Territorialización de la minería e hidrocarburos en Malargüe (Argentina) en los siglos XX y XXI
María Laura Langhoff*
Resumen
Las actividades minera e hidrocarburífera han intervenido el departamento de Malargüe transformándolo en un espacio de interés económico tanto para capitales nacionales como extranjeros, con respaldo del Estado nacional y provincial. La territorialización de la minería generó una idealización de la actividad luego de su declive, en tanto los hidrocarburos han sufrido altibajos que afectaron a la población local, pero se han consolidado como actividad clave. El objetivo del trabajo es presentar una periodización para ambas actividades bajo distintos modelos económicos y qué actores identificamos a través del tiempo. Para ello metodológicamente se combinó trabajo de campo (realización de entrevistas y relevamiento de archivo), con análisis temporal por medio de la técnica de Sandwich de Dagwood. Se concluye que la territorialización de estas actividades se inscribe en modelos de acumulación que definen períodos en los que se dio una intervención combinada de capitales principalmente nacionales y, en segundo término, extranjeros. Los períodos de auge de estas actividades no fueron capitalizados íntegramente por el Estado al no solucionar situaciones estructurales del departamento como infraestructura, comunicación y emigración.
Palabras claves: Territorialidades, Malargüe, Hidrocarburos, Minería.
Territorialization of mining and hydrocarbons in Malargüe (Argentina) in the 20th and 21st Centuries
Abstract
Mining and hydrocarbon activities have intervened in the department of Malargüe, transforming it into a space of economic interest for both national and foreign capitals with the support of the national and provincial states. The territorialization of mining generated an idealization of the activity after its decline, whereas hydrocarbons have experienced fluctuations that affected the local population but have nonetheless consolidated as a key activity. The objective of this work is to present a periodization for both activities under different economic models and to identify the actors involved over time. Methodologically, the study combines fieldwork (including interviews and archival research) with temporal analysis using Dagwood Sandwich technique. It is concluded that the territorialization of these activities is embedded in accumulation models that define periods characterized by a combined intervention of primarily national capital and, secondarily, foreign capital. The boom periods of these activities were not fully captured by the State, as persistent structural problems —such as infrastructure, communication, and out-migration —were not addressed.
Key words: Territorialities; Malargüe; Hydrocarbons; Mining.
Introducción
El departamento de Malargüe, ubicado en el sur mendocino, comprende 41.317 km2 (Fig.1) y en las últimas tres décadas han confluido en su jurisdicción la extracción de hidrocarburos, la actividad criancera, el turismo y, actualmente, el avance de proyectos megamineros. Así progresivamente se transforma en un espacio donde confluyen diversos intereses multiescalares que buscan obtener recursos estratégicos como minerales (cobre, uranio, potasio, entre otros), gas y petróleo. La historia de Malargüe está signada por distintos procesos de acumulación como territorio netamente proveedor de recursos, pero que recibe escasos beneficios. No obstante, en el marco del afianzamiento de proyectos extractivistas bajo la alternancia de los modelos neoliberal y progresista Malargüe vuelve a adquirir centralidad. En este sentido, el objetivo de este trabajo consiste en presentar una periodización para ambas actividades bajo distintos modelos económicos y los actores que identificamos a través del tiempo en el departamento. En este análisis se considera a Malargüe un territorio de interés para los capitales nacionales e internacionales vinculados a la minería y combustibles fósiles, lo que confluye con los intereses del gobierno provincial que lo valora como fuente de recursos estratégicos. En este orden de ideas, se analiza y se describe desde un enfoque territorial cómo se dieron los procesos de expansión de la minería, con diversos subciclos, desde mediados de siglo XX, junto a los hidrocarburos y sus consecuencias.
Figura 1. Localización del departamento Malargüe. Fuente: elaboración propia.
Esta propuesta de análisis es necesaria para comprender el planteo del gobierno mendocino de modificar la matriz productiva estrechando relaciones con capitales trasnacionales. En el transcurso del siglo XXI se refuerza un modelo de acumulación orientado al cambio energético global con efectos persistentes en las territorialidades locales. Aquí es donde los actores gubernamentales recurren a narrativas favorables a la minería, dejando de lado actividades productivas como la criancera de raigambre ancestral en el caso malargüino (Soto y Martínez Navarrete, 2020; Ruíz Peyré, 2019).
Marco teórico
El marco conceptual que orienta este trabajo toma como referencia los conceptos geográficos de territorio y territorialidad corporativa. Si bien desde la disciplina se ha teorizado ampliamente sobre el territorio (Santos, 2000; Silveira, 2008; Haesbaert, 2013), aquí se centraliza en los aportes de Mançano Fernandes (2005; 2008), Silveira (1997; 2007) y Saquet (2015). El territorio es el producto y escenario de las redes de poder, despliegue de tecnologías e interacción entre los diversos actores, a la vez que, con el tiempo, acaba convirtiéndose en la impronta que almacena la acción humana y sus modos de producción. Así se destaca el aporte de Mançano Fernandes (2005) quien entiende a los territorios como
…una fracción del espacio geográfico a partir de diferentes relaciones sociales (…) su configuración como territorio se refiere a las dimensiones de poder y control social que le son inherentes. Desde esa comprensión, el territorio aun siendo una fracción del espacio, es también multidimensional (p. 276-277).
Este enfoque permite encuadrar al espacio malargüino en modelos de acumulación que contribuyeron a elaborar y transformar tanto el medio físico, como las relaciones político-económicas y sociales que definen a estas territorialidades. Mançano Fernandes considera que el concepto de territorio contiene los principios de: soberanía, totalidad, multidimensionalidad, pluriescalaridad, intencionalidad y conflictividad. En el caso de la territorialidad corporativa (Silveira 2007), advierte sobre la jerarquización territorial, la subordinación de políticas estatales y el establecimiento de una discursividad facilitadora de cambios que favorecen a las grandes empresas. Esto propicia una fragmentación territorial y el despliegue de relaciones verticales en los lugares.
