Introducción
El 22 de agosto de 1967 el gobierno de facto promulgó la Ley 174011, bajo la denominación “Comunismo. Calificación de actividades como delictivas por parte de la Secretaría de Informaciones de Estado”, que estuvo vigente durante la llamada Revolución Argentina. Esta normativa, conocida como “ley anticomunista”, penalizaba actividades consideradas de motivación ideológica, calificándolas como delitos vinculados a la propagación o difusión del comunismo, y preveía penas de prisión, clausura de locales y secuestro de material, sin posibilidad de excarcelación ni condena condicional.
En este artículo nos proponemos analizar los antecedentes y los efectos de la Ley 17401 en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El objetivo es indagar cómo esta normativa fue discutida, interpretada y aplicada dentro del organismo, y qué implicancias tuvo en relación con las formas de control político e ideológico sobre el campo científico durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía (1966-1970). De manera más general, nos interesa mostrar cómo se configuraron las condiciones institucionales y discursivas que antecedieron a la represión ilegal de la última dictadura militar iniciada en 1976. En este sentido, el análisis busca situar la aplicación de la ley en un proceso más amplio de vigilancia y disciplinamiento institucional, atendiendo tanto a los cambios normativos como a las transformaciones en las prácticas y en los equilibrios internos del Consejo. Retomando planteos señeros de Caldelari y Funes (1997), se examina el modo en que la implementación de la Ley 17401 se articuló con modificaciones en la composición y el funcionamiento del Directorio del CONICET, en un contexto atravesado por la Doctrina de Seguridad Nacional y por debates en torno al lugar de la ciencia y los científicos en un gobierno de facto. Asimismo, se exploran las condiciones institucionales y discursivas que, sin establecer relaciones mecánicas ni lineales, permiten pensar continuidades con modalidades de control que se profundizarían en etapas posteriores.
En términos cronológicos, el presente artículo delimita el estudio al período comprendido entre 1963 y 1970, centrándose fundamentalmente en los debates que se dieron a fines de la década de los sesenta. Esta decisión metodológica busca garantizar una estricta coherencia entre el problema de investigación y el corpus documental analizado, con el objetivo de reconstruir una genealogía de la construcción del “enemigo interno” (Franco, 2012) en el ámbito científico argentino. El arco temporal propuesto indaga desde las formas tempranas de denuncia ideológica —representadas por el folleto anónimo de 1963— hasta la posterior institucionalización de los mecanismos de vigilancia y control durante la “Revolución Argentina” (1966-1970), tras la sanción de la ley anticomunista en 1967. Al focalizar el estudio en estos años, se busca profundizar con mayor densidad el papel de las mediaciones institucionales y los circuitos burocráticos internos, evitando incurrir en generalizaciones sobre etapas posteriores que, por su complejidad y especificidad empírica, exceden los objetivos de este trabajo.
Siguiendo este recorte temporal, el artículo se basa en el análisis de fuentes primarias para reconstruir la dinámica interna del CONICET. En primer lugar, relevamos las Actas de Directorio que registran los debates, tensiones y decisiones institucionales, obrantes en el Archivo General de CONICET. Nos propusimos revisar las actas de aquellas reuniones posteriores a la Ley 17401 para conocer las repercusiones de su sanción en el ámbito decisorio del Consejo. Más allá de su carácter formal y administrativo, estos documentos posibilitan el acceso a los modos en que el Directorio procesó —explícita o implícitamente— un nuevo clima normativo y político, así como a las estrategias, las responsabilidades y las decisiones que se tomaron en un marco de creciente vigilancia ideológica. Se trata de 18 Actas de Directorio correspondientes a 1967, desde marzo hasta diciembre del mismo año2. Dentro de este corpus, se examinó en particular un Acta en la que se consignó la realización de una “reunión secreta”, convocada para discutir el tratamiento que el Consejo daría a la nueva normativa. Esta instancia ya ha sido señalada por la historiografía previa sobre el tema (Feld, 2015a y b; Garaño y Bekerman, 2023), y en este trabajo pretendemos realizar un análisis detenido de su contenido y alcances.
En segundo lugar, relevamos una publicación de tipo folleto, de carácter no institucional, que resultó clave para el estudio de los procesos tempranos de vigilancia ideológica en el CONICET3. Se trata de un informe anónimo, fechado en 1963, titulado “Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista”, destinado a denunciar la supuesta existencia de un “grupo comunista” al interior del organismo. La ausencia de firma, el tono acusatorio y la construcción de un “enemigo interno” constituyen rasgos centrales del documento, que explicitan los contenidos de la denuncia y también las lógicas de producción y circulación de este tipo de materiales en el contexto más general de la Guerra Fría. El informe fue localizado en la biblioteca de la Casa Museo Houssay4 y su hallazgo orientó nuevas preguntas sobre las continuidades entre prácticas de estigmatización política previas al golpe de 1966 y los dispositivos represivos que se profundizaron en los años posteriores. A lo largo del trabajo, este documento es considerado como una fuente que articula discursos anticomunistas, disputas al interior del campo científico y estrategias de deslegitimación de determinados actores acusados de infiltrarse en el Consejo Nacional. Su análisis y uso combinado con otras fuentes permitieron restituir la trama de conflictos, actores y representaciones que se articularon en torno a la noción de “peligro ideológico” dentro del organismo de Ciencia y Técnica.
El trabajo se guía por una serie de preguntas que estructuran la investigación: ¿Qué debates generó al interior del Directorio y cómo se implementó la Ley 17401 en CONICET? ¿Qué actores fueron señalados como “peligrosos” o “infiltrados” y con qué prácticas, grupos y pertenencias se los asoció? ¿Cómo se construyó discursivamente la idea de “infiltración comunista” en el campo científico? Finalmente, quedará abierta la pregunta de qué revelan las Actas sobre las continuidades y rupturas entre el discurso represivo de Onganía y el de la dictadura de 1976, y de qué manera las tensiones internacionales de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional incidieron en la regulación del quehacer científico en Argentina.
Esta investigación se inscribe en el campo de la historia reciente en la Argentina, un área en constante expansión y debate (Franco y Levín, 2007; Bohoslavsky et al., 2010; Franco y Lvovich, 2017; Águila, et al., 2018). El trabajo dialoga de manera directa con la renovación producida en los estudios sobre represión durante la última década, impulsada por las contribuciones de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER) y aquellos estudios que priorizan una mirada de mediano y largo plazo sobre la violencia estatal (Águila, et al., 2016; 2020; 2025; Bohoslavsky y Franco, 2020). Como ya adelantamos, esta nueva perspectiva para pensar la represión estatal por fuera de los límites de la última dictadura (1976-1983) permite situar las prácticas del CONICET como parte de un proceso más amplio de construcción de un “enemigo interno”. Al proponer un abordaje que articula los estudios sobre el Estado con el análisis del anticomunismo, buscamos trascender las visiones puramente institucionales para indagar en las tramas sociales, las actitudes y los comportamientos burocráticos que facilitaron la legitimación de la vigilancia (Luciani, 2009; Lvovich, 2009; 2010; Sarrabayrouse Oliveira, 2011; Villalta, 2012). Asimismo, el marco analítico se nutre de las nuevas lecturas sobre el Onganiato (Galván y Osuna, 2014), cuyas investigaciones sobre la dimensión política y cultural de esa dictadura contribuyen a comprender el clima de época en el que se produjeron intervenciones como la “Noche de los Bastones Largos” (cfr. también Lamaisón, et al., 2025). Finalmente, este enfoque se orienta a establecer puentes con los estudios pioneros sobre la represión y las depuraciones de personal que sufriría el CONICET en la década subsiguiente (Caldelari y Labra, 2016; Garaño y Bekerman, 2023).
