Bienestar y ruralidades en el sudeste

bonaerense: una aproximación metodológica

entre lo deseable y lo posible°

Sofía Ares*

Camila Rodríguez**

Matías Gordziejczuk***

Alejandra Auerᴥ

Claudia Mikkelsenᴥᴥ

Resumen

No existe una forma unívoca, cerrada, ni simple de definir la ruralidad. En los estudios sociales las acepciones van variando según las disciplinas de abordaje, el arco de tiempo considerado y los contextos analizados. Sin embargo, desde 1990, y en el marco mayor de los giros culturales, es posible referir a un giro en el modo de estudiar y comprender la ruralidad. El cambio conceptual viene dado por la observancia del agregado de nuevos procesos, la profundización de otros y la continuidad de algunos más, entre ellos el pluriempleo, la protección ambiental, la interacción con la urbanidad y el consumo, la llegada de nuevos actores y formas de producir, residir y usar al espacio rural. Todo este conjunto de cuestiones aparta los estudios rurales de la tradición agrarista para centrarse en el debate ruralista. En base a estos lineamientos, se observa que ruralidad y bienestar son complementarios y que resulta relevante tener en cuenta sus vinculaciones en la selección de indicadores que permiten evaluar las condiciones de vida de la población rural. Por tanto, el objetivo del trabajo consiste en proponer, ajustar y poner en debate una estrategia metodológica en pos de analizar el bienestar en las ruralidades del sudeste bonaerense.

Palabras clave: Bienestar rural, Espacio rural, Sudeste de la provincia de Buenos Aires, Sistemas de información geográfica, Indicador social.

Well-being and Ruralities in Southeastern Buenos Aires:
A Methodological Approach Between the Desirable and the Possible

Abstract

There is no single, fixed, or straightforward way to define rurality. In social studies, its meanings vary depending on the disciplinary approach, the time frame considered, and the contexts analyzed. However, since 1990, within the broader framework of cultural change, there has been a shift in the way rurality is studied and understood. The conceptual transformation arises from the recognition of new processes, the intensification and the continuation of existing ones, including multi-employment, environmental protection, interaction with urban areas and consumption patterns, the arrival of new actors and changes in modes of production, residence, and land use in rural spaces. This evolving perspective moves the rural studies away from the agrarian tradition toward the ruralist debate. Within this framework, rurality and well-being are understood as complementary, making it essential to examine their interconnections when selecting indicators to assess the living conditions of the rural population. Therefore, the objective of this paper is to propose, refine, and critically discuss a methodological strategy for analyzing well-being in the rural areas of southeastern Buenos Aires.

Key words: Rural well-being, Rural space, Southeast of Buenos Aires province, Geographic information systems, Social indicator.

Introducción

No hay una conceptualización unívoca ni cerrada sobre la ruralidad. Como expresa Gaudin (2019), las acepciones van variando según las disciplinas de abordaje, el arco de tiempo considerado y los contextos analizados. Este mismo autor expresa que “no existen identidades exclusivas sino compartidas: los espacios y sus habitantes no son exclusivamente urbanos o rurales sino que suelen tener características de ambos debido a sus múltiples interacciones” (Gaudin, 2019, p.16). En tal sentido, desde 1990 es posible referir a un giro en el modo de estudiar y comprender la ruralidad, vinculada al pluriempleo, la protección ambiental, la interacción con la urbanidad y el consumo, donde se deja de lado la tradición agrarista para centrarse en el debate ruralista (Urcola, 2011). Castro (2018) define a esta situación como una revitalización de las cuestiones rurales, signada por las reestructuraciones agrarias, el avance del agronegocio, el uso residencial, las disputas territoriales y la valorización turístico-recreativa, las que en conjunto cuestionan la urbanidad como única forma de pensar al espacio. Por tanto, la noción de ruralidad, “se convierte en una categoría territorial, cuyo atributo decisivo está en la organización de sus ecosistemas, en una densidad demográfica relativamente baja, en la sociabilidad de inter-conocimiento, y en su dependencia en relación a las ciudades” (Abramovay, 2006, p. 51).

Reig Martínez, Goerlich Gisbert y Cantarino Martí (2016) identifican inquietudes en cuanto a la heterogeneidad adquirida por la ruralidad y la necesidad de implementar enfoques territoriales integrales, en reemplazo de las perspectivas sectoriales. Estos autores consignan que en la definición de lo rural persiste la importancia de atender a los aspectos demográficos (umbral de población y densidad), incorporando dimensiones como la huella social (evaluada a través de las coberturas artificiales del suelo) y la accesibilidad a servicios públicos de interés general. También, sostienen que estos parámetros básicos deben tener como punto de partida la escala local para observar en detalle las diferenciaciones territoriales. Otros temas de interés que mencionan tienen relación con la capacidad de los pobladores para participar de actividades económicas en estrecha vinculación con el capital social presente en cada recorte territorial.

Por otra parte, el enfoque de bienestar, semejante conceptualmente al de condiciones de vida, abarca el aspecto material, objetivo, de la calidad de vida. Las referencias discursivas, los desarrollos conceptuales y teóricos en torno a estas categorías surgen con mayor énfasis a partir de mediados del siglo XX. Es en los años setenta cuando los debates acerca de las necesidades humanas y las formas de evaluar el bienestar y el desarrollo adquieren un rumbo distinto. Al respecto, Actis Di Pasquale (2008) expresa,

Mientras que la calidad de vida se orientó hacia los denominados componentes psicosociales, el bienestar social se centró en aspectos materiales y no materiales de naturaleza económica y social de manera objetiva. Al finalizar la década del 80 [en el siglo XX] la ruptura entre ambos fue completa (p. 20).

La vinculación entre Geografía y bienestar social gana presencia desde la década de 1970, sustentada en la Geografía del Bienestar. Desde entonces, se sostuvo la necesidad de investigar la relación espacio y desigualdades sociales, atendiendo a que las posibilidades de las personas se relacionan directamente con su localización (Smith, 1980). Para Smith, la Geografía Humana debería definirse como “el estudio de «quién consigue qué, dónde y cómo»” (1980, p. 30), siendo este el significado del bienestar social en un contexto espacial. El autor utiliza el término bienestar social, incluyendo “todas las cosas de las que se obtienen satisfacciones humanas (positivas o negativas), y también su distribución dentro de la sociedad” (Smith, 1980, p. 32).

Resulta interesante la diferenciación que realiza este autor cuando utiliza los términos calidad de vida o bienestar social. El primer vocablo se emplea “para describir el estado de la población que varía entre un conjunto de territorios” y el segundo para referir “no sólo al qué sino también a quién consigue este qué y dónde lo consigue” (Smith, 1980, p. 32). Entonces, sostiene que la cantidad y calidad de los bienes consumidos y de los inconvenientes soportados son resultado del sistema de producción y de distribución. Se entiende que el bienestar social es un concepto multidimensional y que comprende dominios tales como educación, saneamiento, vivienda y conectividad (Mikkelsen, Ares, Gordziejczuk, Picone y Brueno, 2020), entre otras posibilidades. Es además un concepto complejo de definir de manera única y universal, al decir de Zarate Martin (1988, p. 164), “cada individuo, cada época, cada sociedad y cada lugar han construido sus propios conceptos de bienestar”. En tal sentido, son diversas las estrategias metodológicas empleadas en su medición objetiva, cada investigador/a o equipo de investigación finalmente selecciona sus dominios y variables en relación con la manera en que definen conceptual y contextualmente al bienestar, e incluso atravesados por el debate de época y sus propias subjetividades.