Por su parte, Saquet, sigue a Raffestin, Bresso y Claval y sus obras de los setenta, para elaborar una definición de territorialidad como algo fluido y plural, donde se articulan redes de circulación, comunicación y jerarquías controladas por multinacionales (Saquet 2015). En su caso también describe a los territorios como producto de la “construcción social, histórica, relacional y está siempre vinculado a procesos de apropiación y dominación del espacio y, evidentemente, a las personas” (Saquet 2015, p. 34). En este sentido, plantea que los procesos que diferencian al territorio del espacio son: las relaciones de poder; la construcción histórica y relacional de identidades y los movimientos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Asimismo, en su análisis son fundamentales la interacciones sociedad-naturaleza.
En el entramado de territorialidades, la discursividad es una estrategia valiosa para los actores que capitalizan el poder por medio del control de una narrativa orientada a fomentar la minería y la extracción de hidrocarburos. En este orden de ideas y estableciendo una relación con la territorialidad corporativa, Machado Aráoz considera que: “los nuevos regímenes extractivistas han dado lugar a la conformación de un nuevo escenario socioterritorial regional” (Machado Aráoz 2013, p. 33). En muchos casos, esas estrategias se concretizan por medio de la prensa y la producción oficial de consignas orientadas a construir una argumentación favorable en torno al progreso, el desarrollo y, en los últimos años, al crecimiento.
En el caso que se analiza aquí, para habilitar la apertura a actividades como la megaminería y energías extremas como el fracking (Wyczykier y Acacio, 2023), el gobierno mendocino recurre a una base argumentativa que se sustenta en tres ejes: cambio en la matriz productiva; presentación de estas actividades como sustentables a partir de “minería sustentable” y existencia de una licencia social. Esta última encontraría su fundamento en la representación compartida por parte de la población malargüina de que el departamento ha sido relegado históricamente. En este sentido, la minería representaría la posibilidad de salir de ese relegamiento. Esta argumentación idealiza la minería de mediados de siglo XX y relega/oculta la existencia de otras actividades económicas que han contribuido a fortalecer las relaciones socio-culturales como el caso de la actividad rural.
Metodología
La metodología utilizada es cualitativa con un diseño general estructurado en torno al trabajo de campo con realización de entrevistas a informantes claves relacionados con la actividad petrolera, la historia local y la militancia socioambiental, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, y relevamiento de información en el Archivo Histórico de Malargüe (cajas sobre minería y petróleo). Con el fin de lograr una mejor interpretación y validación de la información recolectada se procedió a hacer un chequeo cruzado para detectar puntos ciegos o contradicciones en los resultados que se encontraron progresivamente. Debido a que el factor temporal es esencial para comprender y describir la constitución de las territorialidades, se tomó como herramienta el método diacrónico sandwich de Dagwood (Newcomb, 1976). A partir de un tema central se construye una periodización que facilita la exposición sobre cómo influyen los procesos que son transversales a dicho tema eje. Además, crea una herramienta de comprensión y organización de la información sobre el desarrollo de las transformaciones, alteraciones y hiatos vinculados al tema estructurante.
En este caso el tema central es la extracción de recursos naturales no renovables (hidrocarburos y minerales) durante los siglos XX y XXI en el departamento de Malargüe. Para crear esta periodización se consideró procesos transversales como la consolidación del Estado nacional; la demanda de materias primas en el marco de la 2° Guerra Mundial; el creciente interés de capitales internacionales por el departamento Malargüe a finales de los sesenta y las políticas neoliberales impulsadas desde la década del setenta. De este modo se elaboró un esquema de territorialidades donde se observan los ciclos económicos vinculados a la minería y los hidrocarburos. A continuación, la estructura del artículo expone el desarrollo de la minería y los combustibles fósiles.
Resultados y discusión
Minería diversificada en tiempos de crisis mundial
La valoración del sur mendocino como reservorio mineral fue planteada por Olascoaga a finales del siglo XIX (Olascoaga 1901; Olascoaga 1935). No obstante, la minería malargüina adquiere centralidad entre los treinta y sesenta del siglo pasado, cuando se inicia el primer ciclo minero con la extracción de carbón, asfaltita, y uranio. En el primer caso para enviar a Europa durante la 2° Guerra Mundial y en el segundo para el desarrollo de la energía nuclear en el país y también para su envío al exterior, específicamente a Alemania. De esa época datan las minas de Minacar, La Valenciana (carbón, asfaltita) y Huemul (uranio) (Fig. 2). Paralelamente, en la década de los cincuenta el manganeso se extrajo en el distrito de Agua Escondida, en la mina Ethel, además de otros yacimientos de menor envergadura. Su explotación fue conveniente hasta la década del setenta, momento en que se comenzó a importar manganeso de Brasil. A su vez, se extrajo hierro en el yacimiento Hierro Indio (1958) y minerales no metalíferos como el azufre en la zona del volcán Overo, bajo el control de Sociedad Minera Argentina (SOMINAR S.R.L).
La intensificación de la actividad supuso una demarcación socioeconómica de los territorios vinculados a la minería, que se tradujo en la construcción de infraestructuras para extracción y campamento minero, como los casos de Minacar (Langhoff, 2024), Huemul y el complejo de SOMINAR. En algunos casos la construcción de viviendas, instalaciones sanitarias y escuelas para los trabajadores y sus familias, cubrió necesidades que hasta ese momento no habían sido atendidas por políticas públicas, y benefició a habitantes rurales de las cercanías. Las infraestructuras asociadas a los emprendimientos mineros alentaron una mejoría en sectores de la población malargüina vinculada directamente a ellos o que vivían en sus cercanías, por lo que fomentaron un imaginario favorable hacia la minería, que aún está vigente. Esto contribuyó a una narrativa que oculta las condiciones de trabajo inseguras e insalubres (Capitanelli 1957). En tal sentido uno de los entrevistados, relató:
Eso va, más o menos, de 1935-1940 a 1970, en esos poquitos años nosotros nos enamoramos de la minería, porque un campamento minero, suponete acá el campamento minero, tenía sus instalaciones vinculadas con la minería, tenía una escuela, tenía una proveeduría, una gamela, un comedor y mucho (…) inclusive mi abuelo trabajaba en un campamento minero (…) acá en la mina Los Castaños, mina de carbón, mi abuelo tenía hasta su huerta, o sea era minero y puestero (…) mi mamá aprendió a leer en un campamento minero (N., 6/10/2023).