De manera tentativa, se proponen algunas hipótesis formuladas a partir del diálogo con la bibliografía especializada. En particular, los intercambios y los estudios pioneros e inéditos de María Caldelari (1985) y un informe de 1989 sobre hechos ocurridos en el CONICET entre 1976 y 1983 constituyen una referencia central para este análisis. En primer lugar, sostenemos que la sanción de la Ley 17401 constituyó un hecho que formó parte de un proceso progresivo de control ideológico sobre la investigación científica. En segundo lugar, que el CONICET se configuró como un espacio de disputa entre proyectos de ciencia autónoma y políticas estatales de control, donde el discurso anticomunista (Bohoslavsky y Franco, 2024) funcionó como herramienta de legitimación de ciertas jerarquías internas y de exclusión de otros sectores críticos. Finalmente, que el anticomunismo no operó únicamente desde “arriba hacia abajo” —a través del Estado o los aparatos represivos—, sino también dentro de las propias instituciones científicas, moldeando relaciones de poder y definiendo qué formas de producción del conocimiento resultaban legítimas o, en cambio, eran tildadas de sospechosas.
La antesala de la represión ideológica
Durante las décadas de 1950 y 1960, la política científica y universitaria argentina se desenvolvió en un escenario signado por la polarización internacional de la Guerra Fría. Aunque las universidades y el CONICET alcanzaron cierta estabilidad y autonomía entre fines de los cincuenta y mediados de los sesenta, el proceso de modernización científica estuvo atravesado por tensiones políticas e ideológicas (Feld, 2009).
En Argentina, el 5 de febrero de 1958, el gobierno provisional de Pedro Aramburu decretó la creación del CONICET sobre la base de organismos preexistentes, consolidando un impulso a la investigación científica y tecnológica. Diversos autores identifican la coexistencia de dos modelos de política científica: uno liderado por Bernardo Houssay y otro asociado a Rolando García5 (Cereijido, 2000; Hurtado, 2010; Kreimer, 2010).
El “grupo Houssay” representaba una mirada tradicional de la ciencia y era fuertemente reactivo al peronismo. Sus ideales se remontaban a la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia (AAPC) y a su objetivo de crear un sistema de financiamiento centrado en la filantropía y en aportes del Estado con el propósito dominante de subsidiar proyectos de investigación y becas para el envío de investigadores al exterior: “De acuerdo con esta postura la ciencia debía financiarse, pero debía ser liberada de las intervenciones ajenas a su propia lógica interna” (Hurtado, 2010: 109).
El otro grupo, reunido en torno a la figura de Rolando García, mantenía una visión más “moderna” de la ciencia, “ligada a los cambios que en ese entonces significaba la emergencia de la big science” (Kreimer, 2010: 117). Para este grupo, era perentorio vincular el desarrollo científico a un panorama más amplio de necesidades sociales y a un proyecto político de mayor alcance. Proponían la promoción de nuevas áreas y el fomento de la investigación en el interior del país, con un mayor presupuesto. Según Cereijido (2000), García pretendía un aporte económico masivo para que el CONICET no fuera un par de “ventanillas” —recepción de solicitudes de becas y subsidios, concesión o rechazo—, sino un organismo que planease e impulsase la actividad de Ciencia y Tecnología (CyT) de todo el país. Houssay, por el contrario, prefería que fueran los investigadores quienes propusieran proyectos y solicitaran fondos.
Finalmente, prevaleció la perspectiva de Houssay, lo cual significó la implementación de un modelo de asignación de recursos que dejaba en manos de los investigadores individuales la decisión de determinar la orientación de la ciencia. De esta manera, la conducción del organismo, presidida por el Premio Nobel (1947), enfatizó el fortalecimiento de la investigación básica privilegiando las ciencias naturales y las biomédicas, en desmedro de la investigación aplicada y las humanidades, y con menor atención en las demás áreas del conocimiento. Esta orientación, que se mantuvo hasta 1966, constituyó un comienzo de formulación de política científica explícita orientada a “reforzar el statu quo inicial antes de plantear desarrollos en una perspectiva tendiente a balancear mejor la composición del Complejo Científico y Tecnológico” (Oteiza, 1992: 172-229). A pesar de las tensiones iniciales, hubo entusiasmo por contar con una institución dedicada exclusivamente a organizar la investigación científica, y el apoyo recibido por el presidente Arturo Frondizi (1958-1962) contribuyó a mantener este equilibrio. Los instrumentos de promoción utilizados fueron el establecimiento de la carrera del investigador científico (creada en 1961), la carrera del personal de apoyo a la investigación y desarrollo (creada en 1965), un programa de becas, destinado a la formación de investigadores tanto en el país como en el extranjero, y un programa de subsidios para investigaciones, adquisición de equipos o instrumental de investigación, para contratación de investigadores extranjeros y para viajes al exterior.
A nivel regional, la Revolución Cubana de 1959 marcó un punto de inflexión en las percepciones estadounidenses sobre la región. El triunfo de un movimiento socialista en el hemisferio occidental alimentó la idea de que el subdesarrollo y la desigualdad constituían un terreno fértil para la expansión de las ideologías “comunistas”. Frente a ese diagnóstico, la política exterior norteamericana buscó impulsar estrategias reformistas que contrarrestaran los proyectos revolucionarios mediante el fomento del desarrollo económico y la asistencia técnica. Así, la Alianza para el Progreso, lanzada en 1961, se presentó como una alternativa que combinaba modernización, estabilidad política y control ideológico (Feld, 2009).
En la Argentina, el proyecto desarrollista de Frondizi se inscribió en este marco. Su programa de gobierno apostaba a la atracción de capitales extranjeros para promover la industrialización y fortalecer sectores estratégicos como la energía, la siderurgia y la petroquímica. Ese modelo también se vinculó con la expansión de la ciencia y la tecnología como herramientas del desarrollo. Sin embargo, esa apertura tuvo un costo político: la creciente dependencia de los fondos y de las agendas de cooperación impulsadas desde EE. UU. Las fundaciones Ford y Rockefeller, actores centrales en la circulación de recursos para la ciencia latinoamericana, no fueron neutrales respecto de la orientación ideológica de los beneficiarios. Como muestra Feld (2009), estas instituciones no solo financiaban programas académicos y de investigación, sino que —preocupadas por evitar el avance del comunismo— también evaluaban los antecedentes políticos de los candidatos.
Estas prácticas de vigilancia y condicionamiento ideológico formaron parte de un entramado más amplio en el que la cooperación científica internacional se superponía con los dispositivos de inteligencia del Estado argentino. Según Feld (2015a), ciertos documentos oficiales norteamericanos incluían anexos secretos que proponían utilizar canales civiles y diplomáticos —como los intercambios y congresos científicos— para obtener información sobre las capacidades tecnológicas de otros países. De este modo, la expansión de la investigación científica y la asistencia técnica se integraron a la estrategia de seguridad nacional de los EE. UU. La creación de la Oficina de Inteligencia Científica dentro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), las fundaciones y la influencia ejercida sobre organismos internacionales consolidaron un modelo de proyección del poder norteamericano que vinculaba ciencia, desarrollo y anticomunismo.
El acercamiento argentino a EE. UU. y a las instituciones dominadas por su influencia generó, en consecuencia, efectos ambivalentes. Por un lado, permitió el acceso a financiamiento y cooperación técnica; por otro, promovió un cambio de orientación en las Fuerzas Armadas y en el Estado argentino. La “lucha contra el comunismo” pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda oficial, desplazando la histórica preocupación por la industrialización nacional (Rouquié, 1986). Este viraje ideológico contribuyó a legitimar el uso del aparato estatal —y en particular, los servicios de inteligencia— como instrumentos de control político e ideológico sobre el sistema universitario y científico.