Específicamente sobre el mundo rural, De Arce y Salomón afirman que “el término bienestar rural apareció en Argentina como preocupación gubernamental en relación con el despoblamiento y al estancamiento del sector agropecuario en la década de 1950” (2020, p. 45). Así pues, el debate respecto a este concepto empieza a gestarse desde mediados del siglo XX, cuando se ingresa en el anteriormente indicado giro conceptual respecto del espacio rural. Luego, a partir de 1980 se amplía el análisis, dado que se incorpora la atención a nuevos actores, desafíos y metodologías. Es una mirada que conduce a pensar en el valor paisajístico-ambiental, la diversificación de actividades, la ruralización de comunidades de origen urbano, en un contexto de intensificación agropecuaria. En palabras de estos autoras:

El estudio del bienestar en el agro argentino requiere una mirada más humanizada, que trascienda el sentido productivista, cuantificador y tecnologizante que históricamente ha primado en las políticas públicas. La ponderación de los sistemas agroalimentarios para la satisfacción de las necesidades humanas exige nuevos modelos de interpretación de la realidad. Es necesario entonces asumir una visión integral, situada e interrelacional (De Arce y Salomón, 2020, p. 20).

Sobre la base de estos aportes, se observa que ruralidad y bienestar se encuentran intrínseca e históricamente relacionados. Por ello, resulta fundamental tener en cuenta dichos vínculos al momento de realizar la selección de dimensiones e indicadores que permitirán evaluar las condiciones de vida de la población en el territorio.

El espacio rural pampeano evidencia, como el conjunto de la ruralidad, los efectos del avance de la agricultura industrial, con procesos de despoblamiento, concentración de tierras, incremento de actores extragrarios dedicados a la especulación en el manejo de las unidades de producción (Garay, Krapovickas y Mikkelsen, 2017; Manuel-Navarrete y Gallopin, 2007; Teubal, 2009).

Por lo tanto, estudiar el bienestar de la población rural en el sudeste de la provincia de Buenos Aires a nivel de los radios censales es un desafío de interés. En tal sentido, el objetivo es proponer, ajustar y poner en debate una estrategia metodológica en pos de analizar el bienestar en las ruralidades del sudeste bonaerense.

El artículo se estructura en cinco apartados. Luego de la presente introducción, se desarrolla un somero debate sobre el bienestar y su medición. A continuación, en el acápite vinculado con la metodología, se caracteriza el universo de análisis, como así también los pasos necesarios que permiten arribar a la construcción del Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR). Con posterioridad, se pone en acción la propuesta metodológica y se acercan los primeros resultados para cerrar con un conjunto de reflexiones.

La medición del bienestar social

Tradicionalmente el bienestar social se ha medido con tres enfoques, el contable, el utilitarista y el de indicadores sociales. El tercero es el de aplicación más extendida en tiempos recientes, y es el elegido para este trabajo. “Un indicador social es una herramienta estadística válida para la descripción y el análisis de la realidad socio-económica y para las comparaciones entre diferentes unidades territoriales” (Pena, 1994, p. 211 citado por Núñez Velázquez y Rivera Galicia, 2003, s/p). Bauer, también referido en Núñez Velázquez y Rivera Galicia (2003), agrega que los indicadores sociales permiten establecer dónde se posicionan los grupos sociales y hacia dónde se dirigen, teniendo en cuenta valores y objetivos. Como se sostiene en el documento de PREVAL/PROGENERO (2004, p. 10), “la palabra indicador, que proviene del latín indicare (señalar, avisar, estimar), alude a hechos o datos concretos que prueban la existencia de cambios conducentes hacia los resultados e impactos buscados”. Se puede decir que un indicador es una estadística, un número que provee información más allá del dato concreto, permitiendo un conocimiento más comprensivo de la realidad que se pretende analizar.

La revisión teórica y metodológica de trabajos previos permite aseverar que es notable la complejidad que involucra medir el bienestar, desde su conceptualización hasta su operacionalización. Esta labor depende de la disponibilidad espacial y temporal de la información necesaria para su construcción como también de los acuerdos subjetivos que los investigadores deben hacer respecto de qué dimensiones e indicadores serán empleados. En tal sentido, las variables e indicadores seleccionados suponen una retroalimentación entre el concepto (entendido como lo deseado o lo ideal), su operacionalización y la exploración de fuentes de datos secundarias (concebidas como lo posible o lo existente hasta el momento).

Los estudios de bienestar con enfoque territorial implican un nivel mayor de dificultad, dado que se suman como obstáculos las decisiones acerca de la escala, la falacia ecológica o el problema de la unidad espacial modificable (Velázquez, 2004). No obstante, son estudios esenciales que ofrecen miradas integrales al problema del bienestar, poniendo el eje en la territorialidad de las poblaciones involucradas.

El territorio es el eje central de las investigaciones geográficas y su abordaje, indican Buzai y Montes Galbán, “no puede hacerse simplemente desde un punto de vista discursivo, sino que resulta necesario actuar de forma concreta sobre la realidad” (2021, p. 31). Por ello, los resultados obtenidos se convierten en conocimiento académico sobre las desigualdades, las brechas e injusticias espaciales y a su vez en posibles insumos para la gestión, la instrumentación de políticas específicas y su monitoreo. En particular, se debe considerar que herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), también participan del proceso de investigación en sí mismo,

(...) se rescata aquí el papel de las prácticas geográficas como inicio y final de este proceso, el camino de salida y llegada, desde y hacia el nivel empírico. En este camino, el análisis espacial cuantitativo se transforma en el hilo conductor que toma las definiciones previas, el problema y genera resultados que se transforman en herramientas para su solución (Buzai y Montes Galbán, 2021, p. 31).

Dentro de los cinco conceptos del análisis espacial (localización, distribución, asociación, interacción y evolución), el de asociación es el que estructura la construcción de un índice sintético y territorial de bienestar. La implementación de la asociación muestra el potencial de la Geografía no solo para construir un ranking de unidades espaciales sino especialmente para el análisis de la situación tanto en sentido vertical (las distribuciones espaciales) como horizontal (relaciones de vecindad o distancia entre unidades espaciales). La posibilidad de encontrar recortes territoriales de relativa homogeneidad permite al profesional de la Geografía “delimitar al espacio geográfico o descubrir concentraciones. Ese trazado de áreas se transforma en una herramienta importante de planificación” (Buzai y Montes Galbán, 2021, p. 36). En consecuencia, se pasa del análisis de indicadores sociales en forma individual a la construcción de índices sintéticos que permiten definir y caracterizar a los recortes territoriales seleccionados. Los índices se resuelven a través de distintas técnicas de base estadística, pudiendo o no tener ponderaciones distintas que den cuenta de la relevancia de cada una de las dimensiones. En palabras de Núñez Velázquez y Rivera Galicia (2003),

un indicador sintético se define como la agregación de información a partir de un conjunto amplio de indicadores simples de contenidos diversos. En esta línea, la construcción de un indicador sintético de bienestar tiene sentido como medida única de la situación social en una unidad territorial para comparar dicho bienestar tanto en sentido transversal (entre diversas unidades territoriales), como longitudinal (evolución de la situación del bienestar a lo largo del tiempo en una misma unidad territorial) (s/p).

Actis Di Pasquale (2015) añade que:

los índices sintéticos de bienestar social representan una medida que se obtiene mediante la agregación adecuada de un conjunto de indicadores sociales que pertenecen a las distintas dimensiones de ese concepto. Su elaboración no es sencilla, ya que los indicadores son de distinta naturaleza y provienen de diferentes fuentes de datos (p. 1).