Figura 2. Localización de minas. Fuente: elaboración propia en base a Nullo, Stephens, Combina, Dimieri, Baldauf y Bouza (2005).
Las condiciones de sobreexplotación y consiguiente precariedad de los trabajadores, eran frecuentes (sino la norma) en la minería de entonces, no solo en Malargüe, sino en otras zonas del país (Gómez Lende, 2021). En el caso malargüino, algunas fueron escenario de accidentes graves o donde perdieron la vida trabajadores, como el caso de Los Castaños (carbón) o La Bombilla. Estos yacimientos con topografía accidentada consistían en galerías desde donde se extraía el mineral en vagonetas. Para trasladarlo requerían, la mayoría de las veces, el transporte con mulas.
Más allá de la exportación, una fracción del mineral era procesado e industrializado en el país y parte del proceso se iniciaba en Malargüe. En este sentido adquirió un rol fundamental la empresa Grassi, que en 1952 puso en funcionamiento la Fábrica Química Argentina de Luis Grassi y Cía. para la producción de carburo de calcio y sales. A finales de esta década, dicha compañía ya elaboraba ferrosilicio, ferromanganeso, siliciomanganeso, además del carburo de calcio. Grassi era propietaria junto con el minero local Guillermo Von Zedwitz, de la mina Ethel, mencionada anteriormente. Esto activó un circuito de extracción, procesamiento y producción malargüino. En el caso del carbón, altamente requerido durante los períodos bélicos, declinó luego de las contiendas mundiales.
Ya en tiempos de la Guerra Fría y con la expansión de nuevas industrias ligadas a la petroquímica, la demanda de otros minerales aumentó. A finales de la década del sesenta, inversores alemanes mostraron interés por la zona de Bardas Blancas a orillas del río Grande, para la instalación de una planta de soda Solvay. Esto debido a que allí se ubica uno de los reservorios de sal gema más importante del país, mineral esencial para la industria petroquímica y del vidrio. Por entonces se generó una fuerte disputa entre Mendoza y Río Negro, por la instalación de la planta en la costa, en San Antonio Oeste. A pesar del interés de capitales japoneses como Mitsui Company Ltd.; Toyo Engineering; Isikawakima Harima Heavy en los sesenta, y después por Mitshubishi, que se había asociado con industrias Grassi, el gobierno nacional favoreció la localización en Río Negro. Por entonces las notas de prensa afirmaban que las indecisiones gubernamentales para la concreción de esta planta estuvieron sujetas a la injerencia del trust internacional que dominaba los álcalis, cuya filial en el país era CIDASA (Compañía Industrial de Álcalis) cuyo representante era José Alfredo Martínez de Hoz. Esto fue fuertemente cuestionado por las autoridades malargüinas.
En la década del setenta se comenzó a manifestar un retroceso minero en Malargüe. El hecho sintomático de esta caída de la actividad lo marca el “malargüinazo”, movilización de los trabajadores mineros del distrito Agua Escondida, durante el último tramo de la dictadura de Onganía-Levingstone-Lanusse (1966-1972). En este caso, la situación que empujó a los mineros a movilizarse en las tierras áridas del sur cuyano, fue el cierre de la mina de manganeso Santa Cruz. Debido a la importación del mineral desde Brasil favorecida por el gobierno nacional, la extracción en esta mina se tornó onerosa y el mineral de menor calidad cuestión que dificultó su comercialización. Esta situación se sumó a otras condiciones no atendidas por el gobierno provincial que involucraban directamente la integración del departamento y sus habitantes al resto de la provincia de las que se dará cuenta a continuación. Dentro de los factores que generaron la eclosión del “malargüinazo” se encuentran aspectos estructurales como la falta de fuentes de trabajo; la ausencia de un banco de rescate de minerales y la constante postergación de la instalación de la planta de soda Solvay, entre otras demandas (Abaca y Vedia 2015). Esta movilización tuvo lugar entre el 1 y el 6 de julio de 1972, cuando gran parte de la población se trasladó y cortó el tránsito en el puente sobre el río Salado en la ruta nacional 40. Entre otras acciones, la población movilizada tomó las instalaciones de la radio nacional local y la municipalidad. Pero lo más significativo en la forma de manifestarse fue la “marcha del hambre” que realizaron los mineros desde la mina hacia San Rafael y de allí a Mendoza. Esta movilización está excluida de la memoria local y la narrativa minera actual que refuerza la representación de la minería como fuente de bonanza y de respuestas a situaciones estructurales como falta de empleo y conectividad en el departamento (Abaca y Vedia, 2015).