Entre 1963 y 1966 el país volvió a estar bajo un poder democrático a cargo del gobierno del radical Arturo Illia. En este período se mantuvieron las disputas dentro del Directorio del CONICET. A mediados de febrero de 1965, se seleccionaron nuevas autoridades y Houssay fue nuevamente electo presidente, aunque en esta oportunidad se eligió como vicepresidente a Pedro Carriquiriborde. Rolando García había cumplido dos períodos consecutivos y no era reelegible, a diferencia de Houssay, que había sido nombrado miembro vitalicio. Al conflicto entre grupos se sumaba el hecho de que, en relación al conjunto de organismos descentralizados de investigación, el CONICET se encontraba en una situación de debilidad presupuestaria. Feld (2015b) sostiene que, para 1966, el presupuesto del Consejo representaba solo un
6,6 % del total del presupuesto para organismos descentralizados y un 4,9 % del presupuesto del conjunto de organismos públicos (centralizados y descentralizados). Entre los organismos descentralizados el mayor porcentaje correspondía al INTA (39,7 %), al que le seguían, en orden decreciente, la CNEA (28,1 %), el Instituto Nacional de Geología y Minería (7,8 %), el CNICT y el INTI (6,3 %) (Feld, 2015b: 13).
Ante el golpe militar de 1966, que destituyó a Illia y puso al general Onganía al mando del país, el Directorio del CONICET discutió la actitud que el Consejo debía tomar y sostuvo la continuidad institucional, apelando al carácter técnico de sus funciones. En ese momento, el Consejo Nacional se regía por el Decreto-Ley N.º 1291/1958, que había creado el organismo y fijaba la estructura y selección de su Directorio, con autoridades designadas por el Poder Ejecutivo Nacional (repitiendo el mandato orgánico del decreto)6. El Acta de Directorio de la reunión del 2 de agosto de 1966 reafirmaba la necesidad de que los científicos trabajaran con independencia de cualquier situación política (Hurtado, 2010).
Sin embargo, las relaciones entre el Consejo Nacional y el Poder Ejecutivo se tensaron como consecuencia de la intervención del gobierno en las universidades y todos los organismos del campo académico y científico —fundamentalmente, con “La Noche de los Bastones Largos” (Lamaisón, et al., 2025)—, lo cual significó un quiebre en la autonomía del CONICET para elegir sus autoridades. Hasta ese momento, los candidatos propuestos al Poder Ejecutivo para la renovación del Directorio habían sido aprobados en forma automática. Sin embargo, los candidatos surgidos de la elección en diciembre de 1966 no recibieron confirmación del Ejecutivo, que en 1967 exigió el envío de una nómina de los postulantes entre los cuales pudiera elegir a los “más adecuados” (Hurtado, 2010).
En la reunión de diciembre de 1967, el nuevo Directorio del CONICET aceptó una resolución de los servicios de seguridad por la cual, antes de considerar los antecedentes de un postulante a la carrera del investigador, su nombre debía ser sometido a investigación a cargo de los agentes de inteligencia del Estado (Hurtado, 2010). El entonces secretario general de la Presidencia de la Nación, general de brigada Héctor Repetto, dirigió un memorándum al dictador Onganía explicando los objetivos que se habían perseguido en ocasión de la renovación parcial del Directorio del CONICET. El documento establecía:
(1) Eliminar al grupo izquierdista que aún se encuentra en el Directorio y en las Comisiones Asesoras y Regionales y que sigue actuando en favor de los grupos marxistas de las Universidades y de los renunciantes. (…); (2) Disminuir la influencia del grupo Houssay-Deulofeu; (3) Aumentar el número de personas independientes, pertenecientes a disciplinas no médicas (citado en Hurtado, 2010: 130).
En el próximo apartado profundizamos sobre estos hechos y los acontecimientos que se desarrollaron en el CONICET durante el gobierno dictatorial del general Onganía.
Enemigo interno: “Infiltración comunista en CONICET”
Durante los gobiernos de Frondizi (1958-1962) y José María Guido (1962-1963), la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) desempeñó un papel central en la elaboración de informes sobre la “infiltración comunista” en las universidades nacionales, en los que se mencionaban profesores e investigadores de reconocida trayectoria (Feld, 2015a). Estas tensiones también tuvieron efectos en la vida interna del CONICET.
La destitución del presidente Frondizi, en marzo de 1962, implicó un proceso de ruptura y polarización dentro del CONICET que tuvo como hecho disparador la intervención del Instituto Nacional de Microbiología “Dr. Carlos Malbrán” y la suspensión de su director, Ignacio Pirosky, que era además miembro del Directorio del Consejo. Acusado de irregularidades administrativas, Pirosky debió defenderse en 1962 ante el Directorio del Consejo, negó ser comunista y reivindicó su trayectoria científica. A pesar de su descargo, fue exonerado y posteriormente excluido del Directorio, y su lugar fue ocupado por un hombre del círculo de Houssay: Armando Parodi (Feld, 2015a).
Hacia mediados de la década, la lógica de sospecha anticomunista comenzó a institucionalizarse dentro del campo científico. El ya mencionado informe anónimo producido a principios de 1960, titulado “Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista”, permite reconstruir ese proceso, que denunciaba la existencia de un supuesto “grupo comunista” dentro del CONICET y acusaba a sus miembros de utilizar la figura de Houssay como pantalla (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista, ca. 1963: 1)7.
Figura 1. Detalle del informe anónimo
Fuente: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista (ca. 1963).
El anónimo refleja, desde su página inicial, el clima de persecución y polarización que comenzaba a profundizarse en el organismo de ciencia y tecnología, marcado por la sospecha ideológica:
El presente folleto está destinado a poner en evidencia la actualidad de un grupo pro comunista en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (...) herramienta de importancia decisiva para el desarrollo científico y técnico del país.
Algunos no lo advierten o no creen en su existencia, porque confían en que la presencia del Dr. Bernardo A. Houssay, Premio Nobel y anticomunista reconocido, es garantía suficiente frente a cualquier intento de infiltración o de parcialidad en las decisiones del Consejo (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista, ca. 1963: 1).
A continuación, el documento se encargaba de nombrar quiénes integraban ese grupo. Mencionaba al Dr. Rolando V. García, vicepresidente en ese momento —lo cual permite identificar el año del documento circa 1963—, y se lo señalaba por tener conexiones internacionales con “una ética discutible”; el ingeniero Humberto R. Ciancaglini, a quien se le atribuía haber manifestado públicamente su apoyo a la fórmula R. Frondizi-R. García en las elecciones universitarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1958-1962; el ingeniero José Babini, identificado como “comunista activo” que habría organizado un “copamiento” en la Universidad Nacional del Nordeste durante la llamada “Revolución Libertadora”; y el Dr. Alberto Zanetta, caracterizado como liberal democrático que venía mostrando un “ablandamiento espiritual” ligado a García.
Más allá del listado de individuos mencionados, el documento resulta significativo en tanto permite observar cómo determinados sectores decodificaban el funcionamiento interno del organismo, atribuyéndole una estructura de relaciones: los modos de agrupamiento entre actores, los circuitos de influencia que se les asignaban y las relaciones de dependencia que, desde esa mirada, organizaban el funcionamiento del Directorio del CONICET: “Señalamos aquí quiénes forman el grupo y cómo actúan, y luego daremos algunos ejemplos concretos de parcialidad en las decisiones del Directorio, que benefician directamente a personas de su grupo o a determinados institutos o facultades” (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista, ca. 1963: 1).
El documento continuaba describiendo cómo estas cuatro personas podían ejercer presión sobre el resto de los miembros del Directorio. Describía el perfil de cada uno y los modos en que podían ser influenciados, para luego analizar cómo se organizaban dentro del Consejo y, en consecuencia, cómo podían actuar en su interior. Entre ellos, el Dr. Félix González Bonorino era identificado como liberal, aunque se vinculaba su carrera profesional en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y su cargo como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, con posibles intervenciones a su favor realizadas por Rolando García. Al Dr. Eduardo De Robertis, calificado como “liberal de izquierda”, se lo acusaba de alojar a “reconocidos comunistas” en el Instituto de Anatomía General y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Por su parte, los Dres. Venancio Deulofeu, Luis Santaló y Luis F. Leloir eran considerados independientes de criterio, pero dependientes financieramente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cuyo decano seguía siendo el Dr. Rolando García.