Se puede marcar como una tradición en los estudios del bienestar la construcción de índices sostenidos en datos secundarios procedentes de diversas fuentes estadísticas oficiales y no oficiales, es decir, a partir de la generación de indicadores cuantitativos. Se observa que las propuestas procedentes desde Ciencias Sociales, como la Geografía, la Economía o la Sociología, se articulan con el enfoque territorial sumando opciones de análisis, las que colaboran en el estudio de la complejidad implícita en el bienestar social y su operacionalización (Figura 1).

Además, detalla Actis Di Pasquale (2015) que hay cinco pasos para la construcción de un índice sintético: selección de los indicadores; selección de la técnica de estandarización; ponderación; selección del método de agregación y validación. Todos ellos resultan fundamentales para construir un índice sintético robusto, con capacidad para dar cuenta de las situaciones de bienestar que caracterizan al territorio.

Figura 1. Posibilidades de análisis de los indicadores sintéticos o índices. Fuente: elaboración propia a partir de Buzai y Montes Galbán (2021) y Núñez Velázquez y Rivera Galicia (2003).

La selección de los indicadores debe realizarse teniendo en consideración que su presencia sea beneficiosa o favorable para la población estudiada, por lo que su incremento conllevaría a una mejor situación relativa. Estos indicadores de beneficio, en sus puntajes más elevados, representan las mejores situaciones debido a la direccionalidad positiva que reviste el concepto de bienestar.

En cuanto al método de agregación, Actis Di Pascuale (2015) concluye que el de la media ponderada es válido para la medición de niveles de bienestar y además es de fácil interpretación. Se trata de un método en el que “se realiza solamente la agregación, con lo cual primero hay que estandarizar las variables y luego decidir y aplicar los factores de ponderación” (Actis Di Pascuale, 2015, p. 8).

En cuanto a la ponderación, puede o no realizarse. Cuando se trabaja sin ponderación se asume que todos los indicadores tienen el mismo peso, tal como en este caso. Sobre el particular se plantea que “en muchas ocasiones puede ser conveniente usar ponderadores idénticos cuando las variables estén altamente correlacionadas entre sí, sin que ello implique la presencia de redundancia explicativa puesto que esos elementos correlacionados explican aspectos diferentes del fenómeno en cuestión” (Schuschny y Soto, 2009, citados por Actis Di Pasquale, 2015, p. 8).

Estructura metodológica

El estudio del bienestar rural se aplicó al sudeste bonaerense. Esta región se delimitó mediante la aplicación de un método consistente en la comparación de los Índices de Calidad de Vida en la escala geográfica de los partidos y departamentos del país (Velázquez, 2016), sumado a diferentes regionalizaciones propuestas por los organismos gubernamentales e investigadores particulares, sobre la base de estimar un coeficiente de variación que permita evaluar su potencial de discriminación territorial (Ares, Mikkelsen y Lucero, 2020). De esta manera, a partir del uso de la herramienta SIG, se aplicó la función de superposición o recorte, para lograr una región que demuestre mayor grado de homogeneidad interna. Como resultado de este análisis, el sudeste bonaerense quedó conformado por trece partidos: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredon, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, San Cayetano, Tandil, Ayacucho, Maipú, General Madariaga, Villa Gesell y Pinamar (Figura 2). En el marco de esta subregión de la provincia de Buenos Aires, la presente propuesta coloca el foco de análisis en la población rural y en las especificidades propias de los grupos que la integran.

El Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR) del sudeste se calculó para los radios censales que integran la región, incluyendo población rural dispersa y aglomerada en localidades con 20.000 habitantes o menos (pueblos pequeños y grandes). Esta decisión se basa en la consideración de la idea de ruralidad ampliada, sostenida por autores como Castro y Reboratti (2008).

Para la confección del IBR, se recurrió a las estadísticas oficiales relevadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2010 y en el caso de la dimensión Ambiente se trabajó con información contenida en el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2018-2023 (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo -SINAGIR-), e información sobre plaguicidas del Defensor del Pueblo de la Nación (2010) (Tabla I). La difusión de los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV) 2022 a nivel de radios censales permitirá a corto plazo actualizar la investigación, así como posiblemente incorporar otros indicadores.

Aquí prima plantear la distinción entre dimensiones, variables e indicadores deseables y posibles. Los primeros refieren a la construcción metodológica que los investigadores proponen como abarcativa de la realidad rural en estudio para el sudeste bonaerense, lo que entienden es más apropiado para su operacionalización. La segunda, en cambio, alude a lo posible, teniendo en cuenta lo disponible en fuentes de datos diversas, a veces inconexas, que relevan cierta información, repiten alguna u omiten otra. A continuación, el problema más difícil de superar suele ser definir “lo mejor” y “lo posible” en un determinado contexto decisional. En este caso, la disponibilidad de información referida al tema de investigación a nivel de los radios censales del sudeste bonaerense es limitada, pero constituye el

Figura 2. Recorte territorial propuesto para la ruralidad del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia sobre la base de BAHRA (2010), INDEC (2010), OSM Standard.

campo de lo posible. Siendo conscientes de esta situación es que se determina “lo mejor” con base en criterios preferenciales y cargados de subjetividad del equipo de investigación. A través de la intersección de ambas fases se determina la “solución óptima” (Romero, 1996).

La metodología propuesta para la medición del bienestar rural en el sudeste bonaerense cuenta con su aplicación previa en otras escalas territoriales, como la nacional y la provincial (Mikkelsen, Ares, Gordziejczuk y Picone, 2018; Mikkelsen et al., 2020). La evaluación a través de un indicador sintético surge del tratamiento de cuatro dimensiones: Educación, Saneamiento-Vivienda, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y Ambiente, dentro de las cuales se obtuvieron indicadores para su medición teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y la disponibilidad de datos a la escala de radios censales de 2010 o por partido (Tabla I). Acerca del uso de información a escala de partidos, su adopción se basa en aportes como el de Velázquez, Gómez y Tisnes (2022) quienes señalan que “dado que la información a escala departamental es más fácil de obtener que la del radio censal, en algunos casos, es necesario realizar una adaptación de ambas” (2020, p. 630). Para el sudeste bonaerense, se replica la situación anteriormente mencionada con lo cual los puntajes disponibles a escala de los partidos se asignaron a cada uno de los radios que los constituyen (Velázquez et al., 2022, p. 631).

Dimensión	Variables	Indicadores posibles	Fuente	Escala
Educación	Nivel educativo secundario Nivel educativo superior	% Población de 20 a 59 años con secundario o polimodal completo % Población de 25 a 59 años con superior no universitario o universitario completo	INDEC (2010)	Radio
Saneamiento y vivienda	Disponibilidad de agua Calidad de la vivienda Espacio para la vida cotidiana	% Población en viviendas con conexión de agua en su interior % Población en viviendas con INMAT 1 % Población en viviendas con espacio suficiente para sus integrantes
TIC	Comunicación e información	% Población con al menos un teléfono (fijo o móvil) % Población en hogares con computadora
Ambiente	Pesticidas Inundaciones	Menor recurrencia de inundaciones Menor incidencia del uso de pesticidas	SINAGIR (1975 - 2018) Defensor del Pueblo de la Nación (2010)	Partido

Tabla I. Estructura para el cálculo del Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR) en el sudeste bonaerense. Fuente: elaboración propia.