No obstante, a finales de 1972 se reiniciaron las actividades en la mina Santa Cruz (distrito Agua Escondida), pero el modelo de acumulación neoliberal que comenzó a imponerse con la última dictadura cívico-militar (1976-1983) acentuó el declive minero. Al respecto, un hecho clave se produjo en 1974 cuando se dio por finalizada la extracción de uranio en la mina Huemul. En las décadas de los ochenta y noventa la actividad minera decayó aún más con políticas cuyo eje fue la apertura económica y privatizadora de bienes del Estado. Por entonces Malargüe acusó el impacto de las privatizaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la caída de demanda en minerales de primera categoría que ya no eran extraídos en el departamento, junto con el cierre del ramal ferroviario que conectaba a la localidad con San Rafael y la pampa húmeda. Estas circunstancias se tradujeron en incremento del desempleo y disminución de población por emigración (Mamani 2015). La conjunción de estas pérdidas con la prevalencia de situaciones estructurales como el relegamiento de la población rural y el no otorgamiento de titularidad de sus tierras, más la precariedad de servicios esenciales como educación y salud en el medio rural, quedo expuesta en casos de desnutrición infantil y una tasa elevada de analfabetismo. La prensa provincial mostró la situación, recordada por algunos entrevistados:
… la preocupación que origina el elevado número de personas sin trabajo que existen en el departamento, lo que crea un verdadero problema social, hasta el momento sin salida visible. Relacionado con ello, se mostró que la intendencia ha encarado algunas medidas de promoción que en alguna medida aliviaron la situación mencionada, tales como la entrega de predios en forma precaria a las firmas mineras Yemaco S.A. y A.M. Pescio, dedicadas a la industria del yeso, quienes han iniciado la instalación de dos importantes complejos industriales, que permite abrigar la esperanza de que absorba buen número de mano de obra (Prieto, 1972, p. 9).
No podemos sustraernos a la situación general de Malargüe. Creemos que debido a los recesos de la minería y de la actividad petrolera debe haber en la villa más de 4.500 desocupados [expresiones de miembros del Centro Minero de Malargüe] (Los Andes, 1988, p. 16).
Después el tema de los niños desnutridos que, en aquellos años, debido a la alimentación, había muchos desnutridos, ahora ya no, ha bajado el tema porque está muy controlado eso ¿viste? El control, nosotros a la mamá (sic) la hacemos que vengan todos los meses, las controlamos nosotros, el médico ¿viste? Lo tenemos muy controlado, así que ya niños desnutridos casi no aparecen ¿viste? Porque son todos tratados a tiempo… (Entrevista a R., 05/10/2023)
No obstante, en el contexto de los años noventa se dieron nuevos avances en relación a la minería transescalar que repercuten en Malargüe.
Megaminería en Malargüe, fragmentación para la transición energética
En la década del noventa los gobiernos de Argentina y Chile suscribieron el Tratado de Integración y Complementación Minera (1997) que habilitó los beneficios para la ejecución de megaproyectos mineros de capitales transnacionales (fundamentalmente canadienses y australianos) para desarrollar la megaminería del oro, plata y cobre con métodos tecnificados combinados con el uso de químicos como el cianuro. De esta época datan proyectos que aún están activos y con profundas consecuencias sociales y ambientales en las provincias de Catamarca (Bajo la Alumbrera y Agua Rica) (Bertea, 2013; Valiente, Ensabella y Del Julio, 2013; Lamalice y Klein, 2016) y San Juan (Godfrid y Damonte, 2020; Moscheni 2019). A nivel local se comenzó a configurar una nueva etapa en la que se hicieron exploraciones en nuevos yacimientos, como el caso de Cerro Amarillo, al oeste de la ciudad de Malargüe (Taillant, 2015) en búsqueda de cobre, principalmente, pero además oro y molibdeno. Esto fortaleció la memoria consecuente con la minería, lo que habilitó la narrativa minera para potenciar la licencia social por parte del Estado (municipal, provincial y nacional) y sectores ligados al comercio y la educación a nivel local.
El siglo XXI se caracterizó por un modelo de acumulación neo-desarrollista donde se intensificó la intervención del Estado, pero sin obstaculizar la inversión privada con la premisa de lograr el crecimiento, para ello se potenció la industrialización urbana para generar empleo (Katz 2015) y la minería fue uno de sus bastiones. El impacto en los paisajes, las comunidades, la producción regional y el riesgo de contaminación de cuencas hídricas condujo a que, para el caso de Mendoza, se genere oposición en la población de los oasis. Como resultado las masivas movilizaciones ante proyectos como San Jorge o exploración de cobre en la zona del cerro Nevado (General Alvear), frenaron la minería contaminante en esta provincia (Wagner 2014). El resultado fue la sanción de la Ley 7722 (2007), que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y similares tanto en cateos, prospección, exploración y explotación, por lo que limita la minería metalífera, pero no prohíbe totalmente otras actividades mineras como la de canteras.
En este escenario, Malargüe buscó reactivar la minería a gran escala con proyectos como la extracción de potasio en la cuenca del río Colorado (Wagner y Giraud 2011) y destacar la presencia de cobre y hierro en el departamento. Para ello desde las reparticiones del gobierno provincial y local pusieron en juego diversas estrategias discursivas bajo eslóganes como “minería sostenible”, “licencia social” y la realización de la Minning 2015 en la ciudad. Además de oponerse férreamente a la ley ٧٧٢٢ defendida por los demás departamentos.
En este orden, en los últimos dos años el ejecutivo provincial junto al sector privado impulsa una megazonificación minera dentro del departamento Malargüe denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), que engloba 34 proyectos en la primera parte (Langhoff, 2004) y 27 en la segunda, orientados a la extracción del cobre y uranio. Este megaproyecto ejecutado por el Estado en alianza con el sector privado, reterritorializa la minería en función de la “comodificación” del cobre en los mercados internacionales en el contexto de la transición energética. En efecto, el actual modelo de acumulación se refuerza detrás de la denominada transición energética, sobre todo en países y regiones que son consideradas por los grandes capitales como reservorio de minerales estratégicos para este proceso. La transición energética es comprendida como “un cambio global que supone dejar atrás los combustibles fósiles para adoptar nuevas fuentes de energía y, de este modo, contribuir en sentido más amplio a la transición que busca alcanzar una economía libre de carbono para mediados de siglo” (Extractive Industries Transparency Initiative 2021, p. 4). En este sentido, es posible hablar de un consenso internacional al cual se circunscriben políticas públicas, lineamientos económicos y políticos. Algo que algunos investigadores califican como un “consenso de la transición energética” o consenso de la descarbonización (Bringel y Svampa, 2023; Walter, Deniau y Herrera Vargas, 2024). Este esquema refuerza la condición de países exportadores de materias primas y re-primariza la producción de diversas zonas que tuvieron o tienen actividad minera. El diseño del MDMO responde abiertamente a las necesidades de dicho esquema.