El resto del Directorio también era caracterizado en el documento. El órgano máximo del Consejo estaba compuesto por el Dr. Alfredo Lanari, descripto como “liberal de izquierda, criterioso y capaz”; el ingeniero Lorenzo Parodi, “liberal con cierta simpatía por la izquierda”, quien se limitaría a opinar únicamente sobre su especialidad; el Dr. Armando Parodi, “liberal democrático”, de quien manifestaba que solo opinaba sobre su especialidad, pero era “susceptible de ser presionado”; el capitán ingeniero Ascencio Lara, representante de la Junta de Investigaciones de las Fuerzas Armadas, “anticomunista probado”, con escaso peso en un Directorio caracterizado por su perfil antimilitarista; el profesor Héctor Blas González, director general de Cultura de la Nación, radical intransigente de “poca gravitación por no ser científico”; y el arquitecto Raúl O. Hinsch, secretario ejecutivo, quien ocupaba un cargo administrativo de gran importancia y además mantenía un vínculo cercano con Rolando García desde la infancia. Por último, se indicaba que en 1962 se había exigido la renuncia del taquígrafo Dr. Minond, por sus antecedentes “comunistas”.
La inclusión de estos detalles no solo permitía mapear la estructura formal del Directorio del Consejo, sino también legitimar la narrativa de la “infiltración comunista”. A través de la identificación de miembros presentados como “sospechosos” (vinculados al entorno de Rolando García por relaciones de proximidad, afinidades ideológicas o dependencia de recursos), el documento construía un contraste con otros actores caracterizados como “neutrales”, asociados al grupo de Houssay. De este modo, se reforzaba la idea de que determinados cuadros debían ser desplazados para “proteger” a la institución. A partir de estos perfiles, elaborados por el propio texto, se delinean distintas modalidades de ejercicio del poder informal al interior del CONICET.
El documento señalaba nombres propios y avanzaba en la identificación de modalidades concretas de influencia y control del organismo. Algunos actores concentraban cargos considerados estratégicos (en comisiones asesoras, comités ejecutivos o instancias de gobierno universitario) desde los cuales podrían incidir en la asignación de becas, subsidios y nombramientos. Finalmente, el anónimo atribuía un peso significativo a las influencias indirectas ejercidas a través de vínculos personales, relaciones de confianza y afinidades políticas, que funcionarían como mecanismos complementarios a las reglas formales de la institución8.
A partir de un mapeo de la estructura del Consejo, el folleto proponía una radiografía del grupo denunciado como “comunista” dentro del CONICET. En primer lugar, en el Directorio, el órgano máximo; luego, en el Comité Ejecutivo, donde se desempeñaban cinco miembros y se señalaban tres pertenecientes al grupo; en la Comisión de Becas; en la Comisión de Subsidios, donde se indicaba que “el grupo” tenía mayoría; en la Junta de Calificación de la carrera del investigador científico; en diez Comisiones Asesoras Técnicas, presididas cada una por un Director —de las cuales cinco estaban a cargo de integrantes del grupo y tres dependían del Dr. García—; y en seis Comisiones Regionales, que informaban sobre los asuntos de su respectiva región universitaria: Centro, Sur, Cuyo, Litoral y Nordeste. Tanto en la región del Litoral como en la región Sur, se identificaban dos directores catalogados de comunistas: el ingeniero Alberto Davis y el Dr. Eduardo H. Rapaport, respectivamente.
Este documento identificaba un peligro en la dinámica del funcionamiento del CONICET: el poder efectivo de la institución estaba ligado al control de las redes y mecanismos de decisión y no siempre al cargo formal en las instancias como el Directorio o las primeras líneas de gestión. Las decisiones pasaban, primero, por las comisiones; luego, al Comité Ejecutivo y finalmente, al Directorio, el cual, en general, aceptaba sin mayores observaciones las recomendaciones del Comité. Por este motivo, el núcleo central a perseguir para evitar la “infiltración comunista” eran las Comisiones Asesoras y Regionales. El folleto sostenía que “el éxito del grupo comunista se explica si se conoce la organización del Consejo y las diversas instancias por las que deben pasar los asuntos” (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista, ca. 1963: 5).
El informe de 1963 no se limitaba a una denuncia genérica, sino que detallaba una nómina de profesionales —predominantemente de las Ciencias Sociales— a quienes presentaba como los “beneficiados” por la supuesta infiltración marxista. La estrategia de deslegitimación consistía en señalar trayectorias académicas en el extranjero o vínculos con figuras del campo intelectual (como Ricardo M. Ortiz o el grupo de EUDEBA) como pruebas de irregularidades administrativas. Casos como los de León Rozitchner, Alberto Cignoli, Elsa Lucrecia Schamisi o Rafael Panzone eran utilizados para ejemplificar una presunta arbitrariedad en la concesión de becas externas en París o Estados Unidos. Asimismo, el documento extendía la sospecha sobre una red más amplia de intelectuales, cuya adscripción ideológica era calificada como “conocida” en el ambiente universitario, incluyendo a figuras que luego serían centrales en la cultura académica argentina, como Tulio Halperín Donghi, Eliseo Verón, Silvia Sigal, Atilio Zadunaisky y otros. Esta catalogación de nombres propios operó como una cartografía de la sospecha, que transformaba trayectorias de excelencia científica en evidencias de un peligro ideológico que debía ser extirpado (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista, ca. 1963: 7-8).
En este sentido, el documento no solo construía una nómina de individuos sospechados, sino que elaboraba una lectura sistemática del funcionamiento interno del CONICET, identificando los circuitos a través de los cuales se procesaban las decisiones y los puntos de intervención considerados estratégicos. Esta combinación permitía delimitar un diagnóstico preciso sobre dónde residía, desde esa perspectiva, el poder efectivo dentro del organismo. De este modo, más que una denuncia aislada, el folleto configuraba una interpretación articulada del Consejo, en la que la sospecha ideológica se apoyaba en un conocimiento detallado de sus mecanismos administrativos y de sus formas de funcionamiento.
Esta caracterización resulta especialmente sugerente en la medida en que desplaza la atención desde las autoridades formales hacia los niveles intermedios de la estructura institucional, señalando allí los espacios de mayor autonomía para la toma de decisión en el campo científico. El análisis del documento permite reconstruir un discurso de sospecha e identificar una clave de lectura sobre el funcionamiento efectivo del organismo que puede ser contrastada con otras fuentes. El estudio de las trayectorias de los cuadros administrativos y de la organización de los circuitos burocráticos del CONICET en esos años logra indagar hasta qué punto ese desplazamiento del poder hacia instancias intermedias se verificaba en la práctica.
En el caso del CONICET, tal como señala Caldelari (comunicación personal con los autores, 2025), este proceso no adoptó inicialmente la forma de una intervención directa sobre la conducción superior del organismo, sino que se desplegó mediante la reorientación de los circuitos burocráticos intermedios y el fortalecimiento de la estructura administrativa. En esta línea, su trabajo permite advertir un desplazamiento efectivo del poder hacia áreas de gestión con alta capacidad operativa, lo que abre la posibilidad de pensar estos niveles como espacios estratégicos para la implementación de orientaciones políticas más generales. Los primeros funcionarios en ocupar estos puestos —Raúl Cardón como secretario ejecutivo y el licenciado Ángel M. Molero como prosecretario— fueron sucedidos por Raúl O. Hinsch, Ángel M. Molero y, posteriormente, José A. Monterroso9. El relevamiento de sus trayectorias administrativas permite advertir la persistencia de un mismo elenco de cuadros en la ocupación de cargos clave dentro del aparato de gestión del CONICET, continuidad que atravesó distintos momentos políticos y cambios en la conducción superior del organismo desde su inicio en 1958 y, en algunos casos, hasta la última dictadura militar. Podemos afirmar que detentaron un poder en la mediana duración, que trascendió distintas autoridades democráticas y dictatoriales.