Por el enfoque teórico elegido, se seleccionaron indicadores de beneficio. La secuencia metodológica, una vez acordadas las dimensiones y variables con las que se trabajaría, consistió en diseñar con los indicadores la Matriz de Datos Originales (MdO) que luego se transformó en Matriz de Datos Índice (MdI). Los indicadores de la dimensión ambiente no fueron elaborados por los autores de referencia como de beneficio, por tanto, previo a su tratamiento se transformaron en su complemento. A continuación, la MdI se estandarizó sobre puntajes zeta, conformando la Matriz de Datos Estandarizados (MdZ) (Buzai, 2003). Según indica Buzai (2003), “con este cálculo, cada dato original se transforma en un puntaje que se desvía en valores positivos y negativos respecto de =0 siendo σ =1” (p. 112). De este modo, se logra la comparabilidad entre la totalidad de los indicadores. Los valores para la MdZ se calcularon con la fórmula de “puntajes Z”:

Donde: ZW es el puntaje Z de la variable X; Xi: es cada valor a estandarizar; es la media de la variable X para toda el área de estudio; σ es el desvío estándar de la variable X para toda el área de estudio.

Finalmente, el IBR se obtuvo mediante el promedio simple -sin ponderación- de cada uno de los indicadores seleccionados.

Para el análisis, se han construido categorías en base a un desvío estándar a partir de la media de los puntajes Z (Tabla II). En algunas dimensiones, debido a la amplitud entre los valores máximos y mínimos, se agregaron categorías.

Categoría	Índice de Bienestar de las Ruralidades	Educación	Saneamiento y Vivienda	TIC	Ambiente
Extremadamente baja	---	---	Inferior a -2,5	Inferior a -2,5	---
Muy baja	-2.1 - -1.5	---	-2.5 - -1.5	-2.5 - -1.5	-2.5 - -1.5
Baja	-1.5 - -0.5	-1.5 - -0.5	-1.5 - -0.5	-1.5 - -0.5	-1.5 - -0.5
Media	-0.5 - 0.5	-0.5 - 0.5	-0.5 - 0.5	-0.5 - 0.5	-0.5 - 0.5
Alta	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5
Muy alta	---	Superior a 1,5	---	Superior a 1,5	Superior a 1,5
Mínimo	-2,1	-1,3	-3,0	-8,3	-0,8
Máximo	1,3	3,9	1,4	1,9	2,2

Tabla II. Dimensiones y categorías del Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR). Fuente: elaboración propia.

Sobre el funcionamiento de la propuesta metodológica en el Índice de Bienestar de las ruralidades y sus dimensiones

La aplicación del índice, según el constructo metodológico propuesto, muestra que hay protagonismo de situaciones de bienestar medio para la población rural del sudeste bonaerense (59,7 % de los habitantes), con una escasa brecha absoluta de 3,4 puntos entre las categorías mejor y peor posicionadas (Fig. 3).

El tratamiento de los indicadores agrupados por dimensión expresa que estas tienen un comportamiento dispar, incidiendo de diferente manera en la conformación del IBR. En este sentido, se aprecia que al interior de la dimensión Educación tiene bajo número la finalización del nivel secundario o polimodal y una brecha relativa de 4 puntos entre los valores máximos y mínimos. En el nivel superior este cociente aumenta hasta 14 puntos, dando cuenta de las grandes disparidades en el acceso y finalización de esta etapa de formación. Este dato preocupa en general y constituye un llamado de atención.

En la dimensión Saneamiento y vivienda, la calidad de los materiales y la conexión de agua al interior de la unidad residencial, apreciados a través de la brecha relativa, muestran que con 3 y 5 puntos, respectivamente, son los indicadores que más inciden dentro de este aspecto del bienestar.

Figura 3. Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, 2010. Fuente: elaboración propia.

El estudio de la dimensión TIC expresa que la población con al menos un teléfono (fijo o móvil) era mucho mayor que la población en hogares con computadora, lo cual indica un acceso más masivo a esos dispositivos en comparación con el otro equipamiento, con brechas relativas de 1 y 5 puntos, respectivamente.

En cuanto al Ambiente, las diferencias en la categorización que surge por la recurrencia de inundaciones en un período extenso (1975-2018) son bajas. Se debe tener presente en este análisis las características de clima, topografía y suelos del sudeste bonaerense para comprender las escasas diferenciaciones obtenidas. En cambio, la brecha relativa (8 puntos) en el índice que mide la incidencia del uso de pesticidas expresa las diferencias en los tipos y formas de producción que caracterizan a los distintos recortes territoriales de la región. La representación gráfica de los valores máximos y mínimos de cada dimensión se puede apreciar en la Tabla III.

En el territorio estas distancias expresan contrastes intra e inter partidos, con brechas que tal como se demuestra en el presente trabajo no son demasiado pronunciadas. En tal sentido, Velázquez et al., (2022), expresan respecto de la Pampa Surera que sería el recorte espacial mejor posicionado en el contexto regional mayor, situación que se responde desde las dimensiones educación, salud y vivienda y su dotación de recursos naturales vinculados con las playas y las sierras, cuestión que, como se verá se condice con los resultados obtenidos en el IBR.

En tal sentido, al focalizar en la población rural de la pampa surera o del sudeste bonaerense se destacan los distritos que tienen gran homogeneidad en el bienestar de sus territorios rurales, evaluado al nivel de los radios censales. Esta situación es ejemplificada por San Cayetano, Ayacucho, General Madariaga, Maipú y Pinamar. Frente a estos, el análisis del IBR por radio censal permite afirmar que los restantes partidos muestran mayor diversidad hacia su interior, con dispar impacto de las situaciones adversas en Mar Chiquita, Balcarce, Lobería y Necochea. Por último, se evidencian radios censales de algunos partidos que presentan mayor diversidad y áreas con muy bajo IBR linderas a situaciones de bienestar bajo, medio o incluso alto, como en General Pueyrredon y General Alvarado (Figura 3).

En cuanto a la distribución por categorías, se destacan a continuación algunos aspectos. El rango de índice muy bajo presentaba en 2010 al 0,1 % de la población del sudeste bonaerense. Esta corresponde con la peor situación y reunía en valores absolutos a 47 pobladores localizados en los partidos de General Pueyrredon, General Alvarado, Villa Gesell y Mar Chiquita, todas de borde costero.

En el siguiente grupo, es decir aquel que concentra a la población con bajo bienestar rural, para el 2010 se hallaba el 18,7 % de los pobladores, aglutinado principalmente en distritos como General Pueyrredon, General Alvarado, Necochea, Mar Chiquita y Lobería. Entre estos cinco partidos, Necochea y Lobería son los únicos que no presentan población con IBR muy bajo.

La situación dominante es de IBR medio, nivel que se extiende por la mayor parte del territorio regional, con pocos matices a medida que aumenta la distancia respecto de las ciudades de mayor tamaño y la costa del Mar Argentino.

Hacia el otro extremo, el intervalo de IBR alto reúne al 21,5 % de la población rural del sudeste bonaerense. Esta es la que se encuentra en la mejor situación y abarca a mayor cantidad de población en los partidos de Lobería, General Alvarado, Tandil y Mar Chiquita. Después, le siguen los partidos de Necochea y Balcarce (Figura 3 y Tabla III).

Figura 4. Dimensión Educación del Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR). Fuente: elaboración propia.