Este recorrido por la territorialidad metalífera se inserta en las lógicas corporativas del gran capital que son apoyadas por sectores de la sociedad local, para ello recurre a la construcción de una memoria donde se idealiza la minería y a la educación formal. En esta construcción de una identidad minera fragmentada la institucionalidad educativa local tiene su rol. De esta manera adquiere centralidad la escuela Técnica, Química, Industrial y Minera N° 4-018 Manuel Nicolás Savio, que considera a la minería como actividad central del departamento. Esta institución educativa, además de capacitar inicialmente a futuros trabajadores, asume que la minería es el vehículo al progreso, crecimiento e integración, y reserva a Malargüe un lugar de importancia dentro del esquema de la transición energética, además de generar puestos de trabajo (Prensa Gobierno de Mendoza, 2024). Si bien aún no se ha ejecutado el MDMO, la pretendida seguridad económica que proyecta la minería se diluye ante la dependencia de estos proyectos de las fluctuaciones de los precios de los commodities minerales en los mercados internacionales, junto con la desestructuración de territorios y comunidades que involucra. Algo que también ocurre con los hidrocarburos.
Malargüe petrolero
La extracción de petróleo y gas es otra actividad con una fuerte impronta en el departamento y se entrelaza con la minería (Fig. 3). La provincia de Mendoza se encuentra sobre dos cuencas sedimentarias: la Cuyana que abarca el norte y parte del centro provincial, y la Neuquina que comprende gran parte del área de estudio. La presencia del crudo se registró en época prehispánica, debido a la existencia de sitios donde aflora el petróleo. A finales del siglo XIX comenzó a incrementarse el interés comercial y económico del petróleo. A nivel nacional Mendoza fue el primer lugar donde se extrajo el hidrocarburo en Cacheuta (Yrigoyen, 2007), a través de la Compañía Mendocina de Petróleo, conformada a finales del siglo XIX e integrada por capitales cuyanos. En la década de 1910 fue adquirida por capitales ingleses (Favaro, 1994), pero en esos años los resultados no eran del todo auspiciosos debido a la elevada densidad del petróleo.

Figura 3. Localización de áreas petroleras y antiguas minas. Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación (2005).
Recién en la década de 1930 con la creación de YPF, adquirió relevancia el hallazgo y la paulatina explotación de otras áreas fuera del norte mendocino. A mediados de esa década las exploraciones petroleras se extendieron hacia el sur provincial (Timmermann, 2023). En 1934 en El Sosneado se perforaron 2 pozos y luego se continuo en Llancanelo, Chihuido, Ranquilco y Pampa Amarilla. En el caso de Llancanelo los hidrocarburos son pesados y su extracción se volvió rentable recién en los últimos años debido a las nuevas tecnologías de bombeo. Progresivamente en la década del cincuenta las torres perforadoras avanzaron sobre los yacimientos en Pampa Palauco, desde donde se entregaba petróleo a Industrias Grassi (Vera de Grasso, 1992). Sin embargo, en la década siguiente se produjo uno de los hallazgos más importantes que redireccionó la actividad petrolera en Malargüe, cuando en la zona de Puesto Rojas (1975) YPF perforó el primer pozo (200-220 m3) que mostró el potencial del yacimiento homónimo. De esta forma, esta área junto con la de río Grande, convirtieron a Malargüe en la zona petrolera por excelencia de la provincia en las décadas de los setenta y ochenta. Paralelamente, la Union Oil (EEUU) comenzó a explotar con mayor intensidad la zona de Llancanelo, en adyacencias de la laguna homónima. Su expansión otorgó más dinamismo al medio rural y urbano. Las instalaciones petroleras para extracción, almacenamiento y transporte se esparcieron por los campos, invadiendo la territorialidad rural. Esto generó impactos ambientales prolongados en el tiempo, que afectan directamente a la actividad rural caprinera y ganadera.
En los relevamientos efectuados durante los trabajos de campo, tanto en la zona de Llancanelo, Sierra de Palauco, Puesto Rojas y Cerro Fortunoso, se observan múltiples roles masculinos vinculados al petróleo. Una parte de los operarios son nacidos y criados en el medio rural y han desarrollado su vida laboral en la extracción petrolera y, en varios casos, los puestos de sus familias se encuentran linderos o dentro de las áreas hidrocarburíferas. Hay puesteros de edad avanzada que en su juventud trabajaron en la actividad petrolera. El trabajo en los campos petroleros contribuye a labrar una identidad fuerte, sobre todo en relación a YPF. Es así que las percepciones de estas personas vinculadas a dos actividades disimiles, una productiva y la otra extractiva, resultan valiosas desde el punto de vista de su experiencia sobre los impactos del extractivismo hidrocarburífero.
Estas observaciones nos conducen a considerar a estos trabajadores en su doble identidad puestero-petrolero como uno de los vínculos que materializan las verticalidades-horizontalidades (Silveira, 1997). Estos elementos colaboran a la comprensión de la retícula de poder e interacción que se dan entre la imposición de un sistema extractivo y técnico-informacional ejecutado desde una escala internacional-global (verticalidad), sobre las redes que sostienen y facilitan la reproducción de la vida, las solidaridades y organizaciones del trabajo a nivel local/lugar (horizontalidad) (Silveira, 1997). En este orden de ideas, es oportuno considerar al hidrocarburo como creador de territorios transnacionales o un tipo de transterritorio que, en palabras de Mançano Fernandes (2008), son:
Conjunto de territorios nacionales, entendido como espacio de gobernanza, en diferentes escalas. En los transterritorios, además de espacios de gobernanza, hay otros tipos de territorios, como la comunidad o las propiedades privadas comunitarias o capitalistas que producen conflictualidades por la disputa de los proyectos de desarrollo de la sociedad (p. 3).