En el caso de Raúl Cardón, su trayectoria da cuenta de una inserción temprana y sostenida en la estructura administrativa del CONICET. Como secretario ejecutivo fundador, designado en 1958, ocupó un lugar central en la organización inicial del organismo y en la definición de sus circuitos cotidianos. En los años siguientes continuó desempeñándose en cargos de relevancia: fue secretario asesor del Directorio (1961), director del Centro de Documentación Científica (1964), secretario asesor de la Presidencia del CONICET (1968) y asesor de la Secretaría del CONACYT (1969). Aun después de su alejamiento formal de la Secretaría Ejecutiva, su recorrido institucional no se interrumpió, sino que se reconfiguró en funciones estratégicas vinculadas al asesoramiento del Directorio y a áreas clave de gestión. Esta continuidad en el desempeño de cargos administrativos permite observar su presencia prolongada en espacios sensibles de la estructura organizativa del Consejo.
Ángel M. Molero, por su parte, ingresó en 1958 al CONICET y desarrolló un recorrido caracterizado por la acumulación y alternancia de funciones administrativas. A lo largo de los años ocupó cargos vinculados a la gestión de becas (1958), la Prosecretaría Ejecutiva (1961), fue jefe del Departamento de Subsidios (1965) y, en distintos períodos de ausencias de Rául O. Hinsch, desempeñó funciones de secretario ejecutivo interino, además de intervenir en el Centro de Documentación Científica (1967). Su trayectoria muestra una inserción prolongada en áreas particularmente relevantes para el control de recursos y la tramitación de expedientes, así como su participación en circuitos de formación y planificación estatal más amplios.
La trayectoria de Raúl O. Hinsch refuerza esta dinámica de continuidad administrativa en el Consejo Nacional. Según consta en su legajo personal, ingresó al CONICET en 1960 y permaneció en funciones administrativas hasta 1968. Arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires, contaba con antecedentes de capacitación en el exterior (beca otorgada por el Consejo Británico en 1951), lo que contribuyó a delinear un perfil técnico acorde a las tareas desempeñadas dentro del organismo. Su permanencia durante casi una década en la estructura administrativa permite observar la estabilidad de estos cargos intermedios en un período atravesado por transformaciones políticas amplias.
Finalmente, José A. Monterroso aparece en las reconstrucciones administrativas como parte del mismo circuito de gestión del organismo de CyT. Su desempeño en áreas vinculadas a becas y, luego, en subsidios en 1965, como sucesión del cargo previamente ocupado por Molero, refuerza la hipótesis de un patrón de reemplazos internos que tendió a reproducir perfiles y funciones similares dentro de la estructura administrativa del Consejo.
La reconstrucción de estas trayectorias busca analizar las condiciones institucionales que posibilitaron la implementación de mecanismos de control. En este sentido, la persistencia de cuadros administrativos con conocimiento de los circuitos internos y la gestión de recursos evidencia una continuidad burocrática y, a la vez, permite pensar a estos niveles intermedios como un soporte clave para la traducción operativa de orientaciones políticas más generales. Así, la capacidad de incidir en expedientes, recursos y decisiones habría radicado en estos espacios, dotando de eficacia a dispositivos de control que se presentaban como externos al organismo.
Las dinámicas internas analizadas muestran que la sospecha, la vigilancia y el control en el CONICET, aun durante gobiernos democráticos, se constituyeron como antecedentes de diversas formas de intervención que se profundizarían en los años siguientes. En efecto, la capacidad de los niveles intermedios para tomar decisiones configuró un entramado institucional que resultaría particularmente permeable a la incorporación de dispositivos formales de control ideológico cuando estos adquirieron un marco normativo explícito.
En este contexto, la sanción de la Ley 17401 en agosto de 1967 —conocida como ley anticomunista— dio un marco legal específico a estas dinámicas, habilitando mecanismos formales de calificación, control e intervención estatal sobre personas e instituciones consideradas ideológicamente sospechosas. La norma instituyó un régimen jurídico destinado a identificar, calificar y sancionar a personas físicas y jurídicas por su “indudable motivación ideológica comunista” (art. 1°), concentrando en la SIDE la facultad de reunir antecedentes y efectuar dichas calificaciones en procedimientos de carácter secreto (arts. 2° y 3°).
La calificación implicaba un amplio conjunto de inhabilitaciones, entre ellas, la prohibición de desempeñar cargos públicos, ejercer la docencia, acceder a becas o subsidios estatales y participar en asociaciones profesionales o medios de comunicación (art. 6°), así como restricciones migratorias para extranjeros considerados “comunistas” (art. 7°). Asimismo, la norma habilitaba la aplicación inmediata de estas medidas, incluyendo la suspensión automática de cargos públicos o docentes (art. 8°). En paralelo, tipificó como delito penal una amplia gama de actividades definidas de manera imprecisa —“proselitistas, subversivas, intimidatorias o gravemente perturbadoras del orden público”— cuando fueran realizadas con motivación ideológica comunista (art. 11), estableciendo penas agravadas y sanciones accesorias (arts. 13 y 14).
De este modo, la ley no solo criminalizó prácticas políticas, sino que institucionalizó un dispositivo de calificación ideológica con impacto en el funcionamiento de los organismos estatales. En el ámbito académico, operó como un mecanismo de disciplinamiento sobre trayectorias, acceso a cargos y financiamiento, reforzando formas indirectas de control institucional.
Esta articulación entre continuidades administrativas, capacidades burocráticas y un marco normativo represivo permite problematizar el papel de estos dispositivos en la implementación de políticas de control interno, especialmente cuando se legitimaban en discursos de neutralidad técnica.
En los años siguientes, particularmente bajo el gobierno de Onganía, estos elementos no implicaron una mera continuidad, sino que fueron reconfigurados e integrados en un esquema más amplio de control ideológico.
Repercusiones de la ley en el Consejo: Actas de Directorio
En este apartado analizaremos un conjunto de Actas correspondientes al año 1967, con el objetivo de indagar de qué manera la sanción de la Ley 17401 se proyectó sobre las prácticas decisorias del Consejo. A partir de una lectura sistemática, es posible identificar una serie de ejes que estructuraron las discusiones del Directorio. En primer lugar, ocuparon un espacio central los debates relacionados a la incorporación de científicos y a la creación de institutos, particularmente en áreas estratégicas como Física y Matemática. Estas iniciativas se articularon con una preocupación más amplia por fortalecer el sistema científico local, ya sea mediante la atracción de investigadores del exterior o a través de políticas orientadas a evitar la emigración de científicos, especialmente tras los efectos de la “Noche de los Bastones Largos”. En ese marco, las discusiones sobre el desarrollo científico se entrelazaron con prioridades estatales más amplias, como la promoción de áreas asociadas a la defensa nacional y al desarrollo tecnológico. A su vez, estos objetivos se vieron tensionados por las restricciones presupuestarias que atravesaba el organismo, las cuales impactaban tanto en el pago de salarios como en la definición de cupos de becas. Estas limitaciones no solo condicionaban la expansión del sistema, sino que también motivaron gestiones directas del entonces presidente del CONICET, Bernardo Houssay, ante el gobierno de facto de Onganía.
Las Actas también registran debates sobre las relaciones internacionales, que evidencian la inserción del CONICET en circuitos científicos transnacionales en un contexto atravesado por tensiones ideológicas. Por un lado, se destaca la participación argentina en un Programa Regional de Ciencia Multinacional liderado por la OEA, en línea con los vínculos con organismos del bloque occidental. Por otro lado, la visita del profesor A. Smorodintzev, especialista en fiebre hemorrágica, en el marco de un convenio con la Academia Soviética de Ciencias, introduce un elemento de mayor ambigüedad. En este caso, la documentación da cuenta de tensiones generadas por la posible injerencia de la embajada soviética, lo que permite observar cómo los intercambios con el bloque socialista eran leídos a través del prisma de una creciente sospecha anticomunista.