IBR	Población total	Dimensiones
		Educación		Saneamiento y vivienda			Comunicación e información		Ambiente
		% Población de 20 a 59 años con secundario o polimodal completo	% Población de 25 a 59 años con superior no universitario o universitario completo	% Población en viviendas con conexión de agua en su interior	% Población en viviendas con INMAT 1	% Población en viviendas con espacio suficiente para sus integrantes	% Población con al menos un teléfono (fijo o móvil)	% Población en hogares con computadora	Menor incidencia del uso de pesticidas	Menor recurrencia de inundaciones
Muy bajo	47 (0,1 %)	2,0	25,0	20,5	13,0	81,4	51,5	8,1	33,0	2,2
Bajo	25.753 (18,7 %)	13,9	3,3	72,0	43,4	60,9	93,3	25,4	50,2	2,9
Medio	82.243 (59,7 %)	17,3	7,7	91,1	64,8	77,8	97,4	36,2	19,7	2,2
Alto	29.595 (21,5 %)	25,9	19,7	97,4	80,1	88,3	98,6	60,6	15,5	1,8

Tabla III. Población relativa según niveles del Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR) dimensiones e indicadores. Fuente: elaboración propia.

A continuación, se incorpora el análisis por dimensiones.

Educación

La educación es central en el marco de los estudios de bienestar, dado que acceder a ella es un derecho, y tiene el rol de empoderar y dar autonomía a los sujetos. Tal como se expresa en Lucero, Ares, Aveni, Mikkelsen y Sabuda (2016), la posesión de capital cultural incide en la reproducción social en tanto se vincularía posiblemente con la capacidad de inserción laboral, el control de condiciones sanitarias (asistencia médica preventiva, saneamiento, alimentación, fecundidad) y de vivienda (aspiraciones en relación con la ubicación de la vivienda y sus condiciones estructurales). También, las posesiones en capital cultural se traducen en tenencias materiales e inmateriales en capital social y económico, fomentando una mejor integración de las personas en la sociedad. Como advierte Bourdieu (2007), el grado y tipo de intervención de los agentes sociales tienen que ver con su poder en distintos campos (económico, cultural, académico, político, por ejemplo), ligado a su vez al volumen y composición del capital que poseen. Por tanto, se entiende que la cantidad de años de escolaridad y la calidad de la instrucción impartida condicionarán las expectativas de bienestar y la plena inclusión social de la población potencialmente activa actual, a las poblaciones que hoy se están escolarizando y con ellos a las generaciones futuras. Un tema central es el acceso a la oferta educativa como aspecto del bienestar colectivo en la sociedad en su conjunto y especialmente en los espacios rurales.

La educación y las instituciones educativas tienen un rol clave en los entornos de ruralidad, docentes y directivos son actores fundamentales en la organización intra y extrafamiliar y son centrales como reproductores de las dimensiones sociales de la ruralidad. En el espacio rural, las instituciones educativas no solo tienen la función elemental de impartir educación, sino que se constituyen en instituciones centrales dado que, en ocasiones, orientan la organización familiar y comunitaria (Gutiérrez, 2020). Las escuelas rurales poseen un rol aglutinante, de participación, de comunidad y de encuentro. Son espacios de resolución de conflictos y de organización de diversas labores que exceden lo meramente educativo.

Las escuelas del espacio rural presentan características que las hacen particulares también en su organización interna, generalmente son multigrados, algunas se emplazan en lo rural agrupado, otras en lo rural profundo, otras en los periurbanos y otras son definidas como de desfavorabilidad con grados de ruralidad pero el propio proceso de crecimiento de las áreas urbanas las ha absorbido. Además, están las escuelas de concentración definidas como Centros Educativos para la Producción Total (CEPT), escuelas de gestión rural, que comenzaron a funcionar en 1998, presentes en numerosos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde los estudiantes transitan un período del mes residiendo en las instituciones educativas y otro periodo regresan a sus hogares. Hay instituciones que cuentan con nivel inicial y primario y otras que cubren todo el ciclo educativo obligatorio ofreciendo instrucción secundaria e incluso varias de ellas con formación técnica orientada hacia la ruralidad. La escuela rural es núcleo de diversas actividades que se superponen e incluso superan las pedagógicas, allí ocurren,

campañas de vacunación, de entrega de documentos, cursos del INTA –entre otras actividades– [que] suelen tener por teatro a la escuela rural, a la vez que reuniones de vecinos con las más diversas motivaciones, desde organizar reclamos, consorcios camineros hasta festejos, bailes o fiestas camperas (Gutiérrez, 2020, p. 62).

Para analizar esta dimensión se han sistematizado indicadores que aluden al nivel educativo secundario, reuniendo allí al porcentaje de población de 20 a 59 años que cuentan con el nivel de instrucción secundario o polimodal completo. Además, se ha contabilizado la variable nivel educativo superior, que identifica a la población de 25 a 59 años con nivel superior no universitario (terciario) o universitario completo, la selección de estos indicadores tiene la finalidad de cubrir el espectro de los diferentes niveles educativos que permitan alcanzar en unidad con otras dimensiones, mejores valores de bienestar. Aunque lo deseable sería desagregar la información según las carreras terciarias o universitarias a las que se accede y si se vinculan o no con la ruralidad, dato que contribuiría, en parte, a la comprensión de los desplazamientos de retorno a la ruralidad con otras capacidades formativas. De igual manera, se propone avanzar en la construcción de cartografía temática que muestre los lugares de emplazamiento de escuelas rurales vigentes y aquellas que se han ido desactivando.

La dimensión Educación (Figura 4) expresa, como ya se indicó, una brecha de más de 5 puntos entre la mejor y peor situación del IBR. El 76 % de los radios censales estudiados tienen bajos y muy bajos valores en esta dimensión y la proporción restante representan valores medios y altos del índice. Tal como se observa en la cartografía, no hay un patrón de distribución particular en el comportamiento de esta dimensión, sino que por el contrario predominan valores bajos y muy bajos. Si se reflexiona sobre los indicadores seleccionados resulta que del total de población rural solo el 17,2 % cuenta con el nivel de instrucción secundario o polimodal completo y el 8,9 % posee nivel de universitario o terciario completo. Mediciones que consideran al sudeste pampeano en su conjunto expresan que estas unidades administrativas reúnen las mejores situaciones relativas en el marco de la región pampeana. No obstante, es de destacar que en aquellas con mayor tradición urbana se concentran más altas proporciones de población universitaria por disponer de centros que imparten este tipo de instrucción y por el propio devenir histórico de conformación de estos recortes territoriales (Velázquez et al., 2022).

Saneamiento y vivienda

Esta dimensión reúne dos cuestiones esenciales para medir el bienestar rural de los sujetos. La provisión de agua y el saneamiento constituyen pilares para la salud de la población y la protección del ambiente. La falta de estos servicios “afecta a la inocuidad de los alimentos y la higiene personal y, por tanto, facilita que se contraigan enfermedades transmisibles” (Organización Mundial de la Salud, 2018, p. 4). La posibilidad de contar con agua potable y servicios de saneamiento puede generar “efectos multiplicadores sobre la educación, la alimentación y la salud” (Rozas Balbontín, 2011, p. 2).

En consecuencia, se trata de servicios fundamentales para lograr la satisfacción de necesidades básicas y que ayudan al desarrollo humano. Respecto del acceso a agua segura, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo reconoció como derecho humano, dando continuidad a esta preocupación en la Agenda 2030, donde se enfatiza en la necesidad de garantizar la disponibilidad de agua, puntualmente en el objetivo 6. La existencia del servicio por sí sola, sin embargo, no garantiza agua segura ni potable. La intermitencia en el abastecimiento del agua, la baja presión y las pérdidas atentan contra la calidad de las prestaciones, pero son situaciones difíciles de medir o de incorporar a un índice de bienestar. La discontinuidad del servicio es particularmente negativa ya que el ingreso de aire a las cañerías hace que sean susceptibles a la contaminación por bacterias.

