias ambientadas en Ushuaia.
23 Libro de novedades. Período 01-06-76 a 27-06-76, p. 59. Comisaría de Ushuaia, Archivo de la Policía Territorial, Museo del Fin del Mundo, Ushuaia.
24 La carta completa de Carlos Zampatti se encuentra disponible en: https://darlapalabra.com.ar/nota/330/24_de_marzo_carta_abierta_a_julio_corvalan_de_la_colina_un_tipo_con_las_pelotas_bien_puestas_por_carlos_zampatti/
25 Entrevista realizada a Carlos Zampatti en Ushuaia el 5 de mayo de 2022 por Gabriela Fernández.
26 Entrevista realizada a Carlos Zampatti en Ushuaia el 5 de mayo de 2022 por Gabriela Fernández.
27 Libro de novedades. Período 08-03-76 a 20-04-76, p. 253. Comisaría de Ushuaia, Archivo de la Policía Territorial, Museo del Fin del Mundo, Ushuaia.
28 Libro de novedades. Período 08-03-76 a 20-04-76, pp. 257 y 259. Comisaría de Ushuaia, Archivo de la Policía Territorial, Museo del Fin del Mundo, Ushuaia.
29 El testimonio de Graciela Sebeca se encuentra en la causa judicial, disponible en: https://www.cij.gov.ar/inicio.html y https://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/bbca32.html.
30 Después de una larga búsqueda y de muchas gestiones, pudimos localizar a Graciela Sebeca, que ya no vive en la provincia de Tierra del Fuego. En julio de 2024 le hicimos una larga entrevista que no llegó a ser incluida en este trabajo. En su testimonio ella asegura que fue alojada en la comisaría de Ushuaia, pero que solo tuvo contacto con personal militar y que en ningún momento estuvo con agentes de la Policía Territorial.
31 La dificultad para acceder a los testimonios no se debe solo al paso del tiempo, el fallecimiento o edad avanzada de algunos de los protagonistas o testigos que podrían aportar información, sino también a que en muchos casos se trata de personas que no viven actualmente en la isla. Por otro lado, en la sociedad fueguina, los lazos personales o familiares con personal de la Armada llevan a que muchas veces se prefiera adoptar un silencio que permita habitar una cómoda sensación de que el terrorismo de Estado no se desplegó en la isla.