En el caso del sur mendocino, esta transterritorialidad se refuerza en la última década con la explotación de la formación Vaca Muerta dentro de la cuenca neuquina. Debido a sus características de escasa permeabilidad (no convencional), la extracción se realiza por medio del fracking (Roa Avendaño y Scandizzo, 2018). El fenómeno de Vaca Muerta implico transformaciones espaciales y socioculturales (Acacio y Wyczykier, 2021; Greenwood, 2020) además de un reposicionamiento del país en el mercado internacional de hidrocarburos en el siglo XXI.
En el área de estudio la fractura hidráulica se realizó en la zona de Puesto Rojas, con 5 pozos pilotos en el año 2018 (Salomone 2020; Wagner, 2021). La habilitación rápida del gobierno provincial a la actividad generó el rechazo de las asambleas socioambientales. Precisamente el auge que desde el gobierno mendocino se busca otorgar al fracking genera tensiones por el uso del agua con los regantes, la población urbana y rural, y las empresas. En esta dinámica adquiere relevancia el gobierno provincial a través del ente encargado de la administración del agua en Mendoza, el Departamento General de Irrigación (DGI), un actor clave en las nuevas asimetrías hídricas que se plantean (Ortega 2023). El sistema de fractura hidráulica implica elevados usos de agua dulce y de químicos para perforaciones que exceden los 1000 m3, por lo que es cuestionado y prohibido en otros países (Finewood y Stroup, 2012; Lave y Lutz, 2014), junto al aumento de sismicidad inducida (Grosso Heredia y Tamburini Beliveau, 2023). Si bien esas primeras perforaciones no ofrecieron resultados satisfactorios, entre finales de 2023 e inicios de 2024 la compañía YPF perforó dos pozos en el sur de Malargüe, en Paso Bardas Norte y Aguada Negra, donde se utilizó “agua del Colorado, con un volumen aproximado de 25.500 m3 total usado” (Grupo Argentino de Proveedores Petroleros, 2024). En este caso la mano de obra fue contratada en Neuquén debido a la cercanía y que posee mayor especialización.
Esta faceta como energía extrema de los hidrocarburos reflota debates para la zona en cuestión sobre qué usos del agua y del espacio se priorizan en zonas semiáridas y quiénes son los sujetos afectados. Las políticas neoliberales que se incentivan actualmente, motorizan la expansión de las energías extremas por sobre las producciones locales/regionales. En el caso de Malargüe, las compañías petroleras buscan asegurarse nuevas áreas de explotación, involucrando la estabilidad y conservación de reservorios de agua y áreas protegidas como laguna de Llancanelo. Así, este entramado reticular que plasma la territorialidad del hidrocarburo, además de superponerse, crear interacciones y tensiones, principalmente, con la actividad criancera, busca generar sinergias con la minería transescalar. Es decir, fortalece las relaciones horizontales entre corporaciones que utilizan a los Estados como garantes económicos (subsidios) y jurídicos, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de su actividad en detrimento de las poblaciones locales con las que establecen relaciones de dominación vertical.
En relación a lo expuesto, comprendemos a los hidrocarburos como un recurso estructurante de los espacios geográficos a partir de procesos de valoración económica que crean transterritorialidades (Mançano Fernandes 2008). Con lo cual se crean mecanismos y estrategias para su apropiación y uso que van desde el desarrollo de conocimiento científico ingenieril, geológico e hidrogeológico para la implementación de tecnología acorde; el surgimiento y fortalecimiento del sector privado que aplica capital para extracción, comercialización y uso, y la sanción de marcos regulatorios para el control y explotación. Los mismos se organizan y ejecutan a distintas escalas, pero están interconectados. El elemento financiero encarnado en las empresas y capitales petroleros nacionales y trasnacionales, es un componente que influye globalmente sobre los mencionados anteriormente. En este sentido el impacto del modelo de acumulación neoliberal, dentro del cual se produce la expansión petrolera malargüina, plantea una triple alianza en términos de Méndez Gutiérrez del Valle (2018), integrada por las políticas de desregulación, la revolución digital y la globalización de los procesos. En el cuadro que sigue (Tabla I) presentamos un listado parcial de compañías que operaron u operan en el departamento. Este nos ayuda a dimensionar la importancia de la jurisdicción en la actividad.