En paralelo, las Actas dan cuenta de discusiones orientadas a la racionalización administrativa del organismo, en sintonía con los lineamientos de la autodenominada Revolución Argentina. Si bien el CONICET sostenía no contar con personal prescindible, se registran debates sobre cesantías por ausencias injustificadas, lo que evidencia la consolidación de mecanismos de control y disciplinamiento interno. Estas medidas no solo respondían a criterios de eficiencia administrativa, sino que también se inscribían en una lógica más amplia de reducción de la planta y reorganización del aparato estatal.
Si bien estos ejes estructuraron la mayor parte de las discusiones del Directorio durante el año analizado, en las últimas tres reuniones (17 de noviembre, 15 y 29 de diciembre de 1967) emergió con particular fuerza un problema específico: la definición de los criterios para la aplicación de la Ley 17401 en el ámbito del CONICET. Este desplazamiento resulta significativo, en la medida en que marca el pasaje desde un clima general de sospecha y control hacia la adopción de mecanismos formales orientados a su implementación.
En el Acta correspondiente al 17 de noviembre de 1967 puede observarse con claridad este proceso de traducción normativa en prácticas institucionales concretas. La discusión no se limita a una referencia abstracta a la ley, sino que se orienta a definir de qué modo debía aplicarse en relación con dos de las funciones centrales del organismo: el otorgamiento de becas y subsidios. Dado que el artículo 6° inhabilitaba a quienes fueran calificados como “comunistas” para acceder a este tipo de beneficios, el Directorio se vio en la necesidad de establecer un criterio operativo para su implementación. En ese marco, se plantearon dos alternativas: por un lado, consultar a la SIDE acerca de los procedimientos generales a seguir, o bien adoptar directamente el criterio que dicho organismo considerara más eficaz; por otro, requerir informes individuales sobre cada postulante como condición previa a la adjudicación de becas o subsidios. Finalmente, a propuesta de Houssay, el Directorio resolvió optar por la primera alternativa, delegando en la SIDE la definición de los criterios de aplicación.
Esta resolución evidencia un desplazamiento del control ideológico hacia un organismo externo de inteligencia, que incorpora una nueva lógica de calificación al circuito administrativo del CONICET sin necesidad de modificar formalmente sus procedimientos. Más allá de su aparente carácter administrativo, revela la disposición del Directorio a subordinar el otorgamiento de becas y subsidios a criterios de control ideológico del régimen dictatorial, integrando de manera directa la vigilancia política sobre el personal científico.
La reunión del Directorio del 15 de diciembre de 1967 fue convocada de forma secreta para discutir la forma en la que el organismo debía aplicar esta ley, dado que en la siguiente reunión estaba estipulado votar subsidios y becas internas10. Participaron los siguientes integrantes del Directorio: Bernardo Houssay, Arturo J. Bignoli, Osvaldo Boelcke, Arturo Burkart, Pedro Cattaneo, Alberto Espezel Berro, Virgilio G. Foglia, Vicecomodoro Ricardo Garrido, Juan José Giambiagi y Orlando Villamayor. También estuvo presente el secretario ejecutivo del CONICET, el arquitecto Raúl O. Hinsch, quien ofició como interlocutor.
Al principio, el arquitecto Raúl O. Hinsch explicó cómo debía instrumentarse la implementación de la ley, siguiendo las “instrucciones sugeridas por el general Señorans”, jefe de la SIDE nombrado por Onganía: “Concretamente hay que hacer la consulta previa y, cuando existe la calificación de comunista, sencillamente denegar el subsidio o la beca” (CONICET, 1967: 11). Hinsch insistió, además, en que la intervención del organismo de inteligencia debía mantenerse en secreto, y equiparó al Servicio de Inteligencia Argentino con agencias extranjeras como la CIA, “que deben actuar sin exposición pública”. En los casos “dudosos”, aclaró, debía procederse del mismo modo, salvo que se tratara de un investigador “muy importante”, cuya producción justificara una excepción (CONICET, 1967: 11) .
Asimismo, se establecía que la consulta a la SIDE debía realizarse con carácter previo a cualquier decisión sobre convocatorias, lo que convertía a la evaluación ideológica en una instancia condicionante del proceso. Una vez emitida la calificación por la agencia de inteligencia, el procedimiento adquiría un carácter prácticamente automático: el otorgamiento o la denegación de becas y subsidios quedaba subordinado a la información producida por ese organismo. De este modo, la aplicación de la ley anticomunista se configuró como un procedimiento confidencial delegado en un organismo externo: mientras la SIDE concentraba la función de calificar ideológicamente a los postulantes, el CONICET asumía la responsabilidad formal de ejecutar la decisión sin poder explicitar públicamente sus fundamentos.
Figura 2. Detalle del Acta de la bicentésima décima tercera reunión del Directorio
Fuente: CONICET (1967).
Este intercambio revela hasta qué punto la noción de “seguridad nacional” se había incorporado a la administración científica a través de procedimientos concretos, y pone de manifiesto la centralidad del secreto como condición de funcionamiento del dispositivo. No se trataba solo de aplicar la ley, sino de hacerlo evitando toda exposición pública que pudiera derivar en cuestionamientos o conflictos judiciales. En este sentido, la implementación de la norma operó como un mecanismo de vigilancia ideológica de carácter confidencial, en el que el origen de las decisiones debía permanecer deliberadamente oculto. Según las instrucciones de la SIDE, el CONICET debía denegar becas o subsidios sin revelar que el motivo era la calificación de “comunista” emitida por la SIDE, asegurando que este organismo de seguridad permaneciera siempre en un “segundo o tercer plano” para evitar el “desgaste de una serie de acciones judiciales” o la publicidad en los medios de comunicación (CONICET, 1967: 12).
En este marco, la discusión que se abrió entre los miembros del Directorio no giró en torno a la legalidad de la Ley 17401, sino sobre el alcance y la legitimidad de su implementación dentro del CONICET; en particular, respecto de si el organismo debía asumir un rol activo en la exclusión ideológica o limitarse a ejecutar decisiones provenientes de los servicios de inteligencia. La primera intervención, tras la exposición de Hinsch, estuvo a cargo de Houssay, presidente del Consejo. El Premio Nobel rechazó de manera explícita el procedimiento propuesto, al que calificó como “una inquisición de tipo totalitario, exactamente como hacen los comunistas y como hicieron los nazis”, y agregó que “para combatir a los comunistas se están adoptando sus métodos” (CONICET, 1967: 12). Si bien reconoció que el Estado tenía derecho a protegerse frente a grupos que atentaran contra el “orden”, sostuvo que esa defensa no podía realizarse vulnerando las garantías constitucionales.
En su argumentación, Houssay puso el acento en la dimensión institucional del problema y en el complejo lugar en que quedaba el CONICET. Sostuvo que el Consejo “no es un organismo de investigación política” y que no debía asumir la responsabilidad de sancionar personas sobre la base de “informes secretos” producidos por otros organismos del Estado. Si el gobierno decidía aplicar la ley, debía hacerlo “en forma directa y con la firma de la autoridad correspondiente”, y no a través del CONICET, bajo la apariencia de una decisión basada en méritos científicos: “parece que la está aplicando el Organismo cuando en realidad es otra institución. Este es el lado profundamente desagradable para el Consejo” (CONICET, 1967: 12).
La posición de Houssay revelaba una profunda preocupación por preservar la legitimidad científica del organismo frente a la injerencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Su defensa de cierta legalidad formal contrastaba con la naturalización de la lógica de “depuración preventiva” enunciada por Hinsch, marcando una tensión estructural entre el ideal del científico liberal y el funcionario que asimilaba la seguridad interna a la gestión administrativa.
Este conflicto se materializó en el debate sobre cómo proceder ante candidatos de excelencia académica que fueran rechazados por la SIDE. Mientras consejeros como Espezel Berro y Giambiagi planteaban el dilema de descartar a los mejores especialistas basándose en informes externos, Houssay insistía en transparentar la situación ante los afectados para evitar que el Consejo asumiera la responsabilidad de una “liquidación” política ajena. La preocupación compartida, sintetizada por Foglia, no era solo ética, sino de imagen institucional: el riesgo inminente de que el CONICET terminara operando como el ejecutor visible de una persecución ideológica, asumiendo el costo público de decisiones tomadas en el marco de la lógica del secreto de los organismos de inteligencia (CONICET, 1967: 13).