En cuanto a la cobertura de agua, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proponen una medición generosa, según advierte Rozas Balbontín, quien indica sobre la necesidad de considerar una definición más restrictiva, acotada al menos “al acceso mediante conexión por cañerías dentro de la vivienda, la parcela o el patio” (2011, p. 11). Estudios previos como este fundamentan la elección del indicador de conexión de agua dentro de la vivienda.

La presencia y adecuación de los servicios para la eliminación y tratamiento de aguas residuales y excretas es indispensable para la protección de la salud, la reducción de focos de infección y el cuidado del ambiente. Sin embargo, el servicio de cloacas o alcantarillado es propio de las áreas urbanas, mientras que el tratamiento a través de pozos negros es más habitual en zonas periurbanas o rurales, con lo cual se trata de una variable que en áreas rurales no mostrará diferenciaciones por la baja o nula presencia de un servicio público de cloacas.

En cuanto a la vivienda, es el ámbito por excelencia de la cotidianeidad, fundamental para la reproducción social. Debe proteger a sus habitantes contra la intemperie, brindar confort térmico y protección contra sustancias o vectores que constituyan riesgos para la salud. Una vivienda que no cumple con requisitos mínimos en cuanto a materiales, tamaño y saneamiento, se asocia con mayores tasas de morbimortalidad. “En este sentido, el hacinamiento personal colabora en la transmisión de enfermedades, pero también se señala su impacto negativo en la relación con la violencia intradoméstica” (Ares, Auer y Mikkelsen, 2023, p. 7).

En comparación con la vivienda urbana, la vivienda rural, en tanto espacio construido, se encuentra en mayor interacción con procesos naturales y ecosistemas que se transforman, conservan, cultivan o deterioran (Sánchez Quintanar y Jiménez Rosas, 2010). Según Pastor (2000), “la vivienda rural constituye sin dudas uno de los exponentes más elocuentes de la relación paisaje natural y construcción del hábitat” (p. 1). Su tratamiento diferenciado resulta imprescindible para instrumentar políticas públicas que respondan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural (Torres Veytia, Vega Díaz e Higuera Meneses, 2011).

La importancia de abordar esta dimensión e incluirla en un índice sintético también se relaciona con cuestiones históricas, puesto que la visión economicista (y no social) del “campo” y el menor alcance que en las zonas rurales adquirió la idea del acceso a la vivienda como derecho y elemento democratizador del bienestar, hicieron persistir hasta hoy problemas en torno a la desatención pública y la falta de políticas específicas sobre la vivienda rural (Cerdá y Salomón, 2017; Torres Veytia et al., 2011). Así, su manera de definición y caracterización en líneas generales están esbozadas desde una mirada urbanista. “La construcción de algunos indicadores de vivienda y servicios desconoce el carácter ‘natural’ del medio rural y la facilidad de acceso a ciertos recursos (Forni y Neiman 1994, p. 8, citados por Mathey 2007, p. 12). Tal como expresan Cerdá y Salomón, “las viviendas construidas por el Estado y los créditos beneficiaron en mayor medida a los sectores urbanos. El énfasis colocado en la esfera urbana e industrial ocluyó la relevancia de las necesidades rurales” (2017, p. 210).

Pese a estas diferencias, actualmente el espacio rural alberga tantos tipos y dinámicas asociadas a la vivienda como el espacio urbano. El avance de las tecnologías de la construcción, la transición hacia diseños arquitectónicos sustentables y el retorno de técnicas y procedimientos artesanales se conjuga con elementos como, por un lado, la influencia publicitaria, visión como mercancía y presión inmobiliaria originadas en la ciudad, y por otro, la permanencia de estructuras precarias, carencia de servicios, ubicación en zonas de riesgo y elevados costos de los procesos de edificación, estableciendo como resultado una dimensión de análisis compleja, heterogénea y desigual en términos socioespaciales (Torres Veytia et al., 2011; Sánchez Quintanar y Jiménez Rosas, 2010). Para evaluar esta dimensión se tuvieron en cuenta indicadores que provienen del INDEC y que refieren a las condiciones de la vivienda. De acuerdo con el Modelo de Calidad de Vida para la Vivienda Rural propuesto por Sánchez Quintanar y Jiménez Rosas (2010), los indicadores seleccionados corresponden al nivel más pequeño o microsistema, interesado en evaluar aspectos que tienen relación con la persona, su interacción con la familia o miembros del hogar, los materiales de la vivienda y el uso de los espacios que la componen.

Figura 5. Dimensión Saneamiento y vivienda del Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR). Fuente: elaboración propia.

Por un lado, el porcentaje de población en hogares con ambientes suficientes para la vida cotidiana representa la contracara al problema del hacinamiento, es decir, tres o más personas por cuarto. En este caso, se alcanza la situación de bienestar si el cociente entre personas y cuartos es menor o igual a 2, es decir, dos o menos personas por cuarto. Por otro lado, el porcentaje de población en hogares con INMAT-1 examina la calidad edilicia y, específicamente, la predominancia de materiales resistentes, sólidos, con terminación (por ejemplo, cielorraso) y capacidad de aislamiento tanto en el piso como en el techo de la vivienda. La modalidad incluida en el cálculo del índice es Calidad 1, puesto que las viviendas así clasificadas presentan la mejor situación comparativa.

Los indicadores seleccionados muestran que en el sudeste bonaerense la dimensión Saneamiento y vivienda tiene elevado impacto en la composición del IBR (Fig. 5). La brecha absoluta es de 4,4 puntos entre el área con peores condiciones y las que están en condiciones más favorables. Un rasgo notable lo constituye la distribución territorial de las situaciones más adversas, focalizada en los partidos de la costa atlántica. Así, en torno a ciudades como Mar del Plata (General Pueyrredon), Miramar (General Alvarado) o Necochea hay radios censales con un bajo desempeño en los indicadores seleccionados. En esos mismos partidos, las condiciones negativas se extienden hacia algunas áreas alejadas de las urbes, con mayores rasgos de ruralidad tradicional. El mejor comportamiento de este subíndice se advierte en gran parte de los distritos, destacando negativamente Ayacucho y General Juan Madariaga.

Los valores mínimos del índice responden a guarismos muy bajos en los tres indicadores, poniendo en evidencia que son muy marcadas las desigualdades en la calidad de la vivienda y en la posibilidad de acceder al agua dentro de la unidad doméstica, atentando ambas situaciones con la vida cotidiana y la situación sanitaria de la población.