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Empresa |
Origen de los capitales |
Observaciones (ubicación, incidentes, información sobre capitales que las constituyen). |
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YPF |
Argentina (1922) |
Comenzó a perforar en Llancanelo en 1931. |
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Drixleco |
Sin datos |
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Saipem |
Operó en Bardas Blancas en los 70. |
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Astrofor |
Sin datos |
Operativa en la década del 70. |
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Petrotech |
“ |
“ |
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Dresser Atlas |
“ |
“ |
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Dowel |
“ |
“ |
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Halliburton |
Estados Unidos (1919) |
Décadas de los 80 y 90. |
|
Schlumberger (1926) |
Francia |
Décadas de los 80 y 90 |
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Union Oil company of California (1890) |
Estados Unidos |
Operó en Llancanelo en los 80. Esta fue una de las compañías donde se produjeron incidentes con piletas de desechos petroleros en las que murieron animales y aves. |
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Mexpetrol (1989) |
México |
En 1984 firmó un convenio de colaboración con YPF, Petróleos Mexicanos y el Instituto Méxicano del Petróleo. |
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Norcen Argentina S.A. |
Operó en Lindero de Piedra, incidente del pozo 5. En 1999 cambió la denominación a Union Pacific Resources Argentina S.A. |
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Petrolera San Jorge |
Opero en los 90 en el sur del departamento. En 1999 fue adquirida por Chevron. |
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Wintershall (1894) |
Alemania |
Exploró el área de Ranquil Norte (2000). En 2017 encontró petróleo en el bloque CN-V. En 2024 vendió sus activos a Harbour Energy (Inglaterra). |
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Roch-Cadipsa SA |
Argentina |
1990-2000 en cajón de los Caballos, 1991 en Llancanelo, 2014 en Agua Botada la totalidad del área. |
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Vitrix-Petroleum |
Sin datos |
En 2001 cedió su participación en Confluencia Sur a Chevron. |
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Ketsal Argentina |
Argentina |
Grupo Vila-Manzano. Zona sur de Malargüe. |
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Total Austral Subsidiaria de Total |
Francia |
Opera desde 1978 en Argentina. |
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Terra Energy Argentina |
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Oil MyS (2001) |
Argentina |
Grupo Indalo. |
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Compañía General de Combustibles Argentina (1920) |
Argentina |
Inicialmente comercialización y transporte de combustible. Grupo de Corporación América (Eurnekian) |
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Petrobras (1953) |
Brasil |
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Pluspetrol (1976) |
Argentina |
Zona de El Corcovo. |
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Crown Point-Antrim Argentina |
Canadá |
Cerro Leones. |
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El Trébol |
Argentina |
Grupo Vila-Manzano. Puesto Rojas, pozos piloto de fracking en 2018. |
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EMESA (Empresa Mendocina de Energía AS) |
Mendoza |
Titular de derechos de áreas hidrocarburíferas. Lindero de Piedra, Agua Botada, Vega Grande y Calmuco. |
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Tecpetrol (1988) |
Argentina |
Familia Rocca |
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Hattrick Energy |
Argentina |
Opera en Lindero de Piedra; Loma El Divisadero y CN-V. Familias Caputo y Blaquier. |
Tabla I. Compañías petroleras en Malargüe. Fuente: elaboración propia en base a Los Andes, 1996; 2013 y Giunta, 2001.
Como puede observarse, hay una equidad entre empresas nacionales y extranjeras. YPF está presente desde los setenta, siendo la dominante. Actualmente con el modelo neoliberal se está desprendiendo de áreas convencionales en la provincia y adquieren relevancia empresas nacionales como El Trebol, Hattrick Energy; Crown Point; Roch y Pluspetrol, entre otras. No obstante, a diferencia de la minería, a pesar de los altibajos por producción y variaciones de precio del barril, hay una continuidad que fortaleció una interacción comunidad-petróleo en el nivel laboral y territorial. Dentro de estas interacciones aparecen las tensiones por casos de contaminación por derrame de crudo (1994 y 1996 en zona de cerro Mollar) e incendio (marzo de 2014), y usos del agua.
En el desarrollo de los apartados anteriores se describió en qué consistió la minería desarrollada en la jurisdicción malargüina, como así también la minera transescalar o megaminería que se impulsa en los últimos dos años en la zona cuyana. En este subapartado se decribe, sucintamente los modelos de acumulación en que se enmarcaron los periodos extractivos y a qué necesidades respondieron. A su vez, enmarcamos en esta periodización los hidrocarburos, lo que nos ayudará a dimensionar las temporalidades de cada actividad (Fig. 4).

Figura 4. Periodización minería e hidrocarburos en Malargüe. Fuente: elaboración propia.
En el lapso temporal trabajado se identifican dos modelos de acumulación (Teubal y Palmisano, 2015), en primer término, la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) dentro de la cual los autores diferencian dos etapas: la que comprende las décadas de los 30 a 50, con industrialización liviana y la segunda con el frondizisimo y la década del 60 donde se potenció la industria química, petroquímica y automotriz. El segundo modelo de acumulación, el neoliberal, se introduce en la década del 70 caracterizado por privilegiar una economía financiera, privatización y desestructuración estatal, lo cual produjo un desmantelamiento del estado de bienestar anterior. Esta situación se mantuvo hasta inicios del siglo actual. Luego del lapsus neodesarrollista (Katz, 2015) donde se mantuvo y acrecentó el establecimiento de enclaves megamineros, la expansión del agronegocio, entre otros, se vuelve en la actualidad a retomar el modelo neoliberal cuyo exponente de avance sobre el territorio es el Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Malargüe durante la ISI cumplió un rol importante, si bien la extracción de carbón respondió a la demanda de países como Inglaterra que necesitaba el mineral en el contexto bélico, en la década de 1950 se potenció una industrialización a escala local con Fábrica Química Argentina de Luis Grassi y Cía. y la planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para extraer uranio. En ambos casos se abasteció al mercado interno activando una cadena de producción que vinculaba Malargüe con Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Asimismo, estas medianas industrias generaron una incipiente profesionalización de un sector de la población local. A esto se debe sumar la mano de obra de las minas que si bien estaba en condiciones precarias (como el caso de Mina Ethel), contribuyeron a dar un perfil alternativo ligado a estas actividades. Sin embargo, el advenimiento neoliberal en los setenta, detonó en el lugar con el “malargüinazo” y la desestructuración de la actividad industrial asociada a la minería local. Solo se mantuvo en las décadas siguientes la minería de canteras de yeso. No obstante, el auge de los commodities minerales como oro, plata y cobre se expandió en este periodo y continúa ejerciendo presión actualmente con el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).