Ante esta discusión, el secretario ejecutivo Raúl O. Hinsch aclaró que la SIDE calificaría a cada postulado del siguiente modo: “No tiene antecedentes”, “Es comunista”, o “Tiene antecedentes pero no se lo puede tildar de comunista” (CONICET, 1967: 13).
La intervención del vicecomodoro Garrido introdujo una voz disonante respecto del modo en que debía aplicarse la Ley 17041. Si bien provenía del ámbito castrense, su posición se apartó de la lógica de exclusión preventiva que planteaba Hinsch y los asesores legales. Garrido propuso así invertir el orden de control: otorgar la beca o el cargo en función de los méritos científicos y dejar la eventual verificación ideológica a posteriori: “no creo que se deba seguir este procedimiento. El Directorio debe resolver nombrarlo sin tener en cuenta la actividad política, y que después el SIDE haga la calificación” (CONICET, 1967: 13). Apelando a su propia experiencia en las Fuerzas Armadas, relativizó el riesgo que implicaba la militancia comunista, siempre que no derivara en “proselitismo” o en áreas con “proyección directa de la ideología” (CONICET, 1967: 13). Esta posición evidenciaba una concepción pragmática del problema: no negaba la existencia de la ley, pero consideraba que su aplicación automática comprometía el funcionamiento técnico del organismo y podía obstaculizar la selección de personal científico calificado.
Sin embargo, la respuesta inmediata de los funcionarios civiles marcó el límite de esa interpretación un poco más laxa, paradójicamente, por parte del representante de las Fuerzas Armadas. El secretario ejecutivo recordó que la Ley 17401 prohibía expresamente desempeñar cargos o funciones en el Estado a quienes fueran calificados como “comunistas”, y el prosecretario advirtió que adoptar el criterio de Garrido implicaría violar una norma “taxativa”. La tensión entre la discrecionalidad práctica defendida por Garrido y la lectura estrictamente legalista de Raúl O. Hinsch y los asesores muestra el carácter ambiguo del proceso de adecuación del CONICET al nuevo marco represivo. Incluso quienes provenían del ámbito militar podían reconocer los riesgos administrativos y morales de aplicar la ley sin mediaciones, mientras que las autoridades civiles del Consejo tendían a normalizarla en nombre de su cumplimiento formal y burocrático.
La discusión se complejizó con la incorporación de nuevas voces que, sin cuestionar abiertamente la vigencia de la Ley 17401, buscaron matizar sus efectos y, sobre todo, desplazar fuera del CONICET la responsabilidad directa de su aplicación. Otro miembro del Directorio, el ingeniero Arturo Boelcke, expresó con claridad el malestar que generaba el rol asignado al organismo como ejecutor visible de una sanción política: “Considero que de ninguna manera nosotros podemos tomar la responsabilidad de eliminar a los candidatos en forma escondida, simplemente porque el SIDE no quiere que nosotros digamos a nadie que no es nombrado porque es comunista”. Subrayó que “el Consejo no investiga si una persona es o no comunista”, ni debía comunicar a los postulantes que una beca les era negada por ese motivo. Al mismo tiempo, reconoció la obligatoriedad legal. Sin embargo, estableció una distinción clave entre el origen de la decisión y su ejecución administrativa: “no somos nosotros los que se la negamos”. Esta situación llevaba, en sus palabras, a que el CONICET quedara en el lugar de quien “aplica la pena, el castigo o la privación de un derecho”, cuando en realidad esa decisión provenía de “otra institución”. De allí que calificara el escenario, en línea con el presidente del CONICET, como “profundamente desagradable para nosotros”. Aunque Boelcke no cuestionó la potestad del “gobierno al derecho de decidir” ni la vigencia de la ley, sí expresó reparos respecto de su instrumentación. En particular, señaló las dificultades de aplicar la normativa a través de procedimientos reservados, en la medida en que esa modalidad comprometía la posición institucional del Consejo (CONICET, 1967: 15).
El debate incorporó entonces dos líneas argumentales nuevas. Por un lado, las objeciones morales y científicas formuladas por el represente de Ciencias Exactas, José Giambiagi, quien advirtió que el cumplimiento ciego de la ley podía producir un daño irreparable al sistema científico nacional: “eso va a tener un efecto desastroso en todo el progreso científico del país (...), lo que en lenguaje internacional se llama macarthismo”. Giambiagi insistió en que la exclusión por ideología no solo era “inadmisible” desde el punto de vista ético, sino también contraproducente desde la perspectiva del desarrollo científico. Por otro lado, surgió una preocupación política compartida por Houssay y otros miembros del Directorio: la necesidad de preservar la imagen pública del Consejo como institución neutral, ajena a la persecución ideológica (CONICET, 1967: 15).
En este punto, resulta pertinente recuperar la lectura de Caldelari (1985), quien advierte sobre las tensiones entre la retórica de neutralidad y el pragmatismo del llamado “Grupo Houssay”. En los intercambios finales, las posturas oscilaron entre la obediencia legal, la búsqueda de “escapatorias” administrativas y el intento de preservar un espacio mínimo de autonomía institucional. Burkart y Villamayor propusieron “seguir la selección científica como hasta ahora”, enviando luego la lista de candidatos a la SIDE para la aprobación final. Otros, como Virgilio G. Foglia, plantearon la necesidad de suavizar el cumplimiento o incluso gestionar ante la Presidencia una reconsideración del procedimiento. Sin embargo, el secretario ejecutivo y el asesor jurídico recordaron una y otra vez que la ley era “taxativa” y no admitía negociación.
El intercambio concluyó en un punto de equilibrio inestable: el CONICET acataría la Ley 17.401, pero buscaría que las decisiones de exclusión emanaran formalmente de la SIDE, de modo de evitar aparecer como órgano persecutorio. La fórmula adoptada —consultar a la SIDE antes de oficializar los nombramientos— condensaba la ambivalencia institucional del período: la aceptación del marco represivo se combinaba con una estrategia discursiva de desresponsabilización moral y de resguardo de la imagen pública del organismo. Esta tensa resolución se daba en un contexto marcado por recientes episodios de intervención y escarnio público en el sistema universitario con la llamada “Noche de los Bastones Largos”, ocurrida un año antes11.
En este sentido, la resolución pone de relieve una tensión más profunda: mientras el Directorio deliberaba en un ámbito formal y explícito, el procedimiento que se instituía requería que las decisiones se ejecutaran bajo condiciones de secreto de Estado. Esta disociación entre la escena deliberativa y el modo efectivo de implementación no solo evidenciaba una contradicción operativa, sino que constituía la condición de posibilidad para incorporar mecanismos de vigilancia ideológica dentro de la administración científica sin comprometer abiertamente su pretensión de neutralidad.
Reflexiones finales
En conjunto, las fuentes analizadas permiten reconstruir no solo el modo en que el CONICET se adaptó a los efectos de las políticas represivas de la autodenominada Revolución Argentina, sino también la forma en que, desde mediados de los años sesenta, comenzó a configurarse una noción de “enemigo interno” en el campo científico.
En este sentido, la descripción minuciosa de la estructura institucional y la identificación de posibles “filtraciones” pueden leerse como una denuncia ideológica y, a la vez, como la formulación de una estrategia de control orientada a intervenir el organismo sin desplazar a sus máximas autoridades formales. Leído en su contexto, el documento articula el imaginario de la “infiltración comunista” con una comprensión precisa de los circuitos administrativos del CONICET, anticipando modalidades de intervención que encontrarían condiciones de posibilidad en la década siguiente. Este tipo de lectura se inscribe, a su vez, en un clima político más amplio, signado por el anticomunismo de los años sesenta, que impactó directamente sobre el sistema de ciencia y técnica a través de la despolitización forzada de la universidad y la represión de la participación política y sindical en el ámbito académico, en nombre de una “ciencia neutral” alineada con los intereses del Estado.