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Las TIC se encuentran en directa vinculación con otras dimensiones fundamentales del bienestar ya que proporcionan acceso a información que puede crear oportunidades laborales y mejorar el acceso a servicios básicos como la salud y educación (Mikkelsen et al., 2020). Sevilla Caro, Salgado Soto y Osuna Millán (2015) definen a las TIC como el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y tener la capacidad de la celeridad e inmediatez facilitando su envío. Dentro de las TIC se incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después (por ejemplo, los discos duro de las computadoras), enviar y recibir información de un sitio a otro (tal es el caso de los teléfonos y computadoras), o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes (principalmente las computadoras, pero también los teléfonos). Las TIC podrían ser facilitadoras de muchas situaciones tales como contribuir a reducir distancias y permitir la continua comunicación. Sin embargo, al ser examinadas de manera crítica, se debe considerar quiénes pueden efectivamente acceder a las mismas y quienes no, no solo por una cuestión de saberes o distancia, sino también de infraestructura disponible para la concreta conectividad. En este sentido, siguiendo con lo expuesto por Sevilla Caro, Salgado Soto y Osuna Millán (2015) se ha creado el término brecha digital para definir la separación entre poblaciones con acceso a las nuevas tecnologías y aquellas que no lo tienen. Ya en 1996, Castells escribía sobre la creciente influencia de las tecnologías digitales en la vida cotidiana, la cultura y la economía, lo cual influiría en cualquier persona o grupo social que no pudiera acceder a las mismas (Castells, 1996 referenciado por Rivoir, Morales y Casamayou, 2019). Asimismo, el término brecha digital se utiliza para establecer las diferencias entre los distintos grupos sociales a la hora de utilizar las TIC, en función de los diferentes niveles de alfabetización y la capacidad tecnológica. Por lo tanto, las desigualdades en torno a las TIC, no sólo se vislumbran entre quienes acceden y quienes no acceden sino también entre quienes poseen o no habilidades y competencias para su manejo (Rivoir et al., 2019).

En líneas generales, las TIC constituyen herramientas que permiten la ampliación de oportunidades informativas, transaccionales y de ocio y entretenimiento. Al mismo tiempo, favorecen la integración social, las oportunidades culturales y de aprendizaje, los niveles de actividad y la resolución de problemas cotidianos (Rivoir et al., 2019). Sin embargo, se distingue un desigual acceso a las TIC entre los espacios rurales y los espacios urbanos (Sili, Guibert y Bustos Cara, 2015; Mikkelsen et al., 2018; Rivoir et al., 2019; Mikkelsen et al., 2020). Para operacionalizar la dimensión TIC se han estudiado y sistematizado dos indicadores. El primero, alude al porcentaje de población en hogares con tenencia de computadoras. El segundo es el porcentaje de población en hogares con teléfono de línea o celular.

El acceso a telefonía y a computadora implican facilidades para el desarrollo de la vida moderna y ejemplifican, aunque de manera indirecta, la posibilidad de acceso en relación con el poder adquisitivo, y más aún con la infraestructura en comunicación que se encuentra disponible para el medio rural. Dicha infraestructura, suele ser acotada, por una cuestión de eficiencia económica para las empresas que ofrecen el servicio de telefonía celular. Cabe aclarar que los indicadores seleccionados garantizan la posesión de las TIC aludidas, pero no la conexión a internet. Posiblemente, de poder sumar esta cuestión, se agregaría mayor complejidad al análisis (Mikkelsen et al., 2020). En esta oportunidad, no fue posible trabajar con este indicador debido a que INDEC no lo tuvo en consideración para el relevamiento del CNPHyV 2010. Se encuadra así entre los indicadores deseables que no se han podido trabajar en el IBR debido a la falta de datos para la región de estudio. No obstante, resulta importante dejar esclarecido que actualmente es elevado, y va en aumento el índice de penetración de internet a nivel mundial (Sevilla Caro et al., 2015), por lo que es un indicador deseable de poder trabajar a escala de radios censales.

Figura 6. Dimensión TIC del Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR). Fuente: elaboración propia.

La computadora es un “aparato que se utiliza para el almacenaje, procesamiento de información (datos, palabras, imágenes, etc.) del cual disponen los ocupantes del hogar” (INDEC, 2010, p. 5). La inclusión de un indicador sobre tenencia de computadora responde a que, en la actualidad, esta herramienta permite realizar variedad de trámites, actividades de interacción y de educación, gestiones médicas, recreativas, uso de programas y aplicaciones de diversa índole, entre tantas otras posibilidades (Mikkelsen et al., 2020). Esta situación no garantiza la conexión a internet, y para la correcta ejecución de varias de las funciones mencionadas, es necesario contar con dicho servicio.

El teléfono fijo es un “sistema eléctrico de telecomunicación por medio de cables, aplicado a la transmisión de la palabra, mediante un aparato receptor y transmisor conectado a una red telefónica” (INDEC, 2010, p. 5). La telefonía se ha transformado en un bien de uso masivo y extendido a nivel global (Mikkelsen et al., 2020), y la tenencia de telefonía fija permitió la comunicación desde mucho antes que la móvil. Sin embargo, las áreas rurales siempre contaron con una menor presencia de telefonía fija, debido a su mayor costo y a la difícil factibilidad y alto costo de la instalación. Por el contrario, la posterior aparición de la telefonía móvil o celular supuso un cambio más beneficioso para los espacios rurales (Sili et al., 2015).

El celular es el “teléfono móvil desde el que se pueden efectuar y recibir llamadas, en una red telefónica por células. Se considera su disponibilidad en el hogar si al menos uno de sus integrantes tiene un teléfono celular” (INDEC, 2010, p. 5). Este ha mejorado el acceso a la información y a nuevos servicios, incrementando las posibilidades de desenvolvimiento personal. Además, estos dispositivos inalámbricos posibilitaron la conexión a internet por medio del uso de datos móviles. No obstante, esta disponibilidad depende de la cobertura de señal, al tiempo que hay funciones, propias de las computadoras, que el celular todavía no ha podido alcanzar o son más difíciles de lograr (Sili et al., 2015). La cobertura de señal para la telefonía celular, por parte de las empresas dedicadas a este servicio, evidencia una clara concentración en los núcleos urbanos, razón por la cual los pobladores rurales deben aplicar infinidad de estrategias para obtener cobertura (Mikkelsen et al., 2020). Como ya se advirtiera, en el sudeste bonaerense los indicadores posibles muestran una brecha diferente, inquietando en el desempeño del bienestar el comportamiento del indicador Porcentaje de población en hogares con computadora. Para este, la diferencia entre el área con peores condiciones y la que se encuentra en una posición más favorable es de 5 puntos. Por su parte, el Porcentaje de población en hogares con teléfono vislumbra un mayor acceso, debido a que la brecha es de 1 punto. En este sentido, en aquellos radios censales donde el IBR evidencia sus niveles más bajos (extremadamente bajo y muy bajo), por cada 10 hogares, 5,1 poseen telefonía, pero sólo 0,8 tienen una computadora. Su distribución territorial se focaliza en áreas costeras del partido de Lobería y Villa Gesell, en radios de Balcarce y Miramar, y en menor proporción en el distrito de Mar Chiquita (Figura 6). Los estadios bajo y medio del IBR son los que predominan territorialmente.

Figura 7. Dimensión Ambiente del Índice de Bienestar de las Ruralidades (IBR). Fuente: elaboración propia.

Si bien el acceso a telefonía (fija o móvil) es medianamente uniforme entre estos dos estadios (9,3 hogares de 10, y 9,7 de 10, respectivamente), varía la tenencia de computadora. En los radios donde se presenta un IBR bajo, 2,5 hogares de 10 poseen esta TIC, mientras que para quienes evidencian un IBR medio, 3,6 hogares de 10 tienen acceso a, por lo menos, una computadora. Por su parte, los radios censales con mayor IBR (alto y muy alto) se hallan en todos los partidos del sudeste bonaerense excepto en Ayacucho, General Juan Madariaga y Villa Gesell. No obstante, la mayor concentración se encuentra en Necochea, Lobería y General Alvarado, partidos que evidencian gran diversidad en sus categorías de bienestar. En estos casos, se evidencia el peso del porcentaje de población en hogares con computadora ya que, de cada 10 hogares, 9,8 presentan telefonía fija o móvil y 6,6 cuentan con una computadora. Por lo tanto, el mayor acceso a esta última TIC indica un incremento del bienestar hacia el interior de esta dimensión para el sudeste bonaerense.