Paralelamente, en los setenta se dio un salto en la producción petrolera con Puesto Rojas como referente productivo en el sur mendocino de la mano de YPF como empresa fuerte. Mientras se producía un retroceso en la minería desarrollado hasta entonces, los hidrocarburos se convirtieron en la nueva actividad que otorgó algunos años de esplendor La disminución de las reservas hidrocarburíferas en Puesto Rojas a mediados de los 80 y la exploración de nuevas áreas supusieron una retracción de la actividad. No obstante, los impactos de las políticas neoliberales de privatización fueron cruciales en los 90 con la privatización de YPF y la consecuente pérdida de puestos de trabajo. En Malargüe esto se tradujo en desempleo como vimos antes y una reconversión a nuevas actividades vinculadas al “emprendedurismo”, como la apertura de pequeños comercios o la oferta de servicios a nivel local. Otro impacto negativo a nivel laboral fue el levantamiento del ramal ferroviario, vinculado en épocas previas al auge petrolero. En este contexto de incertidumbre y cambio, aún bajo el modelo neoliberal, comenzó a gestarse la actividad turística que se transformó en una alternativa económica hasta la actualidad.
Tanto en el modelo neoliberal como neodesarrollista, la actividad hidrocarburífera se mantuvo como uno de los ingresos más importantes del departamento a través de regalías, siempre bajo las oscilaciones de los precios internacionales del barril de petróleo. A esto se suma últimamente el auge de la formación Vaca Muerta. En el marco actual de profundización neoliberal, el área no convencional que adquiere especial interés es Cañadón Amarillo donde YPF ha realizado fracking en pozos de carácter exploratorio. La formulación del Proyecto Andes a nivel nacional en 2024 reconfigura el mapa hidrocarburífero, de esta forma la petrolera mixta (capitales estatales y privados), comenzó a desprenderse de las áreas maduras convencionales para volcarse al no convencional. Este proceso en marcha puede repercutir a mediano plazo en Malargüe exponiendo conflictos a nivel social y ambiental que pueden replicar lo ocurrido en la década de 1990. Por último, identificamos un modelo de acumulación asociado a la transición energética, actualmente en desarrollo, donde se inscriben el proyecto MDMO y Vaca Muerta como reservorio estratégico. Este modelo se puede interpretar como una intensificación del neoliberal cuya herramienta reconfiguradora de las territorialidades es el RIGI. Con lo cual se está en un proceso de intervención espacial, social y ambiental de resultados inciertos para el caso de nuestra área de estudio.
Conclusiones
La territorialización de las actividades mineras e hidrocarburíferas expone a Malargüe como un departamento que representa un interés crucial para los capitales tanto nacionales como internacionales, los cuales buscan acceder a las fuentes minerales estratégicas. El subsuelo y relieve malargüino fueron sistemáticamente explotados bajo los modelos de acumulación impulsados desde mediados de siglo XX, con el fin de satisfacer la demanda de minerales energéticos como el carbón, asfaltita y luego uranio, tanto para el mercado interno como externo. La misma se encuentra influida por el marco geopolítico de esas décadas. En este sentido el auge minero se extiende desde los años treinta hasta mediados de los setenta. En ese lapso se produjeron los subciclos del carbón y asfaltita, el manganeso y el uranio, explotados por empresas nacionales y locales como Grassi y organismos como la CNEA. En el caso de Grassi, logró organizar una cadena productiva desde la extracción hasta la producción. El mercado de estos subciclos fue mayormente externo en el caso del carbón y mixto para el caso del manganeso y uranio.
Progresivamente, el departamento adquirió interés para capitales internacionales vinculados al petróleo y luego a la megaminería. Esta tendencia comenzó en la década de los sesenta, se incrementa en los noventa y se consolido en los últimos años, como se evidencia con los combustibles fósiles. No obstante, la territorialización de los capitales extranjeros no se concreta completamente en ambas actividades, dado que existe un predominio de empresas nacionales con fuertes vínculos con los gobiernos nacional y provincial. Esto, lejos de presentar a Malargüe como marginal, lo colocan como objeto de interés por sus reservas de cobre. De allí la relevancia del mega proyecto MDMO y el puente que crea para el avance de capitales externos.
En base al objetivo planteado y la pregunta inicial, Malargüe no es un espacio netamente marginal dentro de las geografías de interés del capital transnacional y nacional. A esto contribuyen el gobierno provincial y municipal con la elaboración de la mega zonificación minera (MDMO) y de una discursividad pro-minera que se quiere imponer al interior de la provincia. Por último, las fuentes analizadas muestran que los períodos de bonanza minera e hidrocarburífera no fueron capitalizados por el gobierno en beneficios para la población. Ello se observa en la deficiencia de la red vial departamental e infraestructura de servicios como gas y saneamiento urbano, y pérdida de población. El desarrollo irregular de estas actividades no ha favorecido la continuidad de políticas públicas a nivel departamental. Con lo cual esto pone en discusión la narrativa gubernamental sobre la necesidad de impulsar estas actividades en Malargüe para asegurar un desarrollo y bienestar poblacional. Para el caso de los hidrocarburos se rescata la posibilidad laboral que significó para un sector de la población rural y, en algunos casos, mejoras de forma indirecta en la comunicación con el medio urbano.
El marco teórico utilizado ayuda a comprender cómo se dan las interacciones entre capital y Estado en los territorios en marcos temporales extensos. Facilita la visualización y comprensión del despliegue de la retícula y los lugares desde donde se ejerce poder, tal como pudimos observar en relación a la minería y, específicamente el proyecto MDMO que se inscribe dentro del modelo de acumulación de la transición energética. En este sentido, Malargüe adquiere relevancia como un transterritorio desde la planificación estatal, al servicio del capital extranjero. Esto potencia el surgimiento de futuros conflictos vinculados a la tierra entre actores con distinto poder; la pérdida de la identidad rural que es central en el departamento; y, sobre todo, el incremento de riesgos hídricos por contaminación o sobreconsumo de agua.
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Fecha de recepción: 29/04/25
Fecha de aceptación: 15/07/25
© ٢٠٢٥ por los autores; licencia otorgada a la Revista Universitaria de Geografía. Este artículo es de acceso abierto y distribuido bajo los términos y condiciones de una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Argentina de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
° https://doi.org/10.52292/j.rug.2025.34.2.0087
* IADO-CONICET, becaria postdoctoral. marialauralanghoff@gmail.com