El primer documento examinado —el folleto anónimo de 1963 que denunciaba la supuesta “infiltración comunista” en los circuitos decisorios del organismo— constituye, en este sentido, algo más que una pieza de propaganda: funciona como una cartografía institucional del Consejo. En sus páginas se describe con notable precisión la arquitectura interna del CONICET, con sus comisiones, niveles de decisión y trayectos burocráticos, es decir, los engranajes que estructuraban su funcionamiento cotidiano.
Esa reconstrucción no se limita a señalar un problema ideológico, sino que —gracias a esa cartografía— anticipaba los mecanismos a través de los cuales la vigilancia y la exclusión podrían ser instrumentadas. Al identificar los puntos sensibles de los procesos decisorios y los espacios intermedios donde se procesaban evaluaciones, designaciones y asignaciones de recursos, el folleto delineaba un repertorio de posibles filtraciones que no requerían una intervención directa sobre la conducción superior del organismo. De este modo, la noción de “infiltración” comenzaba a operar como diagnóstico político y también como principio organizador de una nueva estrategia de control institucional.
La minuciosa descripción de estas redes administrativas se centraba en la idea de repoblar, reorientar y manipular los circuitos intermedios de decisión del Directorio, sin por ello desplazarlo: comisiones asesoras, comisiones regionales, áreas técnicas y secretarías especializadas. Fue precisamente en esos espacios, formalmente secundarios, pero estratégicos en el flujo institucional, donde se localizaron los mecanismos de clasificación, vigilancia y exclusión. En este sentido, el folleto deja ver la matriz de funcionamiento de un organismo “permeable”, en el que la retórica de la neutralidad científica y política podía coexistir con la implementación progresiva de criterios y censuras político-ideológicas.
La reunión secreta del Directorio de diciembre de 1967 revela, en un registro distinto, el reverso explícito de esa operación. Allí, los intercambios muestran la tensión entre la pretensión de autonomía científica y la progresiva naturalización del régimen represivo. La evaluación académica quedaba subordinada a la clasificación ideológica realizada por la SIDE, y el Consejo se convertía en un ejecutor visible de decisiones del aparato de inteligencia. Las discusiones internas —entre legalismos, preocupaciones morales y estrategias de deslinde de responsabilidad— evidencian que la relación entre ciencia y vigilancia ya estaba institucionalizada: los mecanismos burocráticos se volvían cada vez más compatibles con las lógicas represivas impulsadas por el gobierno de facto.
Asimismo, el análisis simultáneo del folleto y del acta secreta subraya el papel central del personal administrativo y técnico en la producción de continuidad institucional. Este sector —sobreviviente a cambios de Directorio, coyunturas políticas y desplazamientos dentro del campo científico— garantizó la transmisión de lenguajes, rutinas y criterios operativos. Su permanencia permitió que los mecanismos de control ideológico, inicialmente difusos, se consolidaran en procedimientos administrativos normalizados, amparados en un discurso técnico y en la estabilidad burocrática. De este modo, la implementación reservada de la Ley 17401 se convirtió en una práctica cotidiana, aunque formalmente externalizada en la SIDE para desresponsabilizar al organismo.
La Ley 17401 no solo impactó en la estructura administrativa del CONICET, sino que transformó su cultura institucional, redefiniendo los vínculos entre ciencia, política e ideología. El análisis muestra cómo, en contextos autoritarios, la apelación a la neutralidad y al resguardo del prestigio pueden operar como formas de complicidad de actores civiles con regímenes autoritarios y dictatoriales.
Los mecanismos de exclusión, la manipulación de los circuitos decisorios intermedios y la clasificación ideológica encubierta bajo criterios técnicos analizados en este trabajo muestran cómo se consolidó una infraestructura burocrática de la sospecha durante el Onganiato. Lejos de constituir episodios aislados, estos procesos funcionaron como un antecedente clave que sentó las bases operativas para la represión posterior. Al centrar la atención en la dimensión burocrático-administrativa del CONICET, el estudio demuestra que la naturalización del control ideológico en los niveles intermedios fue una condición de posibilidad para que, en etapas posteriores, la persecución política se transformara en una práctica institucionalizada y secreta.
En esta línea, los hallazgos aquí presentados abren interrogantes para futuras investigaciones que aborden la década de 1970 desde una perspectiva de mediano y largo plazo. Queda pendiente indagar en qué medida el anticomunismo de los años sesenta sirvió como un dispositivo estructural que facilitó el pasaje hacia la lógica “antisubversiva” más sistemática desplegada a partir de 1975 y 1976. Asimismo, cabe preguntarse cómo la reorientación silenciosa de los organismos estatales y la construcción del “enemigo interno” continuaron moldeando la cultura institucional del campo científico en los años previos y durante la última dictadura militar.
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1 Ley N.º 17401. Comunismo. Calificación de actividades como delictivas por parte de la Secretaría de Informaciones del Estado, dictada el 22 de agosto de 1967 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 29 de agosto de 1967. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-17401-260802/texto.
2 Actas de Reuniones del Directorio de CONICET disponibles en el Archivo digital de Actas y Resoluciones de la Dirección de Control Legal y Técnico de CONICET.
3 El documento fue identificado a partir de referencias en trabajos de Miranda Lida y circuló posteriormente a través de su publicación en el sitio de internet del científico y miembro del Directorio Jorge Aliaga. Durante un año buscamos infructuosamente un ejemplar en el Archivo General del CONICET. Para este estudio, se trabajó con el ejemplar conservado en el Archivo de la Casa Houssay, como fuente primaria a la que accedimos gracias al consejo de nuestra colega Miranda Lida. El documento se encuentra disponible en línea en: https://jorgealiaga.com.ar/?p=534.
4 En la Casa Museo Houssay se relevaron cinco biblioratos con información específica de CONICET correspondientes a los años 1960 a 1970.
5 Bernardo Houssay (1887-1971) fue médico y fisiólogo argentino, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1947. Fue uno de los principales impulsores de la institucionalización de la investigación científica en Argentina y fundador del CONICET en 1958, del que fue su primer presidente. Rolando García (1919-2012) fue epistemólogo y científico argentino. Integró el CONICET desde sus primeros años y tuvo una destacada participación en la organización de la investigación científica en el país. Fue también decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires entre 1957 y 1966.
6 Decreto-Ley N.º 1291 de 1958 [con fuerza de ley]. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 18 de febrero de 1958. Boletín Oficial de la República Argentina N.º 18.596. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/1105/norma.htm
7 De aquí en más se citará la fuente a la que hace referencia: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Infiltración Comunista (ca. 1963).
8 Este énfasis en las relaciones interpersonales como componente central del poder resulta consistente con enfoques que, al analizar otros espacios institucionales atravesados por lógicas represivas, han señalado cómo los lazos de amistad, cercanía o lealtad se superponen a las normas burocráticas y legales en la estructuración de las decisiones. Cfr. DaMatta (2002), Sarrabayrouse Oliveira (2011) y Garaño (2023).
9 Las trayectorias de Raúl Cardón, Ángel M. Molero y José A. Monterroso fueron reconstruidas a partir de un documento inédito de María Caldelari, sin fecha precisa de producción, compartido directamente por la autora. La trayectoria de Raúl O. Hinsch se reconstruyó a partir de su legajo personal, conservado en el Archivo General del CONICET (Legajo de personal N.º 52).
10 Toda la información que contienen los siguientes párrafos fue extraída del Acta de la bicentésima décima tercera reunión del Directorio. “Reunión Secreta para tratar la Consulta al SIDE sobre la Ley 17.401”, del 15 de diciembre de 1967, disponible en el Archivo Digital de Actas y Resoluciones de la Dirección de Control Legal y Técnico del CONICET.
11 Cfr. Lamaisón et al. (2025).