Ambiente

Es la dimensión de más reciente incorporación en el análisis multidimensional del bienestar en contexto de ruralidad, lo cual permite dar cuenta de una territorialidad específica, asociada a los definidos como agroterritorios (Cerdá, Muzlera y Salomón, 2020), entendidos como,

territorio que incluye tanto espacios rurales como urbanos inmersos en solapadas o abiertas disputas por los sentidos identitarios y el control de los recursos, en el que la naturaleza y las producciones directamente asociadas con ésta (tanto de los sectores primarios como de los secundarios y terciarios) ocupan un lugar protagónico (p. 5).

Según la OMS (2018), el ambiente se relaciona con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona, y engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud. El ambiente es un complejo y dinámico sistema de elementos e interrelaciones que permite el desarrollo de la vida. Como expresa Reboratti (2000, p. 8) “el concepto de ambiente engloba a todos los elementos y relaciones que se encuentran dentro de la biosfera, tanto los que son estrictamente naturales como los que han sido producto, en mayor o menor grado, de la intervención humana”, por tanto, el ambiente también incluye a los elementos que fueron alterados por la humanidad. La OMS estima que en 2012 casi una cuarta parte del total mundial de muertes se debieron a vivir o trabajar en ambientes poco saludables, siendo los principales factores de riesgo ambiental la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta. El término calidad ambiental se relaciona con las condiciones de habitabilidad del mundo respecto al ser humano, lo cual implica el mantenimiento de una estructura y función similar a la que se encuentra en los ecosistemas naturales equivalentes (Burgui Burgui, 2008). Los indicadores ambientales son valores o parámetros que buscan reflejar, de modo sintético y cuantitativo, la calidad del ambiente (Burgui Burgui, 2008). Una forma de agruparlos es por ‘temas ambientales’ (Burgui Burgui, 2008; CEPAL, 2009; Cerdá et al., 2020) como: biota y biodiversidad, cantidad y calidad del agua, calidad del aire, cambio climático, ambiente urbano, uso sostenible del suelo, gestión de residuos, gestión sostenible de recursos naturales, uso de productos químicos y plaguicidas, frecuencia e intensidad de los desastres naturales, organización y apropiación del espacio. Otro indicador que se puede incluir dentro de esta dimensión es la tasa de seguridad, considerando que la seguridad personal también hace al ambiente socialmente construido, relacionado al logro de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible (Objetivo 16 de la Agenda 2030). La elección de indicadores para cada uno de los temas se realiza en función de la relevancia, pero también de la información disponible, considerando que es conocida la escasez de información y estadísticas ambientales básicas (CEPAL, 2009). Para su evaluación se analizan las variables recurrencia de inundaciones e incidencia del uso de pesticidas (Figura 7). Entre los resultados, se destacan los valores bajos del IBR para el partido de General Pueyrredon por la alta incidencia de los pesticidas relacionados a su aplicación en el cordón frutihortícola y, los guarismos altos en los partidos de General Juan Madariaga y Lobería relacionado con la baja incidencia del uso de pesticidas en el primer caso y con la poca recurrencia de inundaciones en el segundo. El resto de los partidos del sudeste bonaerense se encuadran entre los valores medios.

Conclusiones

El objetivo del trabajo fue presentar y poner en conocimiento una propuesta metodológica que permita aportar datos sobre el bienestar de la población rural del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para ello se ha trabajado en la construcción de un índice para la medición del bienestar rural, definiendo dimensiones, variables e indicadores en un ejercicio de debate interno, de argumentación y contraargumentación colaborativa. Se ha logrado, de este modo, un entramado que, a través de las dimensiones seleccionadas y el índice sintético elaborado, muestra la situación del bienestar en las ruralidades del sudeste bonaerense. El análisis estadístico de los resultados y su representación mediante cartografía temática han permitido identificar qué dimensiones requieren mayor atención y en qué unidades espaciales se concentran. Es decir, se ha podido hacer una aproximación a las condiciones que definen dificultades concretas en el bienestar de los espacios de ruralidad, tanto en una perspectiva vertical u ordinal como en una aproximación horizontal, observando los resultados en su contexto y en relación con otras unidades espaciales.

Asimismo, se ha advertido la necesidad de sumar otras dimensiones o profundizar sobre las elegidas siguiendo la metodología empleada. En este sentido, la dimensión Trabajo no se pudo incorporar debido a las limitaciones de la base de datos censales de 2010 (formulario Básico) a escala de radios censales. Se espera que los resultados a escala de radios censales del último censo nacional de población, relevado en 2022 permitan su inclusión dada la importancia del trabajo para la participación de la vida social y económica de la población, la construcción de la identidad de los sujetos, constituyendo asimismo un aspecto fundamental para la obtención de bienes materiales e intangibles.

En cuanto a la dimensión Ambiental, se reconoce su importancia en la medición del bienestar. El tratamiento de dos variables ha mostrado que el indicador de contaminación por agroquímicos, pese a estar a escala de partidos, permite diferenciar de manera notable a las unidades espaciales, particularmente en partidos como General Pueyrredon debido a su extenso cinturón frutihortícola, segundo en importancia a nivel de la provincia de Buenos Aires. En cambio, el indicador referido a recurrencia de inundaciones tiene baja capacidad de discriminación territorial para esta región, debido a su homogeneidad en cuanto a relieve y condiciones climáticas.

La dimensión TIC mostró una brecha importante en 2010 aunque es posible que en el tiempo transcurrido hasta el presente se haya reducido. En la actualidad es relevante contar con posibilidades de comunicación con lo cual su incorporación en una nueva medición es necesaria, pero debería estar acompañada por la evaluación de la disponibilidad de antenas o redes de comunicación a lo largo del territorio, aunando la tenencia de un dispositivo (teléfono o computadora) con la posibilidad concreta de la comunicación. Además, se debería incorporar la medición de la población con acceso a internet.

Por último, se sostiene la necesidad de profundizar en el estudio de la dimensión Saneamiento y vivienda dadas las condiciones adversas expresadas especialmente a través de la conexión de agua dentro de la vivienda y la calidad de los materiales. Se advierte que debería incorporarse algún indicador de calidad del agua por su incidencia sobre la salud de la población. Asimismo, la dimensión Educación se sostiene como fundamental y central en el logro y sostenimiento del bienestar de las poblaciones rurales, no sólo por tratarse de un derecho humano, sino también por su rol para empoderar y dar autonomía a los sujetos.

La medición del bienestar a través de indicadores sociales ha permitido observar la situación de la población y a su vez posibilita avizorar que en la trayectoria seguida entre 2010-2022 podrían haber sucedido mejoras en algunos aspectos de las condiciones de bienestar en la ruralidad del sudeste bonaerense. De este modo, incrementar las opciones de comunicación, optimizar las viviendas y sus condiciones de acceso al agua, reconocer la necesidad de reducir el riesgo de contaminación por pesticidas, son elementos centrales que se podrán seguir estudiando mediante fuentes de datos conocidas o de otras que puedan publicarse en los próximos años.

En síntesis, se espera que la ejecución de esta propuesta metodológica permita, de aquí a futuro, complejizar el análisis con las dimensiones e indicadores deseados, plantear investigaciones pormenorizadas sobre cada una de las dimensiones, e identificar recortes territoriales para la realización de trabajo de campo que permita traspasar el estudio del bienestar rural y arribar al conocimiento sobre la calidad de vida rural.

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Fecha de recepción: 20/12/23

Fecha de aceptación: 09/09/